La educación y el trabajo son el camino seguro para los jóvenes

La violencia en México ha llegado a niveles increíbles en los últimos años. Más de 234 mil asesinatos tuvieron lugar entre 2006 y 2017, década marcada por la guerra que declaró el gobierno mexicano a la delincuencia organizada. La ONU y distintos organismos internacionales especializados en derechos humanos han criticado y solicitado que las medidas para atender la violencia en el país sean replanteadas; no solo por el alarmante número de homicidios y feminicidios, sino por la cifra creciente de desapariciones forzadas: 33 mil en el mismo periodo. Organizaciones defensoras de derechos humanos y de familiares de víctimas aseguran que la cifra total real es superior, ya que muchas de las desapariciones no son denunciadas o son reportadas bajo otras categorías penales. Aunado a esto, crímenes poco exhibidos como los cuerpos arrojados en fosas o la existencia de centros clandestinos de eliminación diluyen la verdad sobre la violencia en México. Y la más lamentable es que muchos de ellos son jóvenes.
Las acciones del Estado para atender la violencia han sido, en su mayoría, de carácter punitivo y construidas sobre el paradigma de la seguridad pública y de la seguridad nacional. Si bien el Gobierno Federal ha enfatizado durante un periodo la implementación de políticas de prevención de la delincuencia organizada como antídoto para la abrumadora ola de violencia en México, de acuerdo con organizaciones civiles como Cauce Ciudadano A.C. las políticas específicas no están diseñadas con un entendimiento sobre la dinámica de la violencia y el delito. El problema de la violencia en México no es un asunto exclusivo de seguridad; también debe ser entendido como un problema de salud pública. Factores de riesgo como la pobreza y desigualdad económica, la carencia de empleo, el tráfico y abuso de sustancias psicoactivas, el acceso a armas, por mencionar algunos, aumentan la posibilidad de generar conductas violentas que debilitan el tejido social. Sumado a ello, la corrupción política, empresarial y criminal, constituida bajo un pacto mafioso de concentración de poder político y de riqueza económica, aumenta el debilitamiento de un Estado ausente en la vida de las personas, cuya lógica de supervivencia ha sido la dilución de sus estructuras y la inmunización de quienes lo constituyen.
De acuerdo con la AC mencionada, “las gestiones, acciones y estrategias para la prevención social de la violencia deben cimentarse en la implementación de intervenciones integrales que fortalezcan factores protectores y promuevan la construcción colectiva de alternativas pacíficas para el desarrollo. Es indispensable alentar la promoción y defensa del principio pro persona (protección, participación y desarrollo), a través de un enfoque de salud pública que, al mismo tiempo, fortalezca la incidencia política para la construcción de políticas públicas y legislaciones que atiendan estas problemáticas.”
Pensar que la violencia debe ser atendida con más violencia es condenar a las personas y a las comunidades a la vulnerabilidad y al contagio permanente. 11 años de guerra no han dado buenos resultados. Se requiere voluntad y recursos para mantener a los jóvenes en las escuelas o en el trabajo, apoyar iniciativas recientemente presentadas como la de las brigadas de activación social para recuperar personas y territorios. No es normal la violencia, no es normal el homicidio… defendamos la vida de las personas, construyamos la paz.