Una de las referencias más conocidas del Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, ha sido su desafecto (en términos amables) por las instituciones que conforman el entramado constitucional del estado moderno en México. Es un pensamiento cercano al hegemonismo de otros (no muy lejanos) tiempos, en los que se entendía a la Presidencia de la República no solo como la cúspide de la pirámide política en México, sino como el Estado mismo, identificado de manera directa con quien la ocupaba, es decir, el Presidente de la República en turno. Durante años, la mayor labor social que mantenían los mandatarios, más allá de sus muy profundas diferencias en visiones o formas de gobernar, era el mantenimiento del prestigio de la figura. Aún en sus más criticables decisiones, demostrar y dejar intacto el poder presidencial, era la causa más común. Ello tuvo serios tropiezos, el más destacable, la injustificable y abominable matanza del 68, hasta “la decisión del presidente”, José López Portillo de nacionalizar la banca, decisión que finalmente rompió el pacto no escrito que dejaba en manos de un solo hombre la representación, hacia el interior, de todo el Estado mexicano, con todos sus elementos, distinguiéndose entre ellos, el de la sociedad, cada vez más plural.
Poco antes de este episodio, el Estado Mexicano comenzó a mutar justo en la búsqueda de una conformación que diera cabida a una comunidad tan diversa como extensa. La transición a la democracia (para algunos apenas confirmada en este año), trajo consigo también la mutación del aparato burocrático, hasta su evolución en uno apenas distinguible del que antecedió a dicho período. Así nacieron instituciones de rendición de cuentas (Auditoría Superior de la Federación), como de manejo y control económico (El Banco Central autónomo), de transparencia e información (el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía), y otras tantas se reformaron para evolucionar, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, e incluso nuestro Congreso de la Unión, amén de las instituciones de carácter electoral (Instituto Nacional Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación).
Hoy no podríamos entender el proceso democrático que recién vivimos sin todas ellas. Sin el derecho de acceso a la información, muchas de las investigaciones que pudieron desentrañar la corrupción de un régimen en retirada, no hubieran sido posibles, como tampoco lo hubieran sido el ejercicio pleno de derechos de expresión, libertad e incluso manifestación, sin instituciones que desde el Estado ejercieron un control del poder político a favor de los ciudadanos.
Es por todo ello preocupante el reiterado discurso de agresión que en algunos puntos mantiene el Presidente Electo, más ahora que antes. De hecho antes quizá no fue preocupante, sino apenas parte del proceso político-electoral, y por ello entendible y justificable. Sin embargo, a partir de su reconocimiento formal como una figura con responsabilidad política, la crítica no solo es preocupante, sino reprochable, y lo es porque más allá de verlos como un contrapeso político-institucional, legítimo y constitucional, mantiene su concepción en el esquema de adversarios. Si bien muchos de sus puntos son perfectamente atendibles, como la austeridad y la observación precisa de sus vicios, su reforma debe deliberarse en un foro parlamentario, también ciudadano, con mucha responsabilidad, pues más allá de retornar al fortalecimiento de la Presidencia, podríamos aproximarnos a una confrontación constitucional, sin precedentes en nuestra muy infante democracia política. ■
@CarlosETorres_
