■ Desde noviembre aumentó la intensidad de detonaciones por parte de minera
■ La gente teme que algunas viviendas se pudieran venir abajo, pero también hay indignación
Ante lo que considera ya un peligro “inminente” para la integridad física de los habitantes de Salaverna (como lo prevé la Ley Minera), luego que entre otros hechos se ha incrementado desde el pasado mes de noviembre la intensidad de las detonaciones generando mayores afectaciones a las casas que aún se mantienen en pie, la representación en el estado de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) ha notificado y reclamado conjuntamente con la gente de la comunidad, ya la intervención de la Secretaría de Economía (SE) del Gobierno de México, “y no hemos visto que se haga algo”.
La dependencia que encabeza Graciela Márquez Colín ha sido enterada del mismo modo que el ayuntamiento de Mazapil, el Gobierno del Estado de Zacatecas, la presidenta de la Comisión de Minería en el Senado, la legisladora petista Geovanna Bañuelos de la Torre, y el propio Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y “si llega a suceder una desgracia” se les hará responsables, dijo Efraín Arteaga Domínguez.
En el asunto que tiene como trasfondo la disputa por la legitimidad de la propiedad de la tierra donde se asienta la comunidad entre los pobladores y la minera Tayahua S.A. de C.V. filial de Frisco, propiedad de Carlos Slim, está pendiente de resolverse justo ese punto.
Hasta el momento en que gobernó Enrique Peña Nieto el país, la minera no había podido comprobar cómo pasaron esas tierras del dominio de la nación a convertirse en su propiedad como ha alegado.
Incremento del acoso
El relevo en el Gobierno Federal ha ralentizado el proceso para que la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) emita un dictamen, sin embargo, el acoso para los habitantes de Salaverna se ha intensificado en los meses y semanas recientes, refrendó, como también ha expuesto el líder comunitario Roberto de la Rosa Dávila, quien denunció públicamente que el pasado martes 26 de febrero fue perseguido por un dron que manejaba un empleado de Minera Tayahua.
También como elemento de incidencia en este momento del conflicto, Efraín Arteaga mencionó, acerca de la fusión entre la empresa canadiense Goldcorp y Frisco, que para explotar los minerales del Valle de Mazapil se dio a conocer a los inversionistas de la Bolsa Mexicana de Valores el pasado mes de junio del 2018, que “no sabemos con claridad y con precisión cuál va ser el posible impacto de esa alianza, pero lo más probable es que va a tener un impacto devastador, ya no solo para Salaverna, sino sobre toda la región, sobre siete u ocho ejidos”.
Aún la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que avaló el cobro de impuestos ecológicos por parte de Gobierno del estado a las empresas mineras, entre otras actividades industriales contaminantes, emitida recientemente, implicaría en aras de aumentar la recaudación, poner contra la pared aún más a los habitantes de los diferentes puntos donde haya concesiones en la entidad.
La Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas establece que entre otros usos puede aplicarse los recursos obtenidos mediante este gravamen a proyectos de vivienda para reubicar a las poblaciones de zonas de alto riesgo ambiental, esto es, para el desplazamiento de las comunidades, que es justo la razón de la resistencia de la gente de Salaverna y La Colorada, esta última, localidad ubicada en el municipio de Chalchihuites y que mantiene un conflicto con la también minera canadiense Plata Panamericana.
“Es muy grave, sería el colmo que se tomaran recursos fiscales para violar los derechos humanos de la gente. Desde luego que nosotros estamos absolutamente en contra porque para empezar sostenemos que debe derogarse la Ley Minera actual y emitirse una nueva que atienda primero el interés nacional y preserve los derechos humanos, constitucionales y agrarios de los habitantes de las comunidades”.
No obstante Efraín Arteaga también acotó que la actual Ley Minera aun siendo “neoliberal” ofrece herramientas de defensa para las poblaciones en sus artículos 43 y 45 cuya aplicación en el caso de Tayahua S.A de C.V. implicaría no solo la suspensión de sus trabajos de extracción sino la cancelación de la concesión, pues dijo, “no hay que olvidar que la empresa participó en el operativo del gobierno del 23 de diciembre de 2016”.
Se refiere a un desalojo extrajudicial operado desde la Secretaría General de Gobierno y que implicó la destrucción de casas y edificios públicos en Salaverna, hechos por el que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas emitió la recomendación 03/2017.
Las detonaciones recientes, cada vez más intensas, dijo Arteaga Domínguez, significan “un nuevo ciclo de ofensiva de la empresa”.
“Son las detonaciones, los trabajos para modificar el trazo del tendido eléctrico y brigadas de exploración de la Minera Tayahua en el territorio de la comunidad, los compañeros han expulsado en varias ocasiones estas brigadas”.
