- La estrategia fue diseñada para restringir el subsidio a las universidades: titular del Spauaz
- Afirma secretario que veces se induce a los universitarios a participar