El artículo 267 bis del Código Penal del Estado de Zacatecas fue reformado para indicar que “Comete el delito de violencia política por razones de género, quien realice por sí o a través de terceros, cualquier acción u omisión que impida, limite o restrinja los derechos político-electorales de las mujeres, o el acceso a un cargo público o a las prerrogativas inherentes al mismo”, disposición que cobrará vigencia aproximadamente dentro de un mes, luego que sea publicada en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado.
La Red Plural de Mujeres celebró la adición que incorpora la tipificación del delito de violencia política por razones de género al citado código, misma que dijeron, es la más avanzada de las cinco que se han integrado en la materia hasta el momento en las normativas de sendas entidades del país, y por tanto coloca al estado a la vanguardia, expuso María Luisa Sosa.
Observó que aunque la reforma a la Ley de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como la correspondiente a la Ley Electoral del estado en materia política constituían “un gran avance para nuestros derechos”, las sanciones que incorporaban eran solo administrativas.
“Para cerrar el círculo virtuoso era necesario el reconocimiento de que la violencia es un delito que lacera, denigra y lastima la dignidad de las mujeres llegando como lo hemos mencionado, al grado de acabar en algunas ocasiones con su vida”.
La Red expuso que detrás del logro se encuentra la lucha histórica de las mujeres zacatecanas por sus derechos políticos, y en el episodio reciente, la colaboración de la propia Red Plural de Mujeres y la confluencia tanto de la 62 Legislatura del estado a través de la Comisión de Igualdad entre los Géneros que encabeza la diputada María Elena Ortega Cortés y de su par, Lorena Oropeza, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Justicia; Gobierno del estado, mediante su Secretaría de las Mujeres, la Coordinación General Jurídica; así como del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas y la Fiscalía General de Justicia del Estado.
“Se trabajó de manera intensa con la finalidad de que el acceso a la justicia para las mujeres que vean comprometida su integridad, su dignidad, e incluso su vida, por el solo hecho de atreverse a ejercer sus derechos políticos en general, y los político electorales en particular, tengan una institución a la cual acudir para que las proteja en el marco de la ley”.
Para ello se buscó la configuración de un tipo penal demostrable y sancionable “de manera ágil, pronta y expedita”.
En las consideraciones, Sosa de la Torre, observó que a la par de haber crecido la participación política de las mujeres en el país luego que se han incorporado criterios de paridad vertical, horizontal y transversal para el acceso de ellas a los puestos de elección popular, se ha incrementado la violencia en su contra para frenarlas en el ejercicio de sus derechos político-electorales mediante las diferentes formas de violencia que históricamente se han ejercido en su contra, verbal, física, psicológica, sexual, económica, y aun el feminicidio.
“Este derecho a la paridad en Zacatecas ya quedó consagrado a nivel de la Legislatura del estado, y a nivel de los ayuntamientos en donde cada partido político, coalición o candidatura independiente deben cumplirla en sus tres dimensiones”.
Esta iniciativa fue presentada a la Legislatura del estado en el mes de octubre de 2016 por Ortega Cortés y tuvo que vencer, expusieron las declarantes, resistencias para su concreción.
Agregaron que debe acompañarse por el diseño de políticas públicas y un ambicioso programa de capacitación que involucre a las y los operadores de la ley ministerios públicos y jueces.
En la conferencia de prensa denunciaron asimismo que en el presente proceso electoral hay seis mujeres que han sido víctimas de violencia política por razones de género, mismas que precisó la titular de la Secretaría de las Mujeres, Adriana Rivero Garza, han recibido acompañamiento del Observatorio de Participación Política de las Mujeres.
Sin embargo, citó la información dada a conocer por el instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) en el contexto del reciente Encuentro Nacional de Observatorios de Participación Política de las Mujeres, ninguna ha interpuesto queja formal por estos hechos.
Aludieron en voz de María Elena Ortega, la convocatoria lanzada para que ayer mismo en todas las entidades del país, participaran las mujeres en la marcha que a las cinco de la tarde se convocó para exigir al Estado mexicano, un alto a la violencia política por razones de género.
Feminicidios y Alerta de Género
por Violencia Feminicida
La Red también respondió a preguntas respecto de la impartición de justicia para los casos recientes de feminicidio en la entidad. Y a la persistencia del problema ya que se han conocido otras dos muertes recientes.
Al respecto de la sentencia de cinco años que recibió el menor de edad que asesinó a la también adolescente jerezana Karen Dayanna, refirió María Luisa Sosa, que corresponde al marco legal aplicable a los menores de 18 años infractores de la ley.
Observó no obstante que el problema de la violencia contra las mujeres, en este caso el que alcanza su nivel más alto, el feminicidio, “va más allá de las sentencias”, pues requiere el acompañamiento de políticas públicas de prevención, ya que “los menores –de edad- se le están yendo de las manos a la sociedad en su conjunto”.
