- También reclama a la sociedad zacatecana su apatía e indiferencia ante lo que les sucede a otros
- Pide al gobernador que “asuma su obligación y solicite la declaración de la alerta de género por violencia feminicida”
- Asimismo, solicita a autoridades la revisión de Alerta Amber y Protocolo Alba, y la generación de otros específicos que atiendan a características y condiciones geográficas locales
- Se manifiesta por la generación de un “ambicioso programa de prevención de la violencia” que tenga como población objetivo a la juventud y la niñez de Zacatecas
- Anuncia que propondrá una serie de foros ciudadanos para que la población exprese lo que está fallando en la entidad en materia de seguridad y exponga sus propuestas de solución
La Red Plural de Mujeres de Zacatecas emitió un pronunciamiento en que exige a las autoridades de los tres niveles y tres órdenes de gobierno cumplir con “la cultura para la igualdad” entre los géneros, y a la sociedad zacatecana le reclama su apatía e indiferencia “ante lo que les pasa a las otras y los otros”.
En un primer punto, y recuperando la disposición del gobernador Alejandro Tello Cristerna a poner sobre la mesa su renuncia ante el reclamo social de su incumplimiento en materia de seguridad, exigió de manera extensiva que lo hagan “todas aquellas funcionarias y funcionarios que no cumplan con nuestro derecho a la igualdad, a la no discriminación y a vivir libres de violencia”.
El mensaje fue detonado por la reciente muerte violenta de la niña de nueve años San Juana, cuyo caso, dijo, se suma a las “más de 300 mujeres cuyos expedientes se acumulan en la Fiscalía”.
La Red reiteró su exigencia de que se emita la declaratoria para el estado de Zacatecas de la alerta de violencia de género por feminicidio que, conjuntamente con otras organizaciones de la sociedad civil, han solicitado a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación, misma que se encuentra pendiente de resolución desde el pasado mes de enero, recordó.
Ante el que llamaron el “titubeo” de la dependencia federal, pidieron al gobernador que “asuma su obligación y solicite la declaración de la alerta de género por violencia feminicida”, a la que también pide “no le tema”, y sí a la creciente muerte violenta de mujeres en la entidad y “resuélvala”.
Sobre el tema que ha resultado polémico en el país luego que la emisión de estos mecanismos no ha desalentado los feminicidios donde ya se ha implementado, solicitaron a la par una revisión, pues justo se remite al cumplimiento de ciertos criterios y no a ofrecer resultados, dijo María Luisa Sosa de la Torre, cabeza de la Coordinadora Feminista Olimpia de Gouges.
Pidieron asimismo a las autoridades la revisión de los mecanismos para la búsqueda y localización de personas Alerta Amber y Protocolo Alba, sobre los que hay la presunción de que hubo tardanza en su implementación en el caso de San Juana, pero también, el que se generen otros específicos que atiendan a las características y condiciones geográficas locales.
Se manifestaron por la generación de un “ambicioso programa de prevención de la violencia” que tenga como población objetivo a la juventud y la niñez de Zacatecas, respaldado en recursos no sólo reorientados de las herramientas legislativas sino también con los sueldos, compensaciones de las y los funcionarios de gobierno, a los que calificaron de ostentosos.
Su respuesta a quién y cómo se evaluará quienes son todos aquellos funcionarios y funcionarias que no cumplen con el derecho a la igualdad, la no discriminación y la vida libre de violencia de las mujeres y niñas en Zacatecas, fue que existen parámetros ya previstos en la legislación internacional que ha firmado el Estado mexicano y la del país, entre otros ordenamientos, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la que deriva la correspondiente local, y mediante la que “el mismo gobierno debe hacer sus propias mediciones”.
Anunciaron que por la tarde, luego de la concentración que se ha convocado a partir de las 17 horas en la Plaza de Armas para exigir justicia en el caso de San Juana, propondrán una serie de foros ciudadanos para que la población exprese lo que a su consideración está fallando en la entidad en materia de seguridad pero también exponga sus propuestas de solución.
Hablaron, asimismo, del tema presupuestal, cuyo diseño para el próximo ejercicio fiscal, dijeron, debe tener características de flexibilidad, ya que el estado depende de la Federación en este rubro en un 94 por ciento, mientras que el seis restante debe atender a problemáticas específicas como las expuestas.
La diputada María Elena Ortega agregó sobre los medios de evaluación del apego o no a una cultura para la igualdad, de la que expusieron derivan entre otros aspectos, la violencia feminicida, la implementación ”de auditorías de tercera parte” en las que pueden intervenir organismos internacionales que tienen ya establecidas “baterías de indicadores”, así como auditorías ciudadanas.
Dijo que solicitarán informes a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) sobre la situación actual en la materia, y advirtió que “no somos zacatecanas y zacatecanos que nos vamos a quedar cruzados de brazos”, para agregar que también presentarán al próximo Gobierno federal “una agenda muy puntual” respecto de sus exigencias.
Contra el argumento vertido ayer por el gobernador de que en materia de seguridad hace falta que la sociedad denuncie, reviró que la población lo hace pero tiene miedo de la colusión de las autoridades con la delincuencia y objetó que también éstas tienen conocimiento como la propia sociedad de la información sobre la delincuencia, “no sé qué está esperando el gobernador, y si no puede que renuncie”.
Por su parte, Ricardo Bermeo, integrante de la CDHEZ y cabeza en la entidad de la organización Zacatecanos por la Paz, se manifestó por que se realice en el estado uno de los foros para la pacificación que propone llevar a cabo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Finalmente, Sosa de la Torre externó, para el caso de San Juana, la misma exigencia que el colectivo ha expuesto para los casos de otras víctimas de feminicidio, justicia y reparación del daño para la familia, a la que agregó la disposición de la Red para ofrecer acompañamiento.
