Defendamos el voto auténtico, pieza clave de la democracia.

El próximo domingo primero de julio se celebrará la jornada electoral para renovar los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la federación, así como la Legislatura estatal y los 58 ayuntamientos. El proceso electoral 2018 ha transcurrido en medio de la más grave crisis de representación política que hayamos sufrido desde la Revolución Mexicana, debido básicamente a la percepción generalizada de que los políticos, los partidos y las instituciones gubernamentales no trabajan por el bienestar común, sino que sólo tienen en mente sus propios intereses y los de los distintos poderes fácticos dominantes. El crecimiento mediocre de la economía nacional, la brutal pérdida de poder adquisitivo de los salarios, la precarización laboral, la ostentosa concentración de la riqueza, a lo que debemos agregar la desenfrenada corrupción y su vicio gemelo la impunidad, han propiciado un gran descontento social y la convicción de que las instituciones republicanas no representan a la gran mayoría.
Como consecuencia, se ha desarrollado una gran desafección de la población ante las instituciones, lo que ha conducido a varios cientos de miles de mexicanos a colocarse fuera de la ley. La exclusión de millones de jóvenes del empleo y del estudio, agudizada por la incisiva propaganda que los empuja a culpabilizarse por no ser parte del exclusivo círculo de consumidores cotidianos, ha generado el ejército de reserva disponible para el crimen organizado. La desafección de crecientes segmentos de la sociedad mexicana también se hace patente en la decisión de no denunciar los delitos ante el Ministerio Público, y es más notoria cuando estudiamos las percepciones sobre los partidos políticos y la clase política en su conjunto. Nunca como ahora han tenido tan poca credibilidad y su comportamiento en este proceso electoral no está significando un cambio para bien. La etapa de registro de candidatos a los cargos de elección popular puso de manifiesto la distancia enorme entre las militancias y los pequeños núcleos de personas con el poder de decidir las candidaturas y con el de la firma para proceder a su registro.
Lamentablemente, ya son muchas las denuncias sobre hechos que prueban la intervención ilegal de las autoridades estatales y diversos ayuntamientos en el proceso electoral, mediante el condicionamiento de los programas sociales a la emisión del voto por los candidatos oficiales, la distribución de materiales de construcción y de diversas cantidades de dinero a cambio de que se comprometa la emisión del voto. Ya alcanza cifras escandalosas la cantidad de tarjetas que comprometen el pago futuro de diversas cantidades de dinero a cambio del voto de Ricardo Anaya. Todo ello vulnera la pieza clave de cualquier democracia representativa, esto es, el voto libre y auténtico y, en consecuencia, la legitimidad de las autoridades que compran o condicionan los votos y de las que resulten electas.
Sería muy importante que las autoridades recapaciten sobre el daño que causan a las instituciones que encabezan y como su comportamiento contribuye a la profundización de la crisis de representación y al incremento de la desafección ciudadana ante las instituciones del estado. Ojalá que también la FEPADE cumpla con su función como defensora de la maltrecha democracia nacional.