El pasado 20 de enero y en el contexto de celebración del séptimo y octavo plenos extraordinarios del Consejo estatal del PRD, la ex diputada Guadalupe Hernández profirió con un grito desaforado su lesbofobia contra la actual diputada local en funciones María Elena Ortega Cortés, instando con un gesto a los demás militantes a respaldar su “¡fuera las marimachas que dicen que representan a las mujeres, fuera, fuera!”, que remató con una provocación, “¿¡qué, aquí estoy, qué!?, dirigida a la cara de la legisladora, quien recibió la agresión en silencio.
Este episodio se suma a otros recientes, de agresiones efectuadas en el ámbito público y con expresiones discriminatorias, dirigidas a mujeres, por su orientación sexual, su estado civil o su embarazo, o el desacuerdo con sus posturas políticas que ha desatado en contra de ellas expresiones misóginas, machistas, sexistas y que las estereotipan.
Al recuento se suma el mensaje publicado el pasado 18 de enero en la cuenta de twitter (@RubnValdzZam) del periodista Rubén Valdez Zamarrón, referido a una diputada local.
“A Isadora Santibañez no la pueden poner como candidata, está embarazada y es difícil su movilidad”.
Dentro del mismo tenor se encuentran las declaraciones del diputado federal priísta, Benjamín Medrano Quezada, paradójicamente, secretario de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados e integrante de la correspondiente de Puntos Constitucionales, respecto de que “los niños de madres solteras se vuelven delincuentes por falta de atención”, que aparecieron en la edición del citado día en la nota de Alberto Núñez Hernández del periódico Página 24.
El 12 de enero, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, aspirante a la Presidencia de la República mediante candidatura independiente, durante su visita a Zacatecas, se tomó una fotografía en el cerro de La Bufa montado en su caballo (del que dijo lo lleva consigo porque “no me cuesta mucho. Come un bulto de alimento por semana. Mi caballo anda conmigo como anda mi vieja y come menos que ella. Me sale más barato mi caballo que mi vieja”).
En entrevista con este medio publicada el 3 de diciembre del 2016, la entonces directora del Centro de Justicia para las Mujeres, actual integrante de la Unidad de Colectivos por la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres y las Niñas, Mara Muñoz Galván, advirtió respecto de los insultos proferidos en redes sociales en contra otra diputada local, Iris Aguirre Borrego, “que las mujeres que participan en política son constantemente cuestionadas y sujetas a agresiones que se focalizan en su condición de género vista desde los prejuicios construidos desde una cultura machista y misógina”.
Iris Aguirre había manifestado su acuerdo con las políticas migratorias de Donald Trump. En respuesta recibió agresiones que expuso Muñoz Galván, “lo único que hacen es bajar el nivel de la discusión pública al desviar la atención del asunto de fondo”.
Agregó a la lectura de aquel evento que la sociedad mexicana es violenta, “que poco se detiene a reflexionar que las peores agresiones empiezan con las palabras, “en ese sentido hay que concientizar a la ciudadanía sobre el peso de las expresiones de odio”, dijo.
En la escala de la violencia misógina, es el feminicidio el último peldaño. A las mujeres no las matan “por el hecho de ser mujeres” sino por la idea que tiene el agresor, sea un individuo, un grupo o una comunidad, de lo que es serlo, y que acota según la perspectiva de la convención social inserta en visiones machistas, sexistas y patriarcales, lo que pueden o deben hacer, y lo que no, según han expuesto organizaciones y activistas defensoras de sus derechos humanos.
En nota del reportero de Reforma, Antonio Baranda, publicada este 22 de enero y que tiene como fuente estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se refiere un aumento en el país los últimos tres años, del 74 por ciento en los feminicidios, pero también que existe un subregistro de los mismos, pues muchas de las muertes de mujeres que debieran tipificarse de esta forma se clasifican como homicidios dolosos o culposos, este último señalamiento que hizo la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada.
