Es quizá una verdad bastante sencilla: el 2017 marcó un preámbulo de urgencia y emergencia para el proceso electoral de 2018. Siendo el año más violento del que tenemos registro en nuestra historia reciente, pero también uno en el que las expresiones políticas se polarizaron, la política se volvió una zona intransitable para la ética pública, la corrupción volvió a dar muestra de ser un sistema con plena vigencia, sin que nuestros mecanismos institucionales aún permitan siquiera disminuirla, y en el que la desigualdad campea en el ambiente internacional, ganadora de todas las batallas, el reto para nuestra democracia, de por sí disminuida en sus expectativas, no es para nada menor el próximo año.
A los retos que han permanecido en nuestra agenda durante tantos años, que son también los del orbe en general (desigualdad, corrupción, violación de derechos humanos), se suma una danza ofensiva de gastos electorales; la promulgación y camino de combate que deberá iniciarse en contra de la peligrosa Ley de Seguridad Interior, y evitar que el clima de violencia amedrente a la democracia, de tal manera que termine siendo factor decisivo en regiones amplias donde, si bien no podemos hablar de Estado fallido, sino de uno disminuido al grado que su existencia es mera presencia simbólica.
Tenemos pues tareas ineludibles, que aunque son obvias, parecen aún no aparecer con la fuerza necesaria en la agenda de nuestra clase política. El combate a la corrupción pasa por fortalecer las instituciones creadas para ello, evitando su vaciamiento con nombramientos que le quitan legitimidad, o desprestigiándolas, como sucedió con reiterados intentos en el año que culmina. Abatir la desigualdad es inherente a una política fiscal diferente, que permita disminuir el impacto a la clase media y empezar a pasar factura a las clases altas, privilegiadas con exenciones fiscales que contradicen la lógica hacendaria más elemental, así como empezar el camino rumbo a la implementación de verdaderos impuestos progresivos, como lo es de las herencias. Evitar las violaciones a los derechos humanos, es inseparable de un Estado que no los escatime, que los reconozca todos, que profundice la cultura de los mismos en todos sus agentes y que haga de éstos, más allá de un elemento discursivo, uno de práctica cotidiana, cuya contradicción tenga consecuencias del tamaño que debe tenerlos violentar la norma constitucional.
Es evidente que no combatir a la corrupción, permitir la impunidad, también impacta en la seguridad jurídica de todos los ciudadanos; no solo es el Poder Ejecutivo y el desvío de recursos lo combatible, también lo es la ineficiencia forzada del Poder Legislativo, o la cooptación del Judicial y la omisión de los órganos constitucionales autónomos. No abatir la desigualdad seguirá permitiendo dos países diferentes, y un discurso tan alejado de la realidad como ofensivo, entre quienes sugieren más obligaciones a quienes menos tienen y quienes carecen de oportunidades para elegir otro camino que no sea el que mejores rendimientos les otorga en la inmediatez. Continuar en la lógica de despreciar a los derechos humanos, nos provocará hundirnos más en la deshumanización que hoy nos tiene volcados en la peor crisis de seguridad en nuestra historia.
Aunque es reiterativo, cerrar el 2017, nos obliga a repetirlo: tenemos grandes retos que no podemos obviar para iniciar el 2018, un año que habrá de permanecer en nuestra historia por mérito propio, ojalá estemos a la altura de pasar como generación también a la misma página.
@CarlosETorres_
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