Ejidatarios acusan de presunta administración fraudulenta a 2 empresas que trabajan para Peñoles

Ejidatarios acusan de presunta administración fraudulenta a 2 empresas que trabajan para Peñoles
Mina de Grupo Peñoles en Zacatecas ■ FOTO: FACEBOOK

■ Advierten sobre irregularidades en la actuación de agentes del Ministerio Público y jueces

■ Hay denuncias en contra de los campesinos por el delito de robo de unidades de transporte que, sin sustento, los agentes de la Fiscalía y jueces han admitido como válidas: abogado

 

Un grupo de ejidatarios de Morelos denunció una serie de irregularidades en la actuación de agentes del Ministerio Público y de jueces en un caso de presunta administración fraudulenta cometido por dos empresas que trabajan para la minera Peñoles.

El abogado que lleva su caso, Gerardo Espinoza, explicó que en el año 2011 se firmó un convenio entre la Federación, Gobierno del Estado, el municipio de Morelos y los ejidatarios de la zona, a fin de poder conformar dos empresas de transporte, una de personal y otra de traslado de materiales extraídos en la mina, de forma que pudieran prestar sus servicios a la compañía.

Se trata de las empresas Transportes Unidos del Ejido de Morelos S.A. y Transportes Ejidales de Morelos, las cuales están dirigidas por consejos de administración que “han estado realizando diversas actividades posiblemente constitutivas de fraudes y administración fraudulenta”.

En el caso de la primera empresa, el abogado explicó que una de las irregularidades que se ha cometido radica en una serie de denuncias que se han presentado en contra de los ejidatarios por el delito de robo de las unidades de transporte que, aun sin sustento, los agentes de la Fiscalía y los jueces han admitido como válidas.

Sostuvo que, a través de la empresa, los ejidatarios solicitaron créditos para adquirir las unidades e ir pagándolas a plazos al consejo de administración. Pese a realizar los pagos y a tener incluso las facturas originales del vehículo, el abogado refirió que al interponerse las denuncias por robo en su contra éstas han procedido.

Ha habido ya 13 de 49 ejidatarios afectados por estas prácticas que, de acuerdo con lo expuesto por Espinoza, reflejan colusión entre los directivos del consejo de administración y las autoridades tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial, a quienes acusó de estar protegiendo a una red de administración fraudulenta.

Por estos hechos ya se ha interpuesto una denuncia que fue frenada después de que impugnaran las acusaciones que hicieron los ejidatarios por administración fraudulenta y asociación delictuosa. Tras este recurso, el juez de control de Calera frenó la investigación, pero sí dejó vigentes las denuncias en contra de los ejidatarios.

En el caso de la segunda compañía, la situación ha sido similar, además de que a quienes han alzado la voz en contra del consejo de administración no les han permitido la entrada a las asambleas e incluso, dijo, “ha habido amenazas o intentos de secuestro”.

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