El mismo reporte denominado Información Delictiva y de Emergencias con Perspectiva de Género cuyos datos refieren su corte al 31 de diciembre del 2017 y proceden de las denuncias interpuestas ante el Ministerio Público, ubica al estado de Zacatecas en el sitio noveno de 32 entidades con 120 presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso de un total en el país de 2 mil 585, y el tercer lugar respecto de la tasa por cada 100 mil habitantes mujeres, con 14.6 muertes, que la colocan, después de Baja California Sur y Colima.
Respecto de los asesinatos de mujeres tipificados como feminicidios, la entidad se encuentra en el décimo sexto lugar empatada con Chihuahua, al haberse iniciado 11 carpetas de investigación entre enero y diciembre del 2017 por este delito.
En el apartado del número de feminicidios por cada 100 mil habitantes mujeres, Zacatecas ocupa el octavo sitio de 32 entidades federativas con una tasa de 1.33 que se encuentra por encima de la nacional ubicada en 1.06.
Y dos de sus municipios, Guadalupe y Loreto, están integrados al registro de las 100 primeras demarcaciones en incidencia de este delito en los lugares 51 y 81, respectivamente, con tasas según el incide citado, de 3.11 y 7.42, muy por encima de la media nacional y estatal.
El pasado 21 de enero la dirigencia estatal perredista encabezada por Arturo Ortiz Méndez ofreció una conferencia de prensa que inició con una denuncia pública respecto de presuntos actos de violencia en contra de una mujer perredista, se habló de lesiones, y se reservó el nombre del presunto agresor, pero nada se dijo de la violencia verbal discriminatoria en contra de la María Elena Ortega Cortés.
Para el caso de las expresiones del periodista Rubén Valdez Zamarrón y del diputado federal priísta Benjamín Medrano, hubo una respuesta el pasado 18 de enero, tanto del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, como de la Secretaría de las Mujeres (Semujer), el primero haciendo mención expresa del nombre del comunicador.
El propio reportero, también en redes sociales había manifestado una disculpa pública dirigida a “todas las mujeres que se sintieron ofendidas”, a la referida diputada y al esposo de esta, por su comentario.
No obstante sitúa su argumento en aclarar “que no es autoridad partidaria” para determinar si la diputada será candidata o no, y nunca a la referencia que hizo de una presunta condición que la imposibilitaría para serlo; visión que también compartiría el instituto político al que pertenece la legisladora, pues Valdez Zamarrón señala que en esa familia, sin aludir sólo a la interesada, existe un “temor fundado de que ‘no la dejen’ participar, pero reiteró que será decisión de su partido”.
Las instancias manifestaron sendos exhortos en mismo términos. El Observatorio aludiendo incluso al marco constitucional, específicamente los artículos 6 y 7, “los cuales establecen las limitación al derecho de libertad de expresión; y a los artículos 5 y 394 de la Ley Electoral del Estado que prohíbe expresamente a toda persona ejercer violencia política por razones de género”.
De manera específica su llamado fue a que en el contexto del discurso público inscrito en las diferentes etapas del proceso electoral no se utilicen “expresiones sexistas, ni estereotipos de género que perpetúen la discriminación y violencia contra las mujeres (…) que ejerzan o aspiren a cargos públicos o de elección popular por razones de género y condición de embarazo”.
A Medrano Quezada lo exhorta a evitar “estigmatizar o discriminar a mujeres por condición de estado civil o libre ejercicio de la maternidad”, y observa que existe una “corresponsabilidad en el cuidado de las y los hijos”.
La Semujer por su parte, en su carácter de instancia responsable de la implementación, seguimiento y vigilancia de la Política de Igualdad de Zacatecas, señala que “en todo momento los medios de comunicación, autoridades, instituciones públicas o privadas, tenemos la obligación de respetar el ejercicio pleno de los derechos humanos, de eliminar toda clase de estereotipos de género y lenguaje sexista que fomenten la discriminación y la violencia contra las mujeres”.
Y hace un llamado “para que se evite emitir expresiones que fomenten la discriminación en contra de las mujeres por condiciones de género, estado civil, maternidad o embarazo; así como expresiones dirigidas a descalificar y limitar la participación de las mismas en el ámbito laboral, público o político”.
