Podría esta semana la SCJN resolver el tema del Impuesto Ecológico

Podría esta semana la SCJN resolver el tema del Impuesto Ecológico
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ■ FOTO: PROCESO

■ Este gravamen fue creado por la administración estatal actual en el año 2017

■ Más de 10 amparos se interpusieron en contra de esta disposición fiscal argumentando que su cobro era ilegal y la mayoría de estos recursos los encabezaron empresas mineras

 

Esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirá la validez o la improcedencia del Impuesto Ecológico que busca gravar actividades contaminantes que se desarrollan en el territorio zacatecano, desde la extracción de materiales y la emisión de gases a la atmósfera hasta la emisión de contaminantes al suelo y el almacenamiento de residuos.

Este impuesto fue creado por la administración estatal actual en el año 2017 y quedó plasmado en la Ley de Hacienda de la entidad para ese ejercicio fiscal; no obstante, el gobierno de la República encabezado en ese momento por el ex presidente Enrique Peña Nieto interpuso una controversia constitucional en contra de esta figura por considerar que las autoridades del estado estaban invadiendo las competencias de la Federación.

Asimismo, algunos de los sujetos obligados al pago del impuesto, como por ejemplo las empresas mineras más grandes que operan en la entidad, se ampararon para no tener que hacer las contribuciones que se establecieron en la Ley de Hacienda.

Más de 10 amparos se interpusieron en contra de esta disposición fiscal argumentando que su cobro era ilegal y la mayoría de estos recursos los encabezaron empresas mineras entre las que se encuentran las compañías Goldcorp, Grupo México, Peñoles y Grupo Frisco; las tres últimas, propiedad de los multimillonarios mexicanos Germán Larrea, Alberto Bailleres y Carlos Slim.

Asimismo, Grupo Modelo también forma parte de las empresas que no accedieron a pagar el impuesto e interpusieron recursos de amparo.
Pese a la controversia constitucional que está a punto de dirimirse en la SCJN, ha habido un grupo de contribuyentes, compuestos por pequeñas y medianas empresas que operan en la entidad, que han estado haciendo los pagos correspondientes.

El mes pasado, en conferencia de prensa, el secretario de Finanzas Jorge Miranda Castro informó que en total son 13 los contribuyentes que están pagando el impuesto y la recaudación por este concepto ha sido, anualmente, de unos 25 millones de pesos.

Esta cantidad representa apenas el 2 por ciento de la estimación que asciende a mil 230 millones de pesos de ingresos por los cuatro conceptos que incluye el Impuesto Ecológico y que son la remediación ambiental en la extracción de materiales, la emisión de gases a la atmósfera, la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua, y el impuesto al depósito o almacenamiento de residuos.

En cuanto al destino que el Gobierno estatal tiene contemplado para este ingreso, el cual aparece establecido en el artículo 36 de la Ley de Hacienda de la entidad del año 2017, se encuentran obras de infraestructura y acciones de remediación ambiental y en favor de las comunidades afectadas por estas actividades contaminantes.

En este artículo se refiere que los impuestos ecológicos “se destinarán prioritariamente a las áreas de mayor afectación ambiental y de rezago económico e incluirán las de coinversión con el Gobierno Federal o algún otro mecanismo financiero que permita potenciar estos recursos”.

Los rubros que se enlistan en la ley son: obras, infraestructura y operación de los servicios de salud; obras, infraestructura, mejoramiento, restauración o remediación del equilibrio ecológico; acciones estatales de inspección y vigilancia de fuentes fijas de contaminantes y de cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables.

También se incluyen los desastres naturales, contingencias ambientales, sequías, ciclones, sismos, entre otros; generación de proyectos para el desarrollo sustentable y sostenible; vivienda, para reubicación de los habitantes de zonas de riesgo; “así como a las materias a que hace referencia la fracción II del artículo 8 de la Ley General de Cambio Climático”.

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