Acusan que deudos de las víctimas son revictimizados por las autoridades
Para poner freno a la violencia feminicida, se requiere una política integral de prevención, sanción y erradicación de esta epidemia: Mara Muñoz
Señala que según cifras oficiales, hay en la entidad mil 200 personas desaparecidas de las cuales unas 300 son mujeres
“No ocupamos circo, ocupamos resultados. Ocupamos la palabra responsabilidad. Que se hagan responsables”, dijo Diana Aranda, hermana de la joven estudiante universitaria Rubí, quien fuera asesinada presuntamente por su novio Irving “N” el 23 de abril del 2017. Y cuyo crimen nunca fue aclarado por las autoridades, quienes incluso como en otros casos, dejaron la investigación en manos de los propios familiares.
Diana exhibió en su testimonio, cómo los deudos de las víctimas en medio del duelo por la pérdida de sus seres queridos, son revictimizados por las autoridades que deberían procurar justicia en Zacatecas.
La experiencia fue compartida con los asistentes a los trabajos del segundo Coloquio contra la Violencia y el Olvido “De Tlatelolco a Ayotzinapa”, que organiza el Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz).
A modo de colofón de la exposición sobre “Feminicidio en Zacatecas” que ofreció Mara Muñoz Galván, ex titular del Centro de Justicia para las Mujeres y actual activista integrada a la organización Lunas de Hipatia y la Unidad de Colectivos por la Defensa de los Derechos Humanos de las Niñas y Mujeres, que tuvo como moderadora a la periodista Jael Alvarado, Diana relató una serie de agravios que se sumaron a la desaparición y posterior muerte de Rubí, ahondando el daño emocional para su familia.
“Hace un año y medio, el 23 de abril de 2017, vivimos uno de los momentos más tristes y difíciles de nuestra vida. Fue un gran aprendizaje”, expuso a modo de síntesis de este tránsito.
El aprendizaje de la insensibilidad de las autoridades, y más, de la franca indiferencia hacia el dolor de quienes cuando todavía están tratando de entender qué fue lo que les arrebató a un ser querido son interrogados para dar referencias y explicaciones que no tienen, y así, en medio de la confusión tratar de guiarse sin auxilio alguno en un laberinto burocrático que ofrece más bien obstáculos que justicia, verdad y reparación del daño, o ninguno de estos, como ocurrió por el feminicidio de Rubí.
“Hasta ahorita no sabemos en realidad quién fue, todo lleva a que fue su pareja”. Una pareja con la que había mantenido una relación de alrededor de cuatro meses y que luego de su desaparición no se hizo presente en el contexto familiar de víctima, y aun faltó al sepelio tras que el cuerpo fuera encontrado.
En la conducta de Irving “N”, las autoridades no encontraron indicios de probable responsabilidad. Y por tanto no emitieron una orden de aprehensión, pero sí la de cateo a su auto que, sin ser asegurado por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, permitió que el vehículo fuera sustraído para ser encontrado al siguiente día abandonado.
Rubí fue asesinada con arma blanca. “Mi hermana fue torturada de la manera más vil que una mujer puede tener esa experiencia”.
“Tal vez a su corta edad, a dos semanas de cumplir 20 años, -Rubí- no vivió lo suficiente. No aprendió lo suficiente como para ser una mujer más fuerte y no permitir la violencia psicológica, emocional, por parte de un hombre, de una pareja…amó demasiado”.
Encima de este dolor, otro, el de optar por omitir el ritual de despedida que les permite a los deudos contemplar a los suyos por última vez.
La sevicia con que Rubí fue atacada hasta la muerte, no permitió que esto fuera posible. “Tan es así, que yo tuve que decidir al momento de decir que si fuera vista o no…mejor no”, dijo una voz que se quebraba.
Se repite también en este caso la necesidad de las familias de convertirse en investigadores para allegarse pruebas qué presentar ante las autoridades. Revisar la habitación, la ropa, las redes sociales de la víctima, interrogar a las amistades, y enfrentarse finalmente a la impotencia de no encontrar evidencia alguna, como fue en esta ocasión.
Ese es el aprendizaje, experimentar el enfrentamiento con instituciones que no funcionan y con servidores públicos que no se comprometen con su función; con la realidad de que los familiares de las víctimas de los feminicidas que además se arriesgan haciendo trabajos de investigación, no son resguardados de ninguna forma.
“No tuvimos protección. Ese muchacho estuvo un mes y medio libre por ahí…teniendo conocimiento de dónde vivíamos”.
Fueron Diana y su hermana, quienes se enteraron mediante sus pesquisas, que luego de este mes y medio en que Irving “N” se mantuvo “prófugo”, decidió quitarse la vida. Y fue ella quien lo informó a las autoridades. “¿Cómo te enteraste?, ¿quién te dijo?”, le increparon.
El periplo de la familia buscando verdad y justicia para Rubí transitó así, en ciclos que parecían interminables, de la Procuraduría de Justicia del estado, al Centro de Justicia para Mujeres y de ahí a la Secretaría de las Mujeres, donde “sí te escuchan, pero en todo hay simulación”. Y mil vueltas que dar que implican ausencias en el trabajo, costos, tiempo y sobre todo desgaste emocional.
Incluido el que procede de enterarse no por las autoridades que deberían ponerlas al tanto, sino por sus propios medios y como un hecho de suerte, que sí hay apoyos institucionales para las familias. Por ejemplo, los que deben ofrecer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado de Zacatecas o el propio Centro de Justicia para las Mujeres.
“Pagamos por nuestras terapias, por un espacio en el panteón; la caja…por trámites…Al parecer… me di cuenta que sí hay apoyos destinados para las víctimas, para las familias”.
“No queremos más escenarios. No ocupamos circo, ocupamos resultados. Ocupamos la palabra responsabilidad. Que se hagan responsables”.
Diana Aranda habló así no solo de las autoridades sino de todos y todas. Del Estado y de la sociedad. Y de quienes educan hijos e hijas al interior de las familias.
Feminicidio en Zacatecas
Mara Muñoz Galván destacó a Diana Aranda como una de las voces de las víctimas que hoy ya no están para alzarse; alguien que también habla por los familiares, estas víctimas secundarias de los estos crímenes que padecen la violencia institucional.
Ofreció en su exposición, una serie de datos para la reflexión pública sobre el feminicidio, entre ellos, la necesidad de que las autoridades actúen con un enfoque de derechos humanos que derive en la justicia para los casos, la reparación del daño para las víctimas secundarias y el acceso al derecho a la verdad.
Reiteró que para poner freno a la violencia feminicida, se requiere una política integral de prevención, sanción y erradicación de esta epidemia en la que Zacatecas ocupa ya el tercer lugar nacional por cada 100 mil habitantes.
En la entidad también, dijo, hay según cifras oficiales, mil 200 personas desaparecidas de las cuales unas 300 son mujeres. Un fenómeno asociado al feminicidio del que recordó que la cifra negra siempre es mucho más alta.
Con una exposición puntual de las aristas que intervienen en la que es una cadena de agresiones por la que transitan desde su nacimiento hasta su muerte, a veces extremadamente violenta, las mujeres, ofreció una expresión que sintetiza el fenómeno del machismo, la misoginia y el poder patriarcal que tiene en la sevicia de los feminicidios su expresión superlativa: “Todo lo que forma cultura se convierte en acciones”.
