Qué mecanismo hace que la autonomía de los poderes se pierda y qué mecanismo provoca que el federalismo se pulverice? Pues la mediación del sistema de partidos. Veamos: cuando una legislatura estatal quiere decidir sobre presupuesto, es el partido en el poder ejecutivo el que maniobra para que las órdenes del gobernador en turno se cumplan, superando con ello la autonomía de los poderes. De la misma manera en la relación entre gobierno federal y los estados: el partido en el gobierno hace las veces de controlador de las decisiones sobre a cuáles estados o instituciones beneficiar con recursos extraordinarios de la hacienda pública nacional, y cuáles no. La conveniencia política establece los criterios de manejo de la hacienda, estatal y federal.
En el caso de las Participaciones y Aportaciones están establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), los algoritmos y los criterios están definidos. En ese terreno la federación está limitada a actuar con arbitrariedad. Sin embargo, como sabemos, las urgencias de los estados y las instituciones son atendidas con recursos extraordinarios. Casi toda la inversión de obra nueva y proyectos de desarrollo son costeados por bolsas diferentes de las Participaciones o Aportaciones. Es cosa de analizar el contraste entre las cuentas públicas y los presupuestos para darse cuenta de esto: el flujo de recursos extraordinarios es altísimo y son determinantes para la salud de las entidades federativas. Lo mismo con las instituciones, es cosa de ver que el sistema educativo se gasta el 97 por ciento de sus recursos en pago de nómina, y los recursos para la inversión deben conseguirse a través de mecanismos extraordinarios.
Pues bien, una manera de ahogar a estados gobernados por la oposición es congelando el flujo de recursos extraordinarios que se sustentan en programas o convenios firmados expresamente para eso. Y si agregamos que un estado se ha puesto ‘a las patadas’ con el gobierno federal o sus sostenes políticos, sabemos la respuesta que reciben: ahogo financiero. En Zacatecas lo sabemos, aun se espera la resolución de la corte por el caso del llamado impuesto ecológico, el cual fue litigado por gobierno federal contra Zacatecas. Pero el caso de Chihuahua es por demás luminoso, porque ahí no sólo es un caso de controversia jurídica, sino de abierto ataque por el caso de corrupción donde están involucrados no sólo las autoridades hacendarias federales, sino las propias del partido en el poder (PRI), ya que se litiga un caso donde los recursos públicos fueron a parar a las arcas electorales de este partido. Es decir, corrupción a favor del PRI. Era de esperar que la reacción de gobierno federal contra el estado de Chihuahua sea virulento e intente la asfixia financiera como método de negociación, lo cual no resultó como lo pensaron. La posición de Corral, el gobernador panista de esa entidad, ha sido dura y determinante: no negociará las investigaciones de corrupción. En estos momentos, el costo político del PRI es muy alto, porque el partido como tal está involucrado y su candidato también, Meade sabía con seguridad de los desvíos y nunca dijo nada. A EPN le está explotando el sexenio en las manos.
