■ En menos de 10 días el caso podría concluir con un “despido justificado”: Ulises Mejía
■ El ex director jurídico, Francisco Javier Bautista, fue despedido y se inició un procedimiento en la contraloría interna municipal para inhabilitarlo
■ También se buscará hacerlo responsable del pago de más de 2 mdp en caso de que se pierda la demanda interpuesta por 40 ex trabajadores
La pérdida de confianza es la razón por la que se inició un procedimiento administrativo para despedir al secretario de Gobierno del ayuntamiento capitalino, Juan Manuel Rodríguez Valadez, aseguró el alcalde Ulises Mejía Haro.
Este proceso de rescisión del contrato del funcionario municipal comenzó tras conocerse el presunto conflicto de interés de uno de sus subordinados en la presidencia, el ya ex director jurídico, Francisco Javier Bautista, en un laudo laboral derivado de una demanda de 40 ex trabajadores capitalinos que, de perderse, podría obligar al ayuntamiento a pagar más de 2 millones de pesos de indemnización.
El conflicto de interés, y el delito de prevaricato, dijo el alcalde, se dio porque en la demanda interpuesta en junio de 2018, es decir, en contra de la pasada administración es Bautista el apoderado legal y defensor de los demandantes, cargo que siguió ostentando pese a que el 12 de octubre del año pasado fue designado como director jurídico y por tanto también como el defensor del ayuntamiento en este tipo de juicios laborales.
Esto significa, explicó Mejía Haro, que el ex funcionario defendía a los trabajadores y también al ayuntamiento, lo que derivó en una serie de omisiones por su parte en la defensa del gobierno municipal que les han llevado prácticamente a tener perdido el caso.
De esta situación, puntualizó, tenía conocimiento el secretario de Gobierno quien, además, tiene entre sus facultades, de acuerdo con el artículo 33 fracción cuarta de la Ley Orgánica del municipio, integrar, dirigir y supervisar todo el sistema de asesoría legal del ayuntamiento por lo que es responsable del actuar de sus subordinados.
Por ello, ante la omisión de no haber informado sobre esta irregularidad, el alcalde reiteró que perdió su confianza y ésa es la base para el despido del funcionario. “No puedo confiar en alguien omiso que no notificó, no alertó y no está asesorando de manera íntegra. Él también tiene que hacerse cargo”, puntualizó.
El procedimiento administrativo ya está en manos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, mencionó, y expuso que el secretario fue notificado el martes por la tarde del proceso por lo que en menos de 10 días podría concluir con un “despido justificado”.
En cuanto al ex director jurídico, aparte de haber sido despedido, el alcalde informó que ya se inició también un procedimiento en la contraloría interna municipal con el objetivo de inhabilitarlo y de obligarlo a hacerse responsable del pago de los más de 2 millones de pesos, en caso de que se pierda la demanda.
Asimismo, adelantó que este jueves se interpondrá una denuncia en su contra por el delito de prevaricato en la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ).
En relación a los señalamientos que este martes hicieron un grupo de regidores de Morena, quienes acusaron al presidente municipal de excluirlos de la integración de las comisiones edilicias y de atentar contra el municipio actuando sin consenso, sino de manera dictatorial, Mejía Haro apuntó que “respeto sus comentarios, más no los comparto”.
Expuso que las actas de cabildo son transparentes y pueden ser consultadas, incluida la de la sesión en la que se modificó la integración de las comisiones, lo que es una obligación cada seis meses.
“En ningún momento se atropelló”, sostuvo, y agregó que no coincide con estos regidores en el hecho de que las comisiones deban otorgarse principalmente a Morena por haber sido el partido con mayor número de votos en las elecciones.
Dijo que una vez que concluye el proceso electoral “tienes que gobernar para todos, no para cotos de poder ni familias ni partidos” y por tanto en estos cambios precisó que sólo se cumplió con el reglamento.
