Desde que Montesquieu escribió su ‘Espíritu de las leyes’ (1748), quedó bien planteada la idea de un sistema político en el que debía existir la división de poderes (Legislativo, Ejecutivo, Judicial), como un sistema de contrapesos. Sin embargo, hay distintos factores que afectan esta correlación. En un sistema presidencialista como el mexicano el poder ejecutivo siempre ha tenido preeminencia en la vida política, relegando a los otros dos poderes.
El Poder Legislativo casi siempre fue comparsa del presidente en turno, hasta que el PRI perdió la mayoría absoluta en 1997. Aun así, el cambio ha sido lento debido a la escasa costumbre de tener discusiones de nivel y erigirse como un poder probo e independiente. La tarea de los congresistas federales y locales es cumplir a plenitud sus tareas legislativas y de control de los otros dos poderes.
La impartición de justicia en ese sistema de contrapesos débiles se convirtió en algo muy moldeable y subjetivo. Los ministros de la SCJN, conservadores por definición, han sido la coartada perfecta para el presidencialismo mexicano y el poder de turno. Alejados de los medios y atrincherados tras la careta de la técnica, un puñado de individuos elegidos por el presidente y ratificados por un Congreso cómplice han ocupado puestos de poder por grandes periodos de tiempo. Si el presidente era un monarca sexenal, los jueces eran sus guardaespaldas transexenales, ya que su periodo de ejercicio se extiende hasta los 15 años.
Tampoco extraña que la corrupción, que se convirtió en moneda corriente en los años subsecuentes, encontrara en el Poder Judicial un lugar perfecto para anidarse.
Ese tema ha vuelto a tomar notoriedad en México este mes por tres casos distintos pero unidos por todo lo descrito en las líneas anteriores. Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN y cabeza del Poder Judicial de la Federación (PJF), reconocía que en este poder existe una gran corrupción y nepotismo, y que incluso se puede reconocer en distintos circuitos la mano del crimen organizado. Enriquecimiento sospechoso, colusiones de jueces con grupos de abogados, magistrados que favorecen a ciertos clientes y un largo etcétera han sido algunas de las conductas ilícitas que el presidente de la SCJN ha encontrado y señalado públicamente.
Otro caso que causa indignación es el de Emilio Lozoya, ex director de Pemex y relacionado con los escándalos de Odebrecht, quien ha venido siendo protegido por el comportamiento del sistema judicial. Y el tercer asunto involucra a Eduardo Medina Mora, ministro en funciones de la SCJN. Según la versión del periodista Salvador García Soto, tanto la británica Agencia Nacional del Crimen (NCA) como el Departamento del Tesoro estadounidense emitieron alertas y solicitaron información por “actividad sospechosa” en las cuentas del ministro. Y aunque el ministro ya mencionó que es accionista de una empresa, nada de eso aparece en sus declaraciones fiscales, aunque la presunción de su inocencia debería mantenerse hasta que se demuestre lo contrario.
Estos tres casos son el botón de muestra de la realidad actual del poder judicial mexicano, el supuesto contrapeso al ejecutivo que muchos defienden. Es claro que para convertirse en un contrapeso real y efectivo, todo el sistema judicial mexicano necesita sacudirse toda la corrupción que hay en sus entrañas, desde los más modestos agentes del Ministerio Público hasta los más connotados fiscales, jueces y magistrados.
