La participación de las víctimas del delito, factor indispensable

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017, la inseguridad es el tema más preocupante para la población mexicana mayor de 18 años, por encima del desempleo, la pobreza o la educación. La participación ciudadana en la prevención del delito y la violencia es indispensable porque la seguridad ciudadana es el principio de la convivencia y el crecimiento económico, así como un pilar de las libertades civiles y democráticas. A mayor participación ciudadana, especialmente de las víctimas, menor sensación de inseguridad, y mayor esperanza de lograr una convivencia social más saludable. La base es el diálogo entre los gobiernos, las iglesias, los sectores sociales y todos los que puedan abonar a la construcción de la paz.
El origen de la nueva concepción de la participación de las víctimas fue la Caminata por la Paz que emprendió Javier Sicilia el 5 de mayo de 2011, y en particular la adhesión de decenas de otras víctimas al reclamo de justicia y verdad. Mientras avanzaba la marcha iba construyéndose una nueva narrativa acerca de la inmensa ola de violencia que padece el país: frente a la versión gubernamental de que la violencia era responsabilidad exclusiva de los criminales y de que el gobierno actuaba como respuesta a esa violencia con el único interés de hacer prevalecer el Estado de Derecho, las víctimas describían el abandono y corrupción de las instituciones de seguridad y justicia, el abuso de poder y la violación de los derechos humanos, la cancelación de las libertades y el cruel imperio de la impunidad.
Cuando la caminata arribó al Zócalo era indudable que se había convertido en un movimiento social que convocaba al gobierno y a la sociedad civil a abordar tres puntos esenciales: cambiar la estrategia de seguridad nacional, esclarecer las decenas de homicidios y desapariciones sucedidas en el territorio nacional en los últimos años y garantizar la justicia y la reparación del daño para las víctimas. Ante los representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, las víctimas y sus aliados plantearon la necesidad de construir leyes e instituciones para la atención integral de las víctimas, a fin de garantizar su acceso a la justicia, su protección y la reparación del daño causado por la acción u omisión del Estado mexicano. El resultado, ya se sabe, fue la creación de la Ley General de Víctimas en cuya exposición de motivos se lee: [Esta ley] “…es una respuesta concreta a la demanda, hoy universal, de visibilidad, dignificación y reconocimiento de derechos de las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos, y el reconocimiento del Estado mexicano de que le devienen obligaciones directas para la atención a estas víctimas, que no sólo promueva la ayuda, atención y reparación integral a la víctima, sino que además garanticen la no repetición de los actos victimizantes, y en general eviten la criminalización y victimización secundaria de los afectados”.
La publicación de la ley por Enrique Peña Nieto fue –en los hechos– el más importante reconocimiento institucional de la existencia de las víctimas. Sin embargo, la promulgación de la Ley General de Víctimas fue un paso positivo pero insuficiente en el camino de la paz, porque el fenómeno de la violencia en México no es marginal, sino que está estrechamente vinculado con la desigualdad, y con la corrupción de las instituciones y del sistema político en su conjunto. Hace falta más participación para avanzar más.