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jueves, 28 marzo, 2024
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Campesinos toman oficinas de la Financiera Nacional para el Desarrollo

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Por: ALMA RÍOS •

■ Demandan el cumplimiento al derecho de petición y la libertad de asociación

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Este lunes desde las 8 horas, la representación en el estado de la Unión de Trabajadores Agrícolas (UNTA) integrada al Frente Auténtico del Campo (FAC) tomó las oficinas de la Financiera Nacional para el Desarrollo, en consonancia con un movimiento nacional de estas organizaciones que demandan el cumplimiento de los artículos octavo y noveno constitucionales, que consagran respectivamente, el derecho de petición y la libertad de asociación.

El reclamo, dijo Efraín Arteaga Domínguez, tiene que ver con el supuesto de “una mala interpretación” por parte de altos funcionarios respecto a lo mandatado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a la entrega de recursos referidos a proyectos productivos y programas sociales de manera directa, sin intermediarios, “cosa con la que estamos totalmente de acuerdo”, pero que ha derivado comentó, en la negativa reciente de recibir y escuchar las peticiones de las organizaciones.

Dijo que en el caso de la UNTA y el FAC el gobierno tiene todos los documentos de los recursos que estas organizaciones han gestionado y que comprueban que éstos nunca han sido recibidos por ellas sino por los beneficiarios.

Reiteró que parece que hay una confusión en el gobierno cuando se traduce “intermediarios” como sinónimo de “organizaciones”, y a éstas se les cierran las puertas.

Este es el punto en que la UNTA y el FAC creen que se violenta la libertad de asociación y por ende el derecho de petición.

“Dice el artículo noveno constitucional que no se podrá coartar la libertad de asociación, y hasta donde yo sé no existe una ley reglamentaria de dicho artículo, solamente existe esa disposición constitucional”.

Agregó que las organizaciones pueden ser de derecho o de hecho, y ninguna de las dos es ilegal.

“Por ejemplo nadie la pidió su acta constitutiva al EZLN para poder negociar con esa organización, y también me parece impensable que le hubieran pedido su acta notarial a Emiliano Zapata para reconocer al Ejército libertador del sur”.

En este sentido, narró que la semana pasada el director general de la Financiera Nacional para el Desarrollo se negó a recibir a los dirigentes nacionales de la UNTA y el FAC en las oficinas de la Ciudad de México, y en cambio lo hizo “un cordón de policías federales, lo cual se supone que ya no iba a ocurrir”. Posteriormente salió a hablar con ellos una funcionaria “muy fifí” que les pidió “actas constitutivas y cosas así, que nunca nos habían pedido”.

Dijo que efectivamente tienen los documentos pues tanto la UNTA como el FAC están protocolizados, “pero pensamos que no tendrían por qué haberlas solicitado, ya que aunque una organización no estuviera constituida –formalmente- tiene derecho a ser atendida”.

Respecto del derecho colectivo de petición que tiene que ver con la libertad de asociación, comentó, ejemplificando con casos locales que ha atendido la UNTA que, “cuando un ex bracero va solito aquí al Gobierno del estado a solicitar su apoyo va sin ninguna fuerza de negociación; no puede decirle al gobierno no me gustan tus reglas de operación, cámbiale aquí o acá, en cambio cuando vamos cientos o miles organizados tenemos la capacidad para ser escuchados” logrando la modificación de reglas de operación y aun la modificación de leyes.

“Logramos modificar la Ley del Fideicomiso en 2010, cuando Felipe Calderón había decidido que el apoyo social de 38 mil pesos se pagara en pequeños abonitos anuales lo cual hubiera implicado que estos recursos se hubieran tardado en pagárselos a los ex braceros 21 años, que querría decir que se los terminarían de dar cuando ya estuviesen bajo tierra”.

Refirió que no solo las personas físicas tienen derecho a que sus peticiones sean atendidas sino también las personas morales, por lo que en caso de negativa u obstaculización se afecta el derecho de petición.

Trajo a colación que existe un convenio de la Organización Internacional del Trabajo respecto de la libertad sindical, que establece el derecho de formar sindicatos y que es aplicable por analogía, al sustentar el derecho de asociación para los trabajadores quienes así tienen la opción de gestionar sus demandas ante la patronal por cualquiera de las vías, la individual o la colectiva.

“Entonces el gobierno no nos puede obligar a los ciudadanos a gestionar nada mas de manera individual”.

El representante de la UNTA en Zacatecas dijo que la toma de las oficinas de la Financiera Nacional para el Desarrollo en la entidad se levantará hasta que sus dirigencias nacionales así lo decidan con base en los resultados de las negociaciones que obtengan en la Ciudad de México.

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