Las Desapariciones ante el Nuevo Gobierno: otra vuelta a la espiral

Todas las nuevas leyes para enfrentar deficiencias de procuración de justicia en México y que repercuten en violaciones brutales de los Derechos Humanos, han sido fallidas. El caso del nuevo sistema procesal, que atendía la necesidad de que la justicia fuera rápida y expedita ha tenido avances exiguos y la caída de expectativas por demás ruidosa. Junto a eso, los sistemas de justicia alternativa, que teóricamente son una buena opción, están implementados muy por debajo de lo esperado. El caso de la ley de víctimas ha terminado en una revictimización de las víctimas. Y ahora tenemos el resultado de la discusión de los tres últimos años en torno a desapariciones forzadas.
En la mencionada ley se habla ya de registro de desaparecidos, sistemas de búsqueda y protocolos de denuncia. Sin embargo, debemos comentar algunos motivos de escepticismo en el éxito de esa Ley. Todos los procesos que establece no tienen responsable directo para hacerlo, fechas, mecanismos y sanciones en caso de incumplimiento. Esto significa que bien puede quedar colgada en el tiempo su implementación y no pasa nada. Es una Ley imperfecta. Otro tema esencial es la brecha entre el contenido de la ley y las capacidades institucionales para hacer que se cumpla. Es lo que pasó en el Nuevo Sistema de Justicia: la brecha de capacidades ha destruido el intento. No se calculan o se realizan diagnósticos de las instituciones involucradas para desplegar documentos de carácter programático paralelos a la ley, y con ello, tener mayores certezas de los procesos de implementación. Sin esto último, la norma es un conglomerado ingenuo de propuestas de los legisladores, que además, salen de sus funciones y no hay quien le dé seguimiento al proceso de ejecución. Es decir, los aspectos esenciales de la aplicación están sencillamente sueltos.
Hay otros aspectos de mayor preocupación que están en el contenido de esa Ley: la búsqueda queda a cargo de una comisión burocratizada y poco confiable. Veamos: se trata de desaparición forzada, luego entonces es donde agentes del Estado están involucrados en dicha desaparición, por ello, es vital contar con comisiones de búsqueda autónomas y, además, dotadas de amplias competencias para investigar. Pues no es así, son comisiones de los representantes de las mismas instituciones que pueden estar involucradas en las desapariciones. El caso de Ayotzinapa lo dejó super claro: la comisión de expertos independientes fue clave para probar que las autoridades mentían, ocultaban información y bloqueaban vías de búsqueda. Debía haber todo un capítulo en la Ley sobre apoyo internacional y mecanismos de independencia de investigación, pero que los legisladores se negaron a aprobar. Seguimos teniendo una clase política ajena al sufrimiento de la población. Ajena a la vida del pueblo. Demagogos que hacen los mismos discursos en cada elección y que igualmente vuelven a sus rutinas en las cuales nada resuelven. En la próxima elección volverán a salir a prometer seguridad. La emergencia de seguridad es de alto costo humano. Mientras, las madres en la madrugada sudando ansiedad, paradas frente a la ventana esperando aparezca su hijo y atrapadas en la nada.