Mexicali, B.C. El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJBC) y del Consejo de la Judicatura de Baja California, Jorge Armando Vásquez, cuenta con antecedentes penales en Estados Unidos por posesión de droga.
El magistrado fue detenido por agentes federales estadunidenses a finales de junio de 1980, en la garita de Mexicali-Calexico, cuando intentaba cruzar en auto al estado de California en Estados Unidos.
A la fecha, el magistrado ha mantenido oculto este antecedente penal que, incluso, lo habría imposibilitado para hacer una carrera judicial, aunque el delito lo cometiera en otro país, en este caso Estados Unidos.
Cuando lo detuvieron por posesión de droga, tres eran los tripulantes del vehículo, según fuentes consultadas: el magistrado era el conductor; el propietario del vehículo iba como copiloto, y en el asiento trasero viajaba Carlos Cataño González, quien años después se desempeñaría como juez federal y magistrado del Poder Judicial del Estado hasta su inhabilitación por negligencia en su actuación como juzgador.
Agentes del Servicio de Migración y Aduanas de Estados Unidos condujeron el carro a segunda revisión donde encontraron marihuana en cantidad superior a la mínima para consumo. Fue así que inició el proceso por el delito de posesión de enervantes y su intento de introducirlos a Estados Unidos.
Con el número de preso 86608-079, Vásquez ingresó a la cárcel del condado de Imperial, en California, ubicado a 30 kilómetros de la frontera con Mexicali, donde permaneció un par de meses. Fue liberado tras reconocer su culpabilidad y su expediente trascendió una vez que pasó el tiempo marcado por la legislación estadunidense para su publicación.
El presidente del Poder Judicial del Estado solicitó hace dos años un perdón para tramitar su visa de turista para ingresar a Estados Unidos.
De acuerdo con fuentes que pidieron el anonimato, el argumento fue haber sido menor de edad cuando cometió el referido delito en el país vecino del norte, pues tenía 18 años, aunque en México en dicha edad ya se considera la mayoría de edad.
Vásquez mantuvo oculto este antecedente judicial por más de tres décadas, durante las cuales se convirtió en abogado, realizó su carrera judicial como proyectista de sala hasta ser magistrado y, desde mayo de 2015, ocupar la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, luego del suicidio de su antecesor, Marco Antonio López Magaña, al término de una gira del presidente Enrique Peña Nieto por el puerto de San Felipe, en el Mar de Cortés.
La fracción VII del artículo 60 de la Constitución local señala que para ser magistrado es necesario gozar de buena reputación y fama pública.
Actuación judicial
En la gestión del magistrado Armando Vásquez, el Consejo de la Judicatura aprobó el retiro de los magistrados con el ciento por ciento de su salario más gastos médicos, con el beneficio de, en caso de muerte, heredar a la viuda y a los hijos de hasta 25 años de edad los ingresos y el seguro médico, siempre y cuando no contrajeran nuevas nupcias.
Ante la presión social, un juez de Distrito del Poder Judicial de la Federación dejó sin efecto estas prebendas a partir de un juicio de amparo que se promovió y del que se obtuvo un fallo favorable que declaró inconstitucional esas medidas establecidas en el Reglamento Interior del Poder Judicial del Estado.
El Colegio de Abogados promovió juicio político contra Vásquez, pero fue desechado por el Congreso local que señaló que las modificaciones al reglamento se derogaron. Paradójicamente, esto provocó que los juristas iniciaran un juicio de amparo contra la decisión parlamentaria, el cual está en proceso de resolución.
En junio de 2017, el magistrado Cataño González -el tercer tripulante del vehículo detenido en junio de 1980 en el cruce de Mexicali-Caléxico, fue inhabilitado por el Consejo de la Judicatura Federal por un procedimiento administrativo que se le instauró cuando fungió como juez de Distrito.
Pese a ello, Vásquez lo sostuvo dos meses más en el cargo de magistrado en la Quinta Sala y en el pleno del TSJBC, pasando por encima la notificación oficial que le ordenó la inhabilitación y hasta que el Congreso local lo separó por una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Cataño fue inhabilitado por notoria negligencia al otorgar suspensiones en contravención del artículo 192 de la ley de amparo que permitieron que una gran cantidad de automóviles de los Estados Unidos ingresaran al país sin pasar por los controles fiscales y de certificación de origen, y sin pagar derechos de importación.