Dijo que se requiere el saneamiento de las relaciones interpersonales que implica la revaloración de las propias mujeres por sí mismas y el planteamiento de nuevas masculinidades, de manera que se expresa como un gran pendiente el que haya “paridad al interior de las familias”.
Agregó respecto del mecanismo de Alerta de Género por Violencia Feminicida solicitado para 11 municipios en la entidad por la Coordinadora Feminista Olimpia de Gouges AC, el Centro Las Libres de Guanajuato y la Red Plural de Mujeres, que la Secretaría de Gobernación “no ha dado su fallo final” al igual que lo ha omitido para 26 solicitudes de otras entidades de país, dijo, para evitar que el tema “sea elemento de peso en la –presente- elección”, lo que calificó como negligencia por parte del Gobierno federal.
Aborto legal en la Argentina
La reacción a la reciente votación aprobatoria de la interrupción del embarazo en el parlamento argentino, misma que paso para su discusión y aprobación al Senado de aquel país, fue de parte de la titular de Semujer, su congratulación por “los grandes avances que se tengan no solo en México sino en otros países que van a ser punta de lanza para el reconocimiento de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo”.
La funcionaria refirió que en México la legislación permite la interrupción del embarazo en determinados casos, pero que el tema debe acompañarse de políticas públicas que permitan a las mujeres acceder en los casos específicos ya establecidos, a este derecho humano de manera segura.
Por su parte, la diputada perredista María Elena Ortega aseveró que la resistencia para legislar al respecto en el estado de Zacatecas “sigue estando en la clase política” no de manera individual en los diputados y diputadas sino en los grupos parlamentarios que no quieren pagar “lo que ellos llaman un costo político y menos ahorita que es el tema electoral”.
Equiparó el caso del aborto legal con la resistencia que ha habido “para que las comisiones sesionen” respecto a la introducción de la figura legal en el Código Familiar del Estado de Zacatecas del matrimonio igualitario, “me permito hacer ese símil”.
Anunció no obstante que “todavía no concluye esta 62 Legislatura y estaremos informándole a los medios de comunicación (…) propuestas muy puntuales en materia de derechos sexuales y soberanía corporal de las mujeres”.
Reiteró su crítica a los grupos políticos que se oponen a abordar este tema, pues dijo, se conducen “diciendo que eso no es lo políticamente correcto ni lo electoralmente adecuado”, por su parte sostuvo que “los derechos humanos no están tras ninguna coyuntura, son o no son. Entonces en su momento estaremos nosotros informando al respecto de esta materia que está dentro de nuestras agendas legislativas y nuestros programas partidarios a nivel nacional”.
En su momento al habla, María Luisa Sosa de la Torre, quien encabeza en Zacatecas a la Coordinadora Feminista Olimpia de Gouges AC, se refirió al proceso que busca legalizar el aborto en Argentina para que sea un ejercicio libre de determinación de las mujeres hasta la semana 14 de embarazo, y después solo si éste es fruto de violación o hay peligro para la mujer o malformación fetal, que es “justamente la reivindicación de un derecho” que también existe en México sustentado en el artículo 4º. Constitucional.
Observo no obstante que se ha omitido su reglamentación, por lo que en algunos códigos penales del país se ha impuesto una prohibición expresa y solo en la Ciudad de México se incorporó en la normativa como un derecho inherente al libre ejercicio de la maternidad.
“Entonces nos congratulamos con este avance de las argentinas y señalamos que sí es una lucha permanente que el movimiento feminista y algunas integrantes del Movimiento Amplio de Mujeres seguiremos dando, dado que no aceptamos, no asumimos, que se nos colonice de la piel hacia adentro, que se nos colonice en el ámbito social. Tenemos que hacernos dueñas de nuestro cuerpo y tomar nuestras propias decisiones”.
El acceso a la interrupción legal del embarazo, expuso, “se refiere justamente a la soberanía de nuestros propios cuerpos, de nuestras propias decisiones y es la manifestación más clara del ejercicio de la ciudadanía dado que deberíamos tener ese derecho a decidir por nosotras mismas lo que queremos para nuestra vida”.
Esto no ocurre incluso en embarazos producto de violación a los que se refirió como “la expresión más grave de la maternidad forzada”.
Dijo que al tema del aborto legal, se apareja la exigencia a la Secretaría de Educación para que incorpore un programa muy amplio de difusión científica, laica y desprovisto de todo prejuicio “para que las mujeres puedan tomar decisiones” en conciencia de lo que implica el ejercicio de la maternidad, incluida la que sería producto de una violación.
Otra integrante de la Red Plural de Mujeres agregó que la despenalización de la interrupción del embarazo no implica una invitación a realizar abortos masivos sino es un medio de prevención que salva vidas ante la realidad de los abortos clandestinos.
Por eso la lucha de las mujeres en este sentido es la búsqueda del acceso a condiciones seguras y salubres para su práctica, “me sumo a la congratulación por las compañeras mujeres de Argentina”.
