Mina de san Martín: ¿el Gobierno de Zacatecas al servicio de Larrea?

¿Qué ocurre cuando un gobierno se preocupa por los intereses de las empresas (en este caso mineras) y no se ve interesado en los derechos laborales violados de los trabajadores? Lo que se lee en el comportamiento del gobierno estatal es que impulsa y aplaude la apertura de la mina san Martín en Sombrerete a punta de fuerza, incluyendo la intervención del Ejército, y la pregunta que salta desde ese momento es, ¿y los derechos de los trabajadores? Y más cuando recordamos el motivo de la huelga de San Martín, junto a la de Taxco Guerrero y Cananea Sonora: una vez que ocurre el suceso lamentable de Pasta de Conchos, donde los trabajadores quedaron atrapados dentro de la mina, y no se hizo inversión necesaria para su rescate. Es uno de los estremecedores casos de impunidad del interés del dinero que no le importa la vida de las personas. Ya se estableció como una de las páginas negras de la historia reciente de México, donde las autoridades rinden obediencia a los empresarios que derrochan codicia ignorando el derecho de los trabajadores a seguridad en su trabajo. Pues bien, una vez que ocurre la tragedia de Pasta de Conchos, en San Martín exigen garantías de ‘Seguridad e Higiene’ a la empresa de Larrea. Y al no cumplir las condiciones, estalla la huelga.
En días pasados, es de extrañar que haya intervenido el gobierno del estado a favor de los intereses de Larrea, pero además con supina torpeza: abren por la fuerza sin que hubiera ‘sentencia firme’ de por medio; fue clara la irregularidad del evento cuando no fueron actuarios a la apertura, sino solamente notarios, que no tienen autoridad alguna. Ahora el Ejército y Gobierno del Estado quedan exhibidos como pajes de Larrea. El poder político al servicio del poder económico en contra de la seguridad de los trabajadores. Y en las condiciones de una mina, ‘seguridad’ es sinónimo de riesgo de la vida. El caso paradigmático es Pasta de Conchos. ¿Por qué el gobierno del estado no trabaja para que las garantías de seguridad e higiene estén al 100 por ciento, y así la mina se abra, pero bajo condiciones óptimas? ¿Cómo es que se prestaron a una trampa represiva que, a la vuelta de los días, resultó una pantomima? Después de Pasta de Conchos en Coahuila, la vida (seguridad) de los trabajadores mineros debe ser la prioridad para la autoridad que, su obligación es velar por el interés general. Hay sin duda intereses políticos revueltos en el movimiento, y no podemos esperar otra cosa: las contradicciones entre la CROC y el Sindicato de Exploración y Explotación, con sede en Monterrey, que están al servicio de Larrea, se han enfrentado al Sindicato Minero que dirige Napoleón Gómez Urrutia. En ese conflicto, en lo que tiene de político, el gobierno debe garantizar el estado de derecho y preocuparse por que los efectos jurídicos llevan a garantizar la vida de los obreros zacatecanos. Pero hasta ahora, sólo observamos un caso más de la captura del Estado por parte de poderes fácticos.