■ Dice que también se emplearían en profesionalizar órganos de evaluación del Legislativo
■ “No tocaré ese dinero para uso personal o patrimonial alguno” y lo transferiré a la UAZ para que me apoyen en estudios técnicos especializados”
La diputada por Morena, Alma Gloria Dávila Luévano, informó que a raíz de la polémica generada en redes sociales y la prensa en torno a las llamadas herramientas legislativas, afirmó que está en contra del uso personal y patrimonial de los recursos públicos.
Afirmó que los diputados votaron liberar el recurso que estaba en la Secretaría de Finanzas, para que la Legislatura decidiera el uso y destino del mismo. No es una decisión, sino dos decisiones las que se deben tomar: una es la decisión de que ese recurso regresa a la cámara para que ahí se definiera el destino de ese recurso; y dos, la decisión de qué hacer exactamente con ese dinero. “Pues bien, aprobé lo primero, que la cámara defina el etiquetado del recurso”.
Dice que su postura sobre lo segundo es que se convenga con la UAZ la creación de un instituto para hacer estudios técnicos especializados y evaluación de la acción del gobierno, para que los diputados tengamos elementos serios tanto para construir las iniciativas de ley basados en estudios metódicos y no en ocurrencias, como para cumplir con calidad la función de rendición de cuentas de los otros poderes.
Puntualiza que su postura es que no deben usarse dichos recursos en forma personal, sino dedicarse a estrategias que eleven la calidad de nuestra acción legislativa. Así, si el resto de los diputados no aprueban mi punto de acuerdo.
“Anuncio que yo no tocaré ese dinero para uso personal o patrimonial alguno, y lo transferiré a la UAZ para que me apoyen en el estudio de tres temas: (a) las salidas a la actual crisis municipal que desemboquen en el cambio de la ley orgánica de ese tema, (b) los esquemas de participación ciudadana factibles para plantear la reglamentación de la planeación y presupuestación participativa, y (3) el estudio de estrategias efectivas en la prevención social del delito y las violencias”, sostuvo.
Además, propondrá que se reglamente la ejecución del recurso para evitar que nadie lo ejerza en forma patrimonial.
“Seguiré insistiendo con la propuesta de re-etiquetado de los 70 millones para el 2019”, agregó.
