Habemos que la pobreza, no sólo en Zacatecas sino en el país, se reproduce por el factor de los ingresos. Los llamados ‘derechos sociales’ han presentado algunos avances. Sin embargo, la pobreza laboral es el reto más difícil que tiene el Estado. Se llama pobreza laboral a la comparación de los ingresos laborales (quitando remesas y apoyos sociales) contra el costo de las canastas alimentaria y no-alimentaria. Así las cosas, si los salarios no suben y aumentan los precios (sobre todo de los alimentos), la pobreza continua al alza. En el caso de los derechos sociales, el más castigado es el de “seguridad social” que está ligado al empleo formal. En suma, para mejorar el nivel de vida de la población de Zacatecas, se debe procurar la creación de empleos formales que produzcan ingresos y seguridad social. Pero sabemos que eso no es garantía de empleos decentes (no-precarios), porque existen altos porcentajes de empleos formales con bajos ingresos. La pregunta es, ¿cómo crear trabajo con percepciones netas iguales o mayores de 180 mil pesos al año por cabeza, que además cuenten con servicios educativos y de salud gratuitos para sus familias? Es la gran pregunta que debe hacerse el Estado.
Lo que debe entender el gobierno es que es falso que el mercado se autorregula, sobre todo el mercado laboral. Por el contrario, el Estado debe convertirse en el rector estratégico en la promoción de empleos decentes. La clave para lograrlo, aparte de generar las oportunidades del mercado por la vía de la sustitución de importaciones, es estimular el factor principal de los rendimientos altos: la productividad. Y esta última es un efecto de la incorporación de conocimiento en los procesos económicos. Ahora mismo, la productividad se consigue con procesos metódicos, tecnología y capacidades especializadas de los trabajadores. Así las cosas, la pregunta que sigue es, ¿cómo lograr una economía de conocimiento en el estado de Zacatecas? Se requiere sincronizar al sistema educativo con el emprendimiento económico. Cosa nada sencilla. La actitud hacia la innovación de las universidades y tecnológicos, y la coordinación con la planeación económica es una tarea ardua y de muchas decisiones. Porque también se deben alinear los programas que fondean la inversión productiva.
Sin embargo, lo que observamos es un caos: la UAZ en paros y continua desestabilización de su vida institucional, sin planes de reforma académica y de erradicación de la corrupción; y al gobierno lo vemos centrado en la atracción de inversión extranjera que, frecuentemente, atrae sus operarios especializados fuera de la entidad. Un gobierno federal insensible con el motor de la innovación, como son las universidades: rescata bancos pero no centros educativos. Las salidas técnicas se conocen, pero el problema es de factibilidad institucional. La maraña en las instituciones es el obstáculo para detonar este y otros esquemas de desarrollo.
