■ Cuestionamientos a dicha legislación “fueron prácticamente desatendidos”
■ Señala que el ofrecimiento de aprobarla a cambio de dejar pasar Ley de Desaparición Forzada y por Particulares no fue oficial
■ Opina que fue una negociación que transitó por los corrillos al interior del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos y que se discutió de manera interna
La aprobación de la Ley de Seguridad Interior en la Cámara de Diputados casi al final del sexenio de Enrique Peña Nieto “es extraña, porque pareciera un compromiso contraído tiempo atrás que no se había podido sacar adelante”, opinó el integrante de la organización Zacatecanos por la Paz y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), Ricardo Bermeo Padilla.
Destacó como lo más importante del proceso, que los cuestionamientos que se hicieron a esa legislación no sólo desde la sociedad civil sino por parte de organismos nacionales e internacionales de defensa de derechos humanos, “fueron prácticamente desatendidos”.
Habría que remitirse a los estudios y posicionamientos que, para influir sobre la opinión pública, los legisladores y el Poder ejecutivo, realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y otros organismos desde los ámbitos nacional de internacional, en los cuales fundamentaron su negativa a respaldar la aprobación de la citada ley, o aun su intento por impedirla, puntualizó.
En ellos se adelanta un escenario de incrementos a las violaciones a los derechos humanos en términos generales, que tiene como sustento la experiencia de la militarización de las calles en otros países, pero también los casos conocidos que ya han protagonizado en México tanto el Ejército como la Marina, específicamente, y que se han sumado a las de las fuerzas policiales de diferentes órdenes.
Se considera que habrá un probable retroceso en esta materia debido a “la modificación profunda de las formas de operación de las fuerzas armadas”, por lo que lo más prudente sería evitar que la Ley de Seguridad Interior sea aprobada, dijo.
Cabe recordar que la legislación fue votada a favor en lo general en la Cámara de Diputados, donde se reservaron todos los artículos en lo particular, faltando además, todavía el proceso legislativo en el Senado de la República.
Ante el avance del proceso, tanto legisladores opositores como organismos defensores de derechos humanos han expresado su intención de interponer una acción de inconstitucionalidad y acudir ante tribunales internacionales para impedir su aplicación en caso de que sea aprobada, pero como otra postura, y ante la posibilidad de que el Senado la deje pasar, otros piensan que hay que preocuparse en capacitar en materia de derechos humanos a las fuerzas armadas, comentó Bermeo Padilla.
El pasado 30 de noviembre por la mañana en una entrevista radiofónica, el ex secretario general de Gobierno del estado de Zacatecas y actual diputado federal por el PRI, ya daba por hecho la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, aunque aún había dudas de que ocurriera, externadas por parte de presidentes de organismos defensores de DDHH, comentó.
A diferencia de otros defensores de derechos humanos, Bermeo Padilla sí esperaba que se aprobara “porque son demasiados los intereses que parecen estar empujándola”, incluso algunos de carácter internacional, que pudieran ir en el mismo sentido.
Aunque dijo que habría que corroborar esto último, agregó que en términos mundiales, continentales y nacionales más allá de los avances que ha habido en materia legal en relación a los derechos humanos, “se vislumbra un horizonte de retroceso” en el tema.
Dijo utilizando como referencia la caracterización que hace el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, que la época actual está dominada por el “fascismo social” que tiene una característica muy específica, convive con la democracia representativa liberal, una situación que el estudioso califica de inédita en términos históricos, apuntó.
Este fascismo social implica la exclusión “del contrato social” de un gran número de personas, esto es, se les deja sin derechos.
La Ley de Seguridad Interior entraría en esa corriente de retroceso de los derechos humanos, dijo, que han identificado las ombudsperson del país y otros organismos internacionales, y ante la cual hay que multiplicar las acciones de defensa de los derechos humanos, “en situaciones más complicadas evidentemente, y extendiendo la capacitación en todas direcciones, cosa que no estamos seguros que garantice su cumplimiento”.
Como otro dato curioso del proceso, Ricardo Bermeo también mencionó que en algún momento en la búsqueda de la aprobación de la Ley de Desaparición Forzada y por Particulares, “parecía que se estaba negociando una por otra”.
Ante la disyuntiva, los familiares de las víctimas de la violencia y el conjunto de organizaciones que han estado impulsado esta última, “decidieron no hacer ese trueque”.
“A mí me pareció muy congruente la decisión, sobre todo por parte de los familiares” que eran los más interesados en la aprobación de la Ley de Desaparición Forzada y por Particulares, misma por la que esperaron a lo largo de tres años.
“Entonces llegar prácticamente frente a la aprobación y decir no, también habla de que tienen conciencia de lo que está pasando y de las implicaciones de esa decisión”.
El ofrecimiento de dejar pasar la Ley de Desaparición Forzada y por Particulares a cambio de que a la par se aprobara la Ley de Seguridad Interior no fue oficial, sino una negociación que transitó por los corrillos al interior del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos y que se discutió de manera interna, también comentó.