Las explosiones han generado nueva alarma en la gente que teme que algunas viviendas se pudieran venir abajo, pero también indignación.
“Hay compañeros que dicen que si fuera nomás por los daños que ha sufrido su casa se saldrían ya por razones de seguridad, pero no quieren darles el gusto y se disponen a seguir resistiendo aun cuando vaya en medio su integridad física y su vida”.
Caso omiso
El periplo de los habitantes de Salaverna suma desde 2011, una serie de denuncias y quejas ante la ahora Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), los jueces municipales de Mazapil, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, el Gobierno del estado y el federal en distintas de sus entidades, sin que hasta el momento se pondere por encima de los intereses económicos, la vida de las personas.
Sobre ello Efraín Arteaga Domínguez subrayó nuevamente el tema de la Ley Minera de la que dijo, su artículo sexto “es una atrocidad”, pues establece que la actividad minera debe ser considerada “preferente” por sobre cualquier otro “uso” de la tierra.
El término significa no solamente sobre otras actividades económicas como la ganadería o la agricultura sino al hablar “de cualquier otro uso”, incluye el que pueda hacerse para asentamientos humanos o de servicio ecológico.
“O sea, es una disposición absolutamente plutocrática, eso es gravísimo. Entonces si es cierto lo que dice Andrés Manuel de que se trata de llevar a cabo la Cuarta Transformación del país, pues esa ley debe ser derogada de raíz y sustituida por una ley que sea nacionalista”.
Mientras que la 4T define su postura respecto de la defensa del territorio que hoy disputan comunidades en todo el país contra proyectos extractivistas, las acciones legales recientes interpuestas conjuntamente por la UNTA y los habitantes de Salaverna se basan en la vigente Ley Minera.
Tras el incremento de la intensidad de las detonaciones desde el pasado mes de noviembre, que atribuyen a la minera Tayahua y que han agravado las grietas en las casas y el piso de la comunidad, la gente solicitó mediante un escrito al presidente municipal de Mazapil, Gregorio Macías Zúñiga su intervención como lo prevé la Ley Minera en términos de sus artículos 43 y 45.
Como autoridad local tiene la facultad para pedir a la Secretaría de Economía federal que en tanto los trabajos de la minera ponen en “riesgo inminente” la integridad física y la vida de los habitantes de Salaverna, realice una visita de inspección de la que pueda derivar la suspensión temporal de los trabajos extractivos y la aplicación de medidas correctivas, y en caso omisión, la definitiva.
Pero esa solicitud sustentada en el derecho constitucional de petición, no ha tenido respuesta alguna.
“Les dijeron que iban a analizar el asunto pero no les permitieron estar presentes en la sesión de Cabildo y tampoco les han querido decir qué acordaron”.
Con mismos sustentos legales la UNTA solicitó a Graciela Márquez Colín, secretaría de Economía del Gobierno de México, “donde le piden su intervención inmediata”.
Otro escrito firmado tanto por Arteaga Domínguez como por De la Rosa Dávila y dirigido también a la SE fue entregado en copias al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en Palacio nacional por el propio líder comunitario de Salaverna, y a Geovanna Bañuelos de la Torre, legisladora petista por Zacatecas y presidenta de la Comisión de Minería del Senado.
Del asunto también fue enterado, entre otras autoridades, el presidente de la Comisión Legislativa de la Cámara de Diputados.
“Y no hemos visto que la Secretaría de Economía haga algo, en términos del artículo octavo constitucional nos deberían de dar una respuesta por escrito. Y no ha habido tal cosa”.
En este momento están solicitándole a Geovanna Bañuelos vía telefónica, que les reciba para tratar con ella tanto el asunto de Salaverna como el de La Colorada, una iniciativa que tampoco ha tenido respuesta.
La petición también se ha intentad vía la diputada federal Mirna Maldonado, ya que esta última fue electa por el Distrito I, que implica a Chalchihuites.
“Nos urge que nos reciba Geovanna y que tome cartas en el asunto” porque en su calidad de presidenta de la Comisión de Minería del Senado, “a ella no le podrían negar información oficial”.
“Pero aquí lo importante y eso le decimos a Márquez Colín, es que ya hay un riesgo inminente, -la gente de Salaverna -está en riesgo inminente como dice la ley, le metieron esa palabreja, no basta con que sea un riesgo, sino debe ser un riesgo inminente y lo hay sobre la integridad física y la vida de las personas. Y por tanto ya debería de estar actuando la SE”.
“Y allí le decimos que si llega a suceder una desgracia vamos a hacer responsable al Presidente de la República y a la Secretaria de Economía y al Gobernador, a toda la cadenita de mando. Porque ya son palabra mayores, y sobre todo, porque aunque sea una Ley neoliberal, pero la ley da herramientas”.
