Madrid. La jueza española Carmen Lamela se apresta a dictar este viernes una orden de detención internacional contra el presidente independentista catalán destituido Carles Puigdemont, mientras en Cataluña se organizaban protestas por el encarcelamiento de buena parte de su gobierno.
La magistrada de la Audiencia Nacional tiene que pronunciarse sobre la demanda de la fiscalía, que el jueves solicitó esa orden de detención particularmente dirigida a Bélgica, donde «se encuentran o al menos han viajado» Puigdemont y cuatro de sus consejeros.
Lamela actuó el mismo día contra ocho de los nueve miembros del ejecutivo cesado, entre ellos el vicepresidente Oriol Junqueras, que acudieron al alto tribunal en Madrid, enviándolos a prisión provisional sin fianza al considerar en el auto que jugaron «un papel activo, impulsando el proceso soberanista minuciosamente diseñado».
En libertad tras pagar una fianza de 50 mil euros salió el noveno ministro regional, Santi Vila, quien dimitió antes de la proclamación de la independencia el 27 de octubre, un hecho que llevó al gobierno central a asumir el control de la región, cesando a su ejecutivo y convocando elecciones para el 21 de diciembre.
La jueza justificó la decisión de encarcelar a los demás por el riesgo de fuga -citando, sin mencionarlo por su nombre, a Puigdemont y su ida a Bélgica-, por la probabilidad de que sigan delinquiendo y de que destruyan pruebas.
Puigdemont y su gobierno cesado son investigados por sedición y rebelión por el proceso que condujo a la proclamación en el Parlamento de la República Catalana hace una semana, delitos que pueden acarrear hasta 30 años de cárcel.
Protestas
En un corto mensaje emitido por la televisión pública catalana, Puigdemont exigió la noche del jueves la liberación de los consejeros y del vicepresidente» Junqueras, y «el fin de la represión política».
Irritados, grupos de manifestantes cortaron brevemente este viernes varias carreteras de Cataluña y una línea de tren en protesta por los encarcelamientos.
Universitarios por la República cortó la gran avenida de la Diagonal de Barcelona, así como una autopista en sus dos sentidos.
El organismo del gobierno catalán encargado del tráfico anunció en su cuenta en Twitter cortes en cuatro carreteras, levantados poco después.
Ferrocarriles de la Generalitat, el servicio ferroviario catalán, informó por su parte de la ocupación de las vías en la estación de Sant Cugat, cerca de Barcelona, lo que provocó retrasos. El servicio se normalizó dos horas después.
Finalmente, un grupo de manifestantes cortó una de las principales arterias de Barcelona a su entrada en la ciudad: «¡Ahora mismo estamos cortando la Gran Vía!», anunció en Twitter Arran, una organización juvenil independentista, noticia ilustrada con la foto del corte protagonizado por varias decenas de personas, algunas con la bandera independentista catalana.
La noche del jueves, 20 mil personas se congregaron frente al parlamento en Barcelona al grito de «¡No es justicia, es dictadura!».
Dos influyentes organizaciones independentistas, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ominum Cultural, han llamado a nuevas manifestaciones.
Los líderes de las organizaciones, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, se encuentran en prisión provisional desde el 16 de octubre por sedición. Un recurso de sus abogados pidiendo su liberación fue rechazado este viernes.
Los independentistas preparan una gran protesta el 12 de noviembre en Barcelona.
Impacto económico
Entre tanto, muchas empresas siguen trasladándose fuera de Cataluña en respuesta a la grave crisis política: 2 mil 66 se fueron desde principios de octubre, según datos del Colegio de Registradores.
Cataluña fue la región española que tuvo peor desempeño en octubre en cuanto a empleo, con un incremento de 14 mil 700 desempleados, según cifras oficiales divulgadas este viernes.
«Estos datos muestran claramente que esta situación es de extrema gravedad», advirtió en rueda de prensa el delegado del gobierno en la región, Enric Millo, quien advirtió de impactos negativos en el sector turístico, que representa un 12 por ciento del PIB regional.
A siete semanas de las elecciones regionales, las medidas judiciales reabren el debate en filas independentistas y de la izquierda sobre la conveniencia de participar en esos comicios del 21 de diciembre, convocados por el presidente del gobierno central Mariano Rajoy, en virtud del poder de intervenir la administración de una región que desobedece las leyes, que le otorga el artículo 155 de la Constitución.
Marta Pascal, portavoz del partido de Puigdemont, el PDeCAT (conservador independentista), llamó a constituir un frente común secesionista.
«Pedimos a todos que seamos capaces de ponernos de acuerdo […] una candidatura orgullosa de todo lo que hemos hecho, hemos llegado muy lejos, este país ha llegado más lejos que nunca», dijo Pascal.
