De acuerdo con su Ley Orgánica, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) “Francisco García Salinas” es una institución pública, descentralizada del Estado por servicio, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Para el cumplimiento de la alta misión que el Estado le confiere, la UAZ tiene plena autonomía académica y administrativa. Posee también la facultad y la responsabilidad de gobernarse en forma democrática, sin más limitaciones y prerrogativas que las que le imponga la Constitución de la república, la Constitución local y la ley. Reportes de encuestas recientes realizadas por empresas serias, por su trabajo y su historia la UAZ es la institución con mayor confianza social. Con mejor calificación que las Iglesias, la CNDH, y por supuesto que el gobierno y los partidos políticos.
Durante las últimas dos décadas, la institución ha venido reduciendo las conquistas de su personal agrupado en sus dos sindicatos: SPAUAZ y STUAZ, y el crecimiento de su matrícula se ha dado a costa de la disminución de los salarios de su personal académico, que hoy se encuentra entre los peor pagados entre sus pares del país. Por sus reducidas cuotas se mantiene como una alternativa al alcance de miles de jóvenes provenientes de sus numerosas capas populares empobrecidas, y los limitados incrementos de subsidios estatal y federal provocan que el costo por alumno sea de los más bajos de México. La calidad de casi la totalidad de los programas que ofrece ha sido certificada, lo mismo que la formación de un buen número de sus maestros e investigadores.
Lo anterior no ha evitado que, inducidos por la autoridad educativa federal, los salarios de sus mandos superiores sean desproporcionados, así como que hayan incurrido en mecanismos de corrupción como los descritos en investigaciones periodísticas como la denominada estafa maestra, o en irresponsabilidades, conocidas y toleradas por la SEP o la Auditoria Superior, como la de utilizar recursos de los maestros destinados al ISSSTE o al SAT, para financiar parte de su crecimiento.
La corresponsabilidad de las autoridades federales y estatales en las mencionadas irregularidades convierte en inaceptable su tajante negativa a resolver sus problemas financieros, tal como lo declararon el rector Graue, y los ex rectores Narro y de la Fuente, ambos de la UNAM, así como el titular de la ANUIES. Ellos tienen claro que desde1992, cuando Ernesto Zedillo era secretario de Educación en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el gobierno consideró inviables a las universidades estatales públicas e iniciaron su sustitución por el modelo de universidad tecnológica, politécnica, privada o a distancia. Por ello, a partir de entonces las universidades autónomas estatales y federales sólo crecieron 3.5% y 3.9% respectivamente, mientras que el sector privado ha rebasado ya el 40 % de la matricula nacional. Pero los excluidos por este modelo no podrán ser incorporados con el mismo mecanismo dada se pertenencia a las familias en situación de pobreza. Ellos son el ejército de reserva del crimen organizado.
Es fundamental entender que mantener a la UAZ en el hoyo financiero en este momento es una apuesta de un altísimo riesgo social para Zacatecas. Las autoridades federales y estatales deben reconocer su responsabilidad en las irregularidades, así sea por omisión, y su deber de proveer los recursos para que el mayor número de jóvenes posible obtenga educación de buena calidad, mientras que las autoridades universitarias tienen la obligación de responder a la confianza de la sociedad utilizando honradamente los recursos que se ponen a su disposición para ofrecer servicios de calidad, y rendir cuentas claras del destino de esos recursos. Y si no, que los responsables no queden impunes.
