Por falta de políticas de prevención, “ya llenamos el sistema penitenciario de jóvenes”, aseguró el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Ricardo Bucio Mújica, quien expuso que más del 70 por ciento de las personas privadas de la libertad en las cárceles del país tienen entre 18 y 25 años.
Sostuvo que los diagnósticos que han realizado a nivel nacional demuestran que la mayoría de los adolescentes que se encuentran recluidos en centros de internamiento fueron víctimas de violencia intrafamiliar y de desigualdad económica, además de que abandonaron la escuela.
Por ello, recalcó que son las acciones de prevención de estas situaciones que vulneran las condiciones de crecimiento y desarrollo de los menores de edad las que deben trabajarse para abatir la participación de los jóvenes en hechos delictivos y no debe apostarse por el incremento de las penas en la justicia adolescente.
El hablar de un aumento en los años de encierro de este sector de la población, dijo, es “populismo punitivo” que lo que conlleva es el abandono de la responsabilidad que tienen la sociedad, las familias y “claramente” los gobiernos de elaborar políticas de prevención del delito.
Las situaciones ya mencionadas que enfrentan los niños y adolescentes en México no son las únicas, sino que hay otras formas de violencia como el ciberdelito, la pornografía infantil, las redes de pederastia y de trata de personas.
Asimismo, refirió que un aspecto que influye en la conducta adulta de los que ahora son menores de edad es el “castigo corporal” que se aplica en los hogares ante un mal comportamiento.
En este sentido, informó que la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago) ha fijado 10 compromisos para que los gobierno estatales trabajen en este 2018 y puedan cumplir las metas en los próximos meses. Uno de ellos, apuntó, es el de erradicar este tipo de castigos que se imponen en las familias.
“El castigo corporal que se da en la mayoría de los hogares se reproduce en las escuelas, luego en los centros laborales y después en la violencia intrafamiliar”, sostuvo para ejemplificar la importancia de abandonar estas prácticas.
En cuanto a la atención que se brinda a los niños y adolescentes que son víctimas de cualquier tipo de violencia, destacó que en 2017 también hubo 10 compromisos que se hicieron por parte de las administraciones estatales en esta materia.
Al respecto, dijo que Zacatecas cumplió con nueve pero quedó pendiente el último que precisamente se refiere a fortalecer una de las instituciones encargadas de atender estas situaciones.
Se trata de aplicar una serie de cambios en la Procuraduría de Protección Especializada en la atención a este sector poblacional para lograr que sea una instancia independiente, autónoma y que dependa, no del Sistema DIF, sino de la Secretaría General de Gobierno, a fin de que se integre al gabinete de seguridad de los distintos estados.
La necesidad de que esto ocurra, puntualizó el funcionario federal, se debe a la incorporación de nuevas facultades para esta dependencia que incluyen áreas de protección tanto jurisdiccionales a través de la Fiscalía de Justicia y el Poder Judicial como no jurisdiccionales mediante la presencia de organismos defensores de los derechos humanos.
También se añaden rubros que requieren la existencia al interior de esta procuraduría de policías especializadas para la atención de niños y adolescentes vulnerados y maltratados, así como de ministerios públicos especializados.
