De nuestras ‘Jornadas’

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Seguridad interior, remedio con visión corta

Está en su papel el gobernador Héctor Astudillo Flores al asistir al Senado a respaldar la aprobación de la Ley de Seguridad Interior (LSI), pues Guerrero ha sido uno de los estados que más apoyo ha requerido de la Federación para enfrentar al crimen organizado, ante la incapacidad y apatía de los municipios y el gobierno estatal, e incluso frente a la incompetencia de las mismas fuerzas policiacas federales. Al opinar sobre su aprobación, el gobernador consideró que es procedente y necesario contar con el apoyo de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado, en un marco de respeto a los derechos humanos y con temporalidad de actuación.

Si se da como un hecho lo afirmado por el gobierno federal de que la mayoría de los delitos cometidos pertenecen al orden común, habrá que llegar a la conclusión de que el gobierno estatal ha fallado en la detención de los delincuentes y la aplicación de castigos, en tanto los municipios han sido incapaces de cumplir con su tarea de prevenir la comisión de delitos. Por eso mismo, importante es señalar lo sostenido por Astudillo en cuanto a que la LSI debe ser muy precisa en señalar con mucho rigor la ruta para fortalecer a las capacidades de las instituciones de seguridad estatal y municipal.

En consecuencia, el Poder Legislativo federal no debería pasar por alto este aspecto, con pleno respeto a la autonomía de los gobiernos estatal y municipal, pues hasta ahora muchos años ha permanecido el Ejército combatiendo al crimen en la entidad sin que estado y autoridades municipales asuman sus responsabilidades, sin que el Presidente pudiera ir más allá de amonestarlos públicamente y sin que el gobierno estatal haga lo que le compete, en tanto los municipios han recurrido al recurso de la comodidad, siendo omisos en la selección y capacitación de sus policías.

Aprobar la LSI sin incluir procedimientos legales es exponer a la población a probables excesos que los militares podrían cometer al hacer uso de las facultades que les otorgue la ley de referencia e implicaría mantener por siempre en la entidad a las fuerzas federales y lo que sería peor aún, sin alcanzar los resultados esperados como ha pasado hasta ahora.

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