- El recurso fue interpuesto por haberse violado el derecho humano de garantía de audiencia en el procedimiento por la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo
- La suspensión es para que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje no dicte resolución en el juicio de titularidad hasta que se resuelva el amparo promovido por los 11 años de huelga constitucional
- Se trata de un revés más, propinado por el Sindicato Nacional Minero a Germán Larrea, propietario de Grupo México
El Sindicato Nacional Minero que lidera Napoleón Gómez Urrutia obtuvo un amparo que impide a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitir un laudo que valide la votación celebrada el pasado 28 de febrero por la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) en la mina San Martín ubicada en Sombrerete, Zacatecas, concesionada a IMMSA de Grupo México, misma que presuntamente daba el triunfo al Sindicato Nacional de Exploración, Explotación y Beneficio de Minas de la República Mexicana con 262 votos contra 150.
Este recuento ha sido objetado jurídicamente por la sección 201 del Sindicato Nacional Minero, quien sostiene que 160 de los trabajadores que abultaron el padrón del Sindicato Nacional de Exploración, Explotación y Beneficio de Minas de la República Mexicana, ya habían sido liquidados e indemnizados, por lo que no tenían relación laboral con IMMSA y, por tanto, derecho a votar por la definición de la titularidad del CCT.
J. Jesús Jiménez, secretario de Conflictos Sociales del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSySRM), interpuso el recurso ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas el pasado 22 de marzo, por haberse violado “su derecho humano de garantía de audiencia, a ser oído y vencido en el procedimiento por la titularidad del CCT”.
“La suspensión definitiva emitida por el Juzgado de Distrito en el Estado de Zacatecas del 24 de abril de 2018, es para que la Junta Especial No. Diez de la Federal de Conciliación y Arbitraje, no dicte resolución en el juicio de titularidad IV-292/2013, hasta que se resuelva el amparo promovido por J. Jesús Jiménez por los 11 años de huelga constitucional del Sindicato Nacional de Mineros y los salarios caídos de los trabajadores que valientemente han sostenido la huelga que ha llevado a cabo la Sección 201, toda vez que se ponen en riesgo los derechos de la huelga, declarada existente por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Amparo en fecha 29 de febrero de 2008”.
Esto fue expuesto como un revés más, propinado por el Sindicato Nacional Minero a Germán Larrea, propietario de Grupo México, cuya filial IMMSA es la patronal en el conflicto laboral cuya huelga suma ya 11 años de existencia.
En el contexto de la lucha de los trabajadores, también se expuso por parte del líder del Frente Social por la Soberanía Popular (FSSP), José Santos Cervantes, la actitud “servil y lacayuna” de los tres recientes gobernadores del estado, Amalia García Medina, Miguel Alonso Reyes y Alejandro Tello Cristerna, este último que incluso celebró el presunto triunfo en la votación del sindicato blanco que actualmente se encuentra en posesión de las instalaciones de la mina San Martín.
La obtención de la titularidad del CCT por esta organización gremial de Monterrey, dijo por su parte el asesor jurídico del Sindicato Nacional Minero, Nair Antonio Velasco, implicaría el desistimiento de la huelga y, por tanto, la pérdida de los derechos laborales que han peleado los mineros por más de una década.
José Carrillo, uno de los huelguistas de la Mina San Martín, denunció también la distribución, por parte de la empresa de Germán Larrea, de un comunicado fechado el 18 de abril de 2018, que invita a los trabajadores adheridos a la sección 201 del Sindicato Nacional Minero a cobrar “su liquidación”, para lo que la empresa pone como fecha, a partir de la cual se considerará el pago, que incluye utilidades, el año 2007, esto es, cuando inició la huelga, por lo que, dijo, se reconoce la existencia de la misma por parte de la patronal.
Esta “invitación” fue traducida por Carrillo como una estrategia “legaloide” para deshacerse de los trabajadores del Sindicato Nacional Minero; el documento advierte que la temporalidad del ofrecimiento es “por única ocasión” y tiene una vigencia del 18 al 27 de abril, por lo que les advierte que “aprovechen la oportunidad”.
