¿De la austeridad republicana a la pobreza franciscana? Alfonso Romo Garza, jefe de la Oficina de la Presidencia adelantó un panorama factible en las finanzas del Gobierno Federal durante los próximos meses. Un poco tarde para llamar a la restricción de recursos, los salarios de la alta burocracia no seguirán el mismo camino de la sobriedad de ingresos al menos en este 2019.
Por poner únicamente dos ejemplos tangibles en Zacatecas, el Coordinador Nacional de Ganadería, David Monreal Ávila, y su operadora territorial en el estado, Verónica del Carmen Díaz Robles, son dos funcionarios cuyas percepciones hablan de todo menos de austeridad. El de Ganadería se embolsa mensualmente la nada despreciable cantidad neta de 93 mil 525 pesos, mientras que la Delegada de Programas Sociales 87 mil 155 pesos.
Por cierto, sus remuneraciones no pueden ser consultadas a la fecha en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia; sin embargo, una vista a sus declaraciones patrimoniales y de interés en el sitio DECLARANET, de la Secretaría de la Función Pública federal, ayuda a conocer de primera mano la información pública que esconden.
Pero preguntábamos: ¿austeridad republicana? No sin menospreciar el hecho de que una porción de la percepción salarial de ambos funcionarios es devengada en actividades de proselitismo electoral en todo el estado de Zacatecas, rumbo a la elección 2021.
¿Pobreza franciscana? En el discurso, únicamente. Los nuevos recortes afectarán de nueva cuenta al personal de las dependencias federales, así como a los gastos de operación en oficinas y en campo. Y todo gracias a que los directores financieros de Petróleos Mexicanos, el pasado 11 de enero en reunión con inversionistas neoyorkinos, no supieron colocar bonos de deuda de la petrolera con mayor déficit de financiamiento en el mundo.
La misión de Octavio Romero Oropeza, agrónomo y actual director de la paraestatal, y Alberto Velázquez García, director financiero de la misma, era presentar un proyecto atractivo para los inversionistas extranjeros. No lograron convencer siquiera de la supuesta seriedad de Andrés Manuel López Obrador en el rescate de la petrolera mexicana.
“Estamos bastante decepcionados por la falta de una estrategia cohesionada y comunicación coordinada entre Pemex y el soberano, a lo que se suma una aparente desconexión con la percepción del mercado… creemos que los gerentes de Pemex no pudieron presentar una explicación creíble”, resumieron los analistas para los conglomerados de inversión que esperaban los resultados de la contraparte mexicana.
Después vino la lucha del Ejecutivo Federal con las calificadoras internacionales por negarle una perspectiva alentadora al futuro de PEMEX y, por ende, al de la economía mexicana. Esas mismas calificadoras a las que presumían después de haber ganado la elección de julio del 2018, ya que auguraban un posible repunte de la economía vinculado a la inversión extranjera.
La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, decidido mediante una consulta ciudadana sin bases legales para formalizar el acuerdo, fue el primer detonante que prendió las alarmas de los financieros, pues las condiciones para la inversión en México no eran genuinas y no ofrecían incertidumbre a los capitales.
Por ende, sin inversión no habría forma de inyectar liquidez a los proyectos prioritarios del presidente López Obrador. No obstante, existe ya un Plan B de refinanciamiento. Tiene nombre y está bien identificado: el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), según las perspectivas que ofreció Carlos Manuel Urzúa Macías al diario español El País, el pasado 24 de marzo, dentro de la 82 Convención Bancaria.
De acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la finalidad del FEIP “es aminorar el efecto sobre las finanzas públicas y la economía nacional cuando ocurran disminuciones de los ingresos del gobierno federal”. El fondo se nutre de una parte de los excedentes de ingresos que resulten de la ley de ingresos (tributarios, no tributarios, petroleros y no petroleros) y de transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo.
Un fondo “contracíclico” para amortiguar las ganancias o pérdidas de los ingresos de la federación, principalmente por los conceptos de recaudación fiscal y excedentes petroleros. ¿Qué pasa cuando hay excedentes por rendimientos de producción de petróleo? Los gobiernos tienen más ingresos para gastar.
¿Qué pasa si el gobierno quita el “salvavidas” de un fondo contracíclico, y los precios del petróleo caen? El gobierno deja de captar excedentes y tiene menos dinero para inyectar en operación y programas sociales. Resultado: la pobreza franciscana será un mero paliativo.
Actualmente, el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios cuenta con 300 mil millones de pesos que se irán al pago de acreedores de PEMEX en los meses de abril y mayo. La deuda, sin embargo, asciende a 7 mil millones de dólares. El costo de no atraer inversión extranjera lo pagarán en el régimen de la restauración con más austeridad.
Propagar la inverosímil controversia México – España en la opinión pública ¿es mera coincidencia? ■
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