La década de los años setenta fue muy complicada en buena parte del mundo y México no fue la excepción. Uno de los factores que más ayudaron a la superación de muchos de los problemas más delicados fue la reforma electoral de 1977, que sentó las bases de un nuevo sistema electoral y el fin de la exclusión de las izquierdas y posibilitó su presencia en cargos de representación popular. Al correr del tiempo, ese sistema ha sufrido reformas muy importantes como la incorporación en la Constitución de la figura de los partidos políticos como entidades de interés público y la garantía de su presencia en los grandes medios de comunicación del país, con lo que se consolidaron las libertades políticas fundamentales y el pluralismo político, la diversidad social y la tolerancia.
Para valorar su importancia, baste señalar que el nuevo sistema se estrenó en el proceso electoral federal de 1979 para renovar la Cámara de Diputados, proceso en el que participó, por primera vez en décadas, el Partido Comunista Mexicano. Me correspondió participar como coordinador de la campaña del candidato Eligio Meza Padilla quien, junto con un equipo muy bien formado políticamente, enfrentó múltiples acciones ilegales de diversos poderes fácticos que actuaban para impedir la emergencia de cualquier cambio en el sistema autoritario. Expongo como ejemplo un incidente ocurrido algún domingo de junio de ese año en la comunidad de Laguna Grande, municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, donde nos enfrentamos a la violencia de un grupo de personas enfurecidas lanzadas contra la presencia de los comunistas por el cacique local junto con el sacerdote católico del pueblo. Sólo la prudencia de nuestro candidato y la presencia de varios maestros muy respetados evitaron que las cosas tuvieran un desenlace fatal. Tanto el cacique como el cura consideraban nuestra presencia como una seria amenaza contra el orden establecido monopolizado por el PRI en contubernio con la iglesia católica, lo que también explica su intolerancia hacia la presencia de otras iglesias, conducta que finalmente tuvieron que cambiar ante el hecho de que distintos vecinos migrantes regresaron de Estados Unidos convertidos en devotos feligreses de religiones distintas.
Nadie puede negar que en el último medio siglo ese régimen político intolerante ha venido mutando hacia otro donde el pluralismo político y el respeto a la diversidad social se han establecido sólidamente, y lo mismo ha ocurrido con la libertad religiosa, lo que se demuestra con la presencia significativa de distintas iglesias y en la disminución de la proporción de católicos. Esa realidad se refleja en el texto vigente del artículo 24 constitucional:
“Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política.
El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna.
Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria”.
Desde mi punto de vista, hoy estamos ante la posibilidad de lograr cambios importantes para superar la crisis de representación del sistema político con una nueva reforma tan importante como la de 1977, que propicie un reagrupamiento de los intereses legítimos existentes en la sociedad mexicana en un nuevo sistema de partidos, al mismo tiempo que, mediante el debate profundo y tolerante, se impulsen los acuerdos en lo fundamental que nos unan como mexicanos.
Sin embargo, también debemos llamar la atención sobre algunas conductas de políticos oportunistas que atentan contra la laicidad del Estado, al adoptar conductas violatorias de la constitución y las leyes que privilegian los intereses de la iglesia católica en detrimento del resto de asociaciones religiosas, como el caso de la construcción de templos o imágenes monumentales con recursos públicos en los tiempos tan complejos que vive el país no se deben dejar pasar sin criticar esas conductas ilegales. Hoy es evidente que existen factores de poder político y religioso que desean fortalecer la influencia católica en la configuración de políticas públicas, concediéndole la educación religiosa en la escuela pública, la posesión de medios de comunicación electrónicos, la libertad para participar abiertamente en cuestiones no sólo políticas, sino electorales, etc.
Si asumimos que la libertad religiosa es el derecho que tiene toda persona de poseer la fe que desee, o ser ateo o agnóstico, incluso poder cambiar de credo sin ser restringido, ni por el Estado ni por otra iglesia, que la libertad religiosa otorga al individuo la facultad de exteriorizar esos sentimientos religiosos mediante la práctica del culto que cada religión tiene prevista, y que la intervención del Estado sólo debe tener el propósito de protegerlos, nunca regularlos ni mucho menos restringirlos y, menos aún, para inclinar la balanza en favor de una de las asociaciones religiosas. Ninguna de las autoridades tiene derecho a violentar todos esos elementos de la laicidad del Estado mexicano y de la convivencia pacífica.
