Con un adeudo de más de mil 875 mdp está sólo por debajo de la Universidad de Veracruz
Plantillas no reconocidas y prestaciones no contempladas, entre las causas, indica SEP
Es urgente implementar estrategias “que permitan avanzar en el mediano plazo”: secretaría
La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) es la segunda institución de educación superior con mayor crisis financiera en todo el país, solamente por debajo de la Universidad Veracruzana. En ambos casos, la causa es por adeudos al Sistema de Administración Tributaria (SAT), seguridad social, recargos y actualizaciones.
En este momento, la Universidad Veracruzana adeuda una cifra total de 2 mil 761 millones 338 mil pesos, mientras que la UAZ tiene un adeudo de mil 875 millones 378 mil pesos, lo que las ubica como las dos principales universidades deudoras a nivel nacional.
De acuerdo a información publicada por el diario Crónica, el listado de universidades que tiene una mayor crisis financiera continúa con la Universidad Autónoma de Chiapas, con un adeudo de mil 700 millones de pesos; la Universidad Autónoma del Estado de México, con mil 450 millones de pesos; la Universidad Autónoma de Nayarit, con 900 millones de pesos, y la Universidad Autónoma de Sinaloa, con 560 millones de pesos.
Otras instituciones que enfrentan problemáticas financieras son la Universidad Autónoma del estado de Morelos, con una deuda de 260 millones de pesos; la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con 70 millones de pesos; la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con 32 millones de pesos y la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con 22 millones de pesos.
De acuerdo al documento titulado Retos de la Educación Superior en México 2018, emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y citado por el mismo medio, hay siete razones principales de estos “hoyos financieros” en las universidades, entre ellas la existencia de plantillas no reconocidas, tanto de profesores como de trabajadores; prestaciones a maestros, administrativos y empleados nominales “no contempladas en el modelo” convenido por esa dependencia y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Otras causas que señala la SEP es el creciente peso financiero del sistema de pensiones y jubilación del personal académico y administrativo, y la ya referida “acumulación de años de déficit, la cual incide en la magnitud de los adeudos al SAT y a los proveedores de Seguridad Social”.
En el documento, la dependencia también reconoce un menor flujo de recursos por parte de los gobiernos estatales en relación a lo convenido con la Federación y con el gremio afiliado a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies); baja en el crecimiento de subsidio federal en los últimos años, pero en especial en el ciclo 2016-2017, y reducción en los fondos extraordinarios, así como asignación diferenciada del subsidio ordinario per cápita.
También expone un análisis comparativo elaborado por la Subsecretaría de Educación Superior “con base en los Presupuestos de Egresos de la Federación y aportaciones de la SHCP para funciones de Educación Superior y Posgrado”, en el que se señala que el financiamiento federal para este nivel educativo bajó de 139 mil 300 millones de pesos en 2016 a 137 mil 255 millones de pesos en 2017, es decir, casi dos puntos porcentuales.
El descenso provocó faltantes y huecos financieros, los cuales no han podido solventarse al paso del tiempo, pese al minúsculo aumento presupuestal de 2018 (142 mil 959 millones de pesos).
En ese sentido, el rubro más castigado en el sexenio de Enrique Peña Nieto es el de los fondos extraordinarios para la educación superior, ya que estos pasaron de 8 mil 907 millones de pesos en 2013 a 2 mil 948 millones de pesos en 2018, lo que significa una caída de 200 por ciento.
También se empantanó el llamado Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), uno de los ocho fondos del Ramo General 33 de aportaciones federales a estados y municipios, el cual está relacionado con la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura física de la educación superior.
“Las obras en las universidades públicas estatales se ejecutan bajo un esquema descentralizado, ya que a partir de 1998 se determinó que en relación con las instituciones de los niveles medio superior y superior, el gobierno del estado o los municipios tomarían las medidas conducentes para ser responsables de la construcción de los espacios educativos”, justifica la SEP.
El FAM, único mecanismo de responsabilidad federal en este ámbito, sólo subió de 2012 a 2018 un 20 por ciento, al pasar de 3 mil 156 millones a 3 mil 991 millones de pesos. El deterioro económico no es exclusivo de las diez universidades mencionadas, pues algunas otras como la Universidad de Sonora (Unison) han comenzado a resentir la falta de recursos y las obligaciones fiscales o de seguridad social.
Según al diagnóstico de la SEP citado por Crónica, para evitar más quebrantos en las universidades públicas, es urgente implementar estrategias “que permitan avanzar en el mediano plazo al saneamiento financiero y la atención de los problemas estructurales de las instituciones”, y “que eviten el ahogo financiero, sobre todo a partir del segundo semestre de 2018”.
