¿Más imposiciones presidenciales disfrazadas?

¿Más imposiciones presidenciales disfrazadas?
El miércoles pasado se ratificó en Brasil, en medio de protestas masivas, la condena de Lula da Silva, ex presidente y posible candidato a la presidencia de ese país, por delitos inventados. La verdadera motivación del gobierno reaccionario y derechista, era evitar la seguridad que tendría Lula de ganar la elección.

No es un hecho aislado. En Honduras, cuando la oposición iba ganando las elecciones presidenciales al mandatario derechista que quería reelegirse, y cuando la oposición llevaba ventaja de más de 100 mil votos, “se dio la caída del sistema por cuatro horas (era el 29 de noviembre de 2017)… ese día se reinició el conteo a partir de cero” y ya el presidente saliente, Juan Hernández, ganó aunque los votos anulados eran ya 70 por ciento del total. La información es del periódico El Libertador, de ese mismo país, del 4 de diciembre. Ilustra las publicaciones al respecto con fotos e, incluso, en su edición de Internet, con película con el ejército en movimiento, con todos los soldados enmascarados. Por supuesto, el gobierno estadunidense y sus seguidores reconocieron al presidente de inmediato.

Con este ejemplo reciente no podemos dejar de recordar la similitud con uno de los fraudes más descarados registrados aquí, en 1988. Al entonces candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas, que ya había ganado en las primeras cuatro entidades donde se habían contado las boletas, incluida la capital, también le pasó; se cayó el sistema por evidente decisión gubernamental, y a partir de eso todas las demás entidades se volvieron a favor del PRI y del candidato oficial, Carlos Salinas de Gortari, que resultó presidente, como ahora el de Honduras.

En otros países hay otros problemas. En Chile ganó la derecha, pero ahí guardaron más las apariencias. En Argentina, la represión es evidente y masiva. Y en México hay una situación anormal con la nueva Ley de Seguridad Interior. Las protestas han sido enormes, una de las más recientes es de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Ante la evidente impopularidad del actual gobierno y de su partido, las encuestas, de las que algo ya hemos mencionado, dejan al PRI en tercer lugar a nivel nacional. En Ciudad de México les ha ido peor, llegando hasta al quinto. Y están viendo cómo seguir en el poder como se pueda. Por supuesto, con las mentiras que durante mucho tiempo han dicho. Pero la represión y la violencia también aumentan en la cantidad de asesinatos, incluyendo periodistas y, en general, sin que se localice o detenga a los culpables.

El miércoles 6 de diciembre de 2017 se publicó en la página 4 de La Jornada que: La minuta de Ley de Seguridad Interior (LSI) que envió la Cámara de Diputados al Senado es un proyecto muy preocupante, pues está demostrado que una década después de que las fuerzas armadas fueron desplegadas en labores de seguridad pública, la violencia no ha disminuido y tanto los agentes estatales como los federales siguen perpetrando violaciones a derechos humanos, incluso torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, afirmó el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Zeid Ra’ad Al Hussein.” Esto mismo lo reprodujimos en este periódico el 10 de diciembre.

Desde más arriba, los que deciden tienen dos opciones comprobadas: cuando el PRI ya no puede sostenerse, ha entrado su otra opción, el PAN, que ha entrado a la Presidencia en los años 2000 y 2006. Y cuando el PAN, después de sus múltiples entregas a los multimillonarios y a los vecinos del norte, ya se agotó y no pudo ganar otra elección, regresó el PRI al gobierno, pero con una política mucho más derechista y entreguista, incluso que las presidencias panistas. Si el PAN se agotó en dos sexenios, al PRI le bastó con uno.

La Ley de Seguridad Interior es una muestra de que los gobernantes quieren seguir en el poder, incluso con el Ejército, al que le dan más poderes de los que ha tenido. Y, claro, seguirá obedeciendo al gobernante, y éste, a los más poderosos.

La violencia del presidente de Honduras contra las multitudes, después de su fraude electoral, es una clara muestra.

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