¡La reconstrucción!

El anhelo y lucha incansable de la izquierda, la reacción en contra de la rapiña expresada por amplios sectores progresistasy la respuesta a tiempo de los indiferentes ante el llamado tenaz de Andrés Manuel López Obrador para salvar los restos de lo que nos ha dejado de país “la mafia del poder”, lograron lo imposible:
Que la “sublevación social y ciudadana” como le llama el articulista de “La Jornada” Pedro Miguel, haya “liberado al país de una dictadura oprobiosa del grupo político, empresarial, mediático y delictivo que dominó durante 30 años y que operó en ese período un colosal programa de destrucción nacional: desmanteló políticas de estado, hizo de la corrupción un rasgo estructural del poder público, liquidó la soberanía, destruyó la industria nacional, arruinó al campo, barrió con empresas públicas, liquidó sindicatos y comunidades, fomentó el acanallamiento de sectores sociales enteros, hizo negocios con la devastación del territorio y los recursos naturales, empujó a la delincuencia a cientos de miles y en su último tramo, en las presidencias de Calderón y Peña Nieto, propició, por omisión o por dolo, un cuarto de millón de asesinatos, decenas de miles de desapariciones e incontables viudeces y orfandades” “La Jornada”5 de julio.
La “sublevación social y ciudadana” fue tal que Andrés Manuel obtiene una votación histórica a su favor, nunca antes recibida por candidato alguno en términos porcentuales. Ni habiendo sumado los votos de sus tres contrincantes lo hubieran alcanzado. De ese tamaño es el compromiso social y con la historia que tiene el hoy Presidente electo de México, quien, consciente de ello, no se concede descanso alguno: acude a reuniones de trabajo con los empresarios, con su gabinete, con medios de comunicación y en la UNAM con maestros alumnos y autoridades.
Al tema de la ley de amnistía el Presidente López Obrador le concede un apartado especial: la convocatoria a cuerpos de seguridad, a las cámaras de diputados y senadores, a académicos y en general a la población a fin de que hagan sus propuestas.
La gente está de acuerdo con el Presidente en la necesidad de articular el tejido social hoy deshecho, buscando la reconciliación social, pero exige que el “perdón y olvido” no alcance a aquellos que atentaron contra los derechos humanos elementales, que más duelen y que son irreparables: el derecho a la vida, el derecho a la integridad corporal y el derecho de libertad y presencia, de tal manera que homicidio, lesiones y secuestro no pueden tener cabida en la ley de amnistía que seguramente será expedida por el legislativo.
¿Y hasta donde alcanza el “perdón y olvido” en aquellos casos que no constituyen hechos de sangre pero sí de dinero, de bastante dinero? Me refiero a los funcionarios, sobre todo ex-gobernadores de reciente generación que prácticamente saquearon las arcas públicas en estos últimos años y que aparecen muy modositos y bien vestidos al lado de Peña Nieto en una fotografía que circula en redes.
La gente pide, yo entre ellos, que les alcance el “perdón” más no el olvido, por lo que deberán regresar lo que se llevaron que son miles de miles de millones de pesos.
Que se aproveche la nueva legislación penal, de estilo norteamericano , para que en etapa conciliatoria, los saqueadores hagan devolución del dinero o hagan entrega al gobierno de los bienes comprados con el dinero mal habido, lo que permitiría el uso de esos muebles e inmuebles en aprovechamiento para el interés social.
¿O no le gustaría que en la comunidad de Malpaso, precisamente debajo de la cortina de la presa, se estableciera una escuela agropecuaria y para el cultivo de peces, donde los jóvenes, además de recibir enseñanza, pudieran producir y vender sus productos al mercado local y nacional?
¿Y que personas con problemas de discapacidad, recibieran tratamiento médico de rehabilitaciónmedianteequinoterapia, en algún rancho ubicado por el rumbo de “Las chilitas perteneciente a la jurisdicción de la capital? Allí los caballos educados a la alta escuela están disponibles.
¡Claro! Y sobre otros bienes inmuebles se vería su uso social. Que mejor ejemplo correctivo y preventivo.
Según el distinguido y eminente penalista internacional, Edgardo Buscaglia, la mejor medida para acabar con la corrupción consiste en el decomiso de los bienes o dinero substraído del erario y la inhabilitación para ocupar cargos públicos. No se requiere, salvo casos excepcionales acudir a sanciones que lleven a la privación de la libertad, con lo que coincidimos.
“Hay gente que adora la plata y se mete a la política, si adora tanto la plata que se meta en el comercio, en la industria, que haga lo que quiera que no es pecado, pero la política es para servirle a la gente”, dice el ex-presidente de Uruguay José Mugica. ■