La continuidad democrática en Brasil se quebró con el golpe del 2016, que expulsó del gobierno, de forma espuria y sin ningún argumento jurídico a una presidenta recién reelegida por el voto popular, bajo la mirada complaciente y cómplice de Poder Judicial. En ese momento empezaba a imponerse un régimen de excepción en Brasil bajo el argumento de que se daba el paso para combatir el peor de los males del país: la corrupción, protagonizada por personajes tan poderosos que sólo utilizando estos métodos de excepción podría ganarse esa batalla. Así se llevó a cabo la Operación Lava Jato, plagada de arbitrariedades ahora ya totalmente naturalizadas. Persecución política sistemática contra la izquierda, la judicialización de la política, el “lawfare”, actuaciones arbitrarias de la Policía y del Ministerio Público, encarcelamientos y condenas sin pruebas ni ninguna base jurídica.
Estos mecanismos han caracterizado la nueva forma de golpe – promovida por la guerra híbrida, la nueva estrategia de la derecha -, centrada en un Congreso elegido por el poder del dinero, en el monopolio privados de los medios de comunicación – que reivindican su derecho de destruir reputaciones públicamente -, y de un Poder Judicial muy activo en la persecución política pero muy pasivo en la protección del Estado de Derecho y de la democracia. Como elemento de fuerza, esa nueva forma de golpe está marcada por un aparente mantenimiento de la institucionalidad al amparo cómplice del Poder Judicial. Pero tiene una gran debilidad: mantener la apariencia de legalidad en las instituciones, de afrontar elecciones.
Las elecciones se han vuelto un martirio para los regímenes políticos en los que el modelo neoliberal se ha impuesto, ya sea a través de la derecha tradicional o de la extrema derecha, pasando por la vieja izquierda del siglo XX; en particular, por la socialdemocracia. Ese consenso condena a estos gobiernos a una rápida pérdida de apoyo popular, al pánico cada vez que se acercan las convocatorias electorales. Porque, de una u otra forma, son momentos en que ya no tienen vigencia los consensos restringidos entre las élites y los creadores de opinión mediante el monopolio de los medios de comunicación. Son momentos en los que la población expresa su voz, decide sobre si un gobierno sigue dirigiendo el país o es sustituido por otro.
Las elecciones de este año en Brasil son un buen paradigma de los distintos métodos a los que se recurre la derecha para tratar de impedir que el consenso antineoliberal se imponga o se mantenga. Cuando el programa que dio prioridad a las políticas sociales puso en riesgo la victoria de la derecha, incluso después del veto a que Lula fuera candidato a la Presidencia, se desató una gigantesca y escandalosa campana de “fakenews”, difundidas por millones de robots, para desplazar de la agenda los temas sociales, que ocupaban el centro de la campaña. En su lugar pasó a hablarse de corrupción, de inseguridad y se impuso una agenda moralizadora, forjada mediante imágenes falsas en contra de las movilizaciones de las mujeres y en contra del mandato de Haddad como ministro de Educación. (Una de las fotos más difundidas fue la de un biberón con forma de órgano sexual masculino, como si el Ministerio de Educación la hubiera difundido en las escuelas) La combinación de esos dos factores – la agenda de la derecha y sus formas de implementarla– han llevado a la derrota de la izquierda y a la victoria de un candidato de ultraderecha.
Esa victoria no surge simplemente como el cambio de un gobierno antineoliberal hacia un gobierno neoliberal, como fue el anterior gobierno de Dilma hacia el gobierno de Temer, sino la conformación de un nuevo régimen que ya venía esbozándose desde el golpe del 2016. Es una trasformación, algo más que una simple instauración de un régimen de excepción. La derecha necesita blindar el Estado de tal forma que la izquierda no pueda volver a gobernar Brasil nunca más. Han aprendido la lección tras las elecciones que ganó la izquierda en 2001, que introdujo un gobierno que ganó muy rápidamente el apoyo popular y que se mantenía victorioso en las elecciones sucesivas, hasta cuatro veces.
Por eso, la derecha necesita que algo así no se vuelva repetir. Y para ello, en primer lugar, ha encarcelado, condenado y expulsado de la campaña electoral a Lula, que representa de una forma muy clara —y así está recogido en la memoria y la conciencia del pueblo— a esos gobiernos que ponen por delante las políticas sociales y los derechos de toda la población; con el empleo, los salarios, la educación y la sanidad como bandera.
En segundo lugar, ha sistematizado la persecución política de la izquierda, de sus partidos, de los movimientos sociales y sus líderes. Si no su eliminación, al menos su neutralización como alternativa, permitiendo que la derecha se perpetúe en el gobierno con el objetivo de perpetuar el modelo neoliberal, esos que tienden rápidamente a perder el apoyo popular, como ha sucedido con los gobiernos de Temer y de Macri, y ocurrirá con el próximo gobierno en Brasil. Necesitan blindar el gobierno y al Estado.
Para ello, tratarán de controlar al sistema político con medidas como el final del voto obligatorio o el voto por distritos, diferentes formas de parlamentarismo, medidas que dificulten o impidan la función parlamentaria de la oposición; criminalizando a los movimientos sociales bajo el pretexto de que atentan en contra el derecho de propiedad, además de la sistemática judicialización de la política y de la persecución jurídica, instalada en el centro de las actuaciones de un gobierno en el que se han introducido los métodos y el personal de la operación Lava Jato.
La izquierda ha tarado en valorar la cuestión democrática. Tuvo que hacerlo a la fuerza tras la instauración de la dictadura militar, cuando la vía insurreccional se volvió inevitable. Aunque fueron limitados, los espacios de democracia permitieron a la izquierda crecer y, finalmente, triunfar con un programa antineoliberal en cuatro elecciones presidenciales sucesivas. Ahora la derecha pretende acabar con esa posibilidad desmoralizando a la democracia, apelando a la que la izquierda no podrá jamás constituir una alternativa de gobierno.
Pero todavía con estas condiciones, abandonar la lucha democrática sería un suicidio para la izquierda. Por pequeños que sean los espacios hay que valerse de ellos, hay que ensancharlos, darles consistencia, porque la vía de la izquierda en la vía democrática. De ahí la necesidad de una lucha intensa, permanente, para impedir que se instale un Estado de excepción y para que retroceda el actual régimen de excepción. De nada sirve tener un programa antineoliberal que pueda recuperar el apoyo popular rápidamente si ese programa no se transforma en alternativa política con la posibilidad de volver a conquistar el gobierno.
Combinar la lucha por los derechos sociales de todos y la resistencia democrática, encontrar con creatividad las formas de articular estas dos luchas será la clave para impedir que un estado de excepción se instale en Brasil y bloquee cualquier camino para que la lucha popular y de masas lleve a la izquierda y a los movimientos populares de nuevo al poder.
