Perspectiva crítica Activistas asesinados, una de las facetas más crudas del capitalismo depredador

Perspectiva crítica Activistas asesinados, una de las facetas más crudas del capitalismo depredador

La oleada de homicidios en México alcanzó en 2018 sus niveles más altos en 10 años con cifras de hasta 31 mil 174 personas asesinadas, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Los motivos detrás de dichos ilícitos son variados, pero entre ellos existe uno que guarda estrecha relación con el desarrollo capitalista que tiene lugar en México: el asesinato de personas por su defensa del medio ambiente.

Para asimilar este fenómeno es preciso referir que desde los albores de la década de los ochenta, el priísmo mexicano abrió la puerta de manera progresiva a un capitalismo neoliberal que expolia el medio ambiente en su búsqueda de maximizar ganancias. En dicha dinámica el medio ambiente ha dejado de ser un elemento esencial para complementar el desarrollo de los pueblos, y se ha convertido en un elemento de lucro para actores individuales y enfocados en generar riqueza. El fenómeno no es poca cosa, pues se fracturó lo que quedaba del sentido milenario que intuía al medio ambiente como un componente simbiótico e imprescindible para la vida, y pasó a ser objeto de negocio.

Esa dinámica se ha acentuado en las últimas décadas en México en el marco de las operaciones que países centrales llevan a cabo en los periféricos, o dicho de otro modo, en su afán de saquear recursos naturales en otros territorios mientras ellos preservan los propios. Mares, bosques, selvas, minerales, fauna, flora y ahora sensiblemente el agua, han sido expoliados a mansalva prácticamente en todo el territorio nacional bajo esa dinámica, la cual generalmente se ha justificado por la supuesta generación de empleo.

Por su parte el Estado mexicano no sólo ha permitido lo anterior desde una posición que conjuga corruptelas y malinchismo, sino que se ha alineado rigurosamente a los postulados neoliberales en su dictado de que los Estados deben ser garantes de las actividades y proyectos del capital privado, incluso a pesar de que ello signifique relegar a un segundo plano el bienestar común.

La suma de los elementos arriba señalados, y en especial la ausencia del Estado como protector del medio ambiente, ha llevado a que sean los propios ciudadanos y pobladores quienes asuman el rol de defender su entorno. La labor es por demás digna de reconocimiento, pero en realidad ha representado un acta de defunción para decenas de ellos. Uno de los últimos casos al respecto es el del ambientalista José Luis Álvarez, asesinado a balazos hace apenas unos días en Palenque, Chiapas, donde desde hace años realizaba la defensa del santuario del mono saraguato. Hoy día el asesinato de este tipo de activistas no sólo representa la pérdida de una vida, sino la vulneración de la última línea de defensa que tiene nuestro medio ambiente, ello en razón de que el Estado se muestra incapaz de realizar esa función.

El otro elemento que agudiza la situación es la impunidad en torno a esos asesinatos, pues generalmente las indagatorias y la procuración de justicia son mediocres, inexistentes o bien terminan por responsabilizar a los autores materiales de los hechos y no a los intelectuales, quienes en múltiples ocasiones (muy probablemente en la mayoría de los casos) son quienes promueven la intimidación, las agresiones o incluso el asesinato con tal de viabilizar sus proyectos o bien obtener algún tipo de recurso natural resguardado bajo la forma ejidal o la propiedad privada de la gente de la región.

Ahora bien, el uso de asesinos a sueldo no es nuevo en México, e investigadores como Diego Osorno refieren casos como la contratación de dichos criminales por parte de terratenientes para acabar con los campesinos sinaloenses en el marco de la reforma agraria promovida por el ex presidente Lázaro Cárdenas a mediados del siglo 20. Conviene traer esa referencia a colación debido a que en el marco de la “Guerra contra el narco” que sigue vigente en México –aunque no de forma oficial-, el servicio de sicariato resulta muy conveniente para quienes pretenden deshacerse de los activistas que objetan sus pretensiones sobre el medio ambiente.

De acuerdo a lo reportado el año pasado por Global Witness y The Guardian, y citado por Carmen Aristegui, México pasó del lugar 14 al 4 en la lista de países más ‘mortales’ para los defensores del medio ambiente. Según Lucía Velázquez, del Instituto de Investigación en Ecología y Sustentabilidad (IIES), van cerca de 103 defensores del medio ambiente asesinados en México desde 1995, mientras el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) registró, de 2011 a 2016, más de 500 agresiones en el país hacia estos activistas.

Esta serie de violencias desatadas contra defensores del medio ambiente como José Luis Álvarez no se corresponde con disputas individuales, sino que cuadra con el avance de intereses empresariales locales y transnacionales que depredan el entorno. Botones de muestra al respecto son el desplazamiento forzado y las amenazas a los pobladores de la comunidad de Salaverna, en Mazapil, Zacatecas, por parte de la empresa de Carlos Slim; el asesinato de Isidro Baldenegro (ganador del premio ambiental Goldman 2005), quien defendía los bosques de la Sierra Madre Occidental; el asesinato del defensor rarámuri Julián Carrillo Martínez, en Chihuahua, quien exigía la nulidad de permisos otorgados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en una trama que de acuerdo a Animal Político, incluía permisos fraudulentos e implicaba a terratenientes y al propio narco.

La lista sigue y sigue, y a pesar de que incluye actividades y espacios tan lejanos como la pesca en la costa veracruzana o el cultivo de aguacate en Michoacán, lo cierto es que el acoso a cooperativas de pescadores por parte de mafias pesqueras, o la deforestación del bosque michoacano para lucrar con el “oro verde” que representa el aguacate (de lo cual el narco se lleva jugosas tajadas), mantienen el común denominador del lucro, las agresiones y hasta el asesinato de quienes defienden el medio ambiente.

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