El presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza la operación del plan conjunto del gobierno para combatir el robo de hidrocarburos en el que participan 15 dependencias. El plan prevé que 4 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina resguarden 58 instalaciones estratégicas de Pemex, entre ellas seis refinerías, 39 terminales de almacenamiento y despacho, 12 estaciones de rebombeo y el control de ductos. Se trata de un plan estratégico necesario, urgente, por lo que implica en cuanto a fuga de dinero público. Es un robo a bienes de la nación, a recursos públicos, al dinero de todos los mexicanos; es un robo que el año pasado significó una pérdida para Pemex del orden de 60 mil millones de pesos. El gobierno ha informado que el año pasado robaron en promedio más de 600 pipas de 15,000 litros cada una al día, es decir que significaban alrededor de 200 millones de pesos diarios. Por lo que se ve, no estamos sólo hablando del llamado huachicol, la ordeña de ductos; estamos hablando de una operación coordinada desde el interior del gobierno, que se apoya en una red ilegal de distribución de combustibles, porque no es fácil distribuir, vender, 600 pipas diarias de gasolina diarias.
Octavio Oropeza, director de Pemex, comentó que a partir del día 20 de diciembre que inició este plan y hubo remoción de funcionarios, las cifras han ido a la baja:
Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, explicó que el personal militar verificará el monitoreo y comprobación de procedimientos de abastecimiento y reparto; pondrán atención al acceso de las instalaciones, a la entrada y salida de todos los vehículos, de todas las pipas, el cuarto de control de las respectivas instalaciones y los tanques verticales.
El plan incluye la distribución de tareas: la Secretaría de Gobernación coordinará las acciones de cada una de las dependencias federales. El consejero jurídico participará en la prevención del Mercado Ilícito de Combustibles (MIC); la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana investigará los delitos en esa materia; la eventual Fiscalía General de la República indagará y perseguirá los delitos y su judicialización. En tanto la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de la Función Pública analizarán las operaciones inusuales; el SAT hará verificaciones y visitas domiciliarias, y la Profeco llevará a cabo la inspección de los instrumentos de medición. A su vez, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emprenderá acciones legales en materia fiscal, en tanto que la de Energía emitirá la normatividad, y la del Trabajo y Previsión Social, así como el Centro de Inteligencia darán fortalecimiento de seguridad, además de salvaguarda y medición.
López Obrador también solicitó la ayuda de los empresarios y en especial las gasolineras, para que no vendan combustible de procedencia ilícita.
También pidió a los concesionarios y dueños de gasolineras en el país para que no vendan gasolinas robadas, así como a los compradores, contratistas, transportistas y mexicanos en general, para evitar adquirir combustibles ilícitos, que han sido robados a la nación, al pueblo.
Es evidente que el reto del gobierno es mayúsculo y que no lo superará sin la decidida participación de la población, evitando comprar combustible robado y denunciando cualquier robo de combustible que detecten los ciudadanos. Ganar esta batalla es indispensable para evitar que México se acerque más a ser un Estado fallido.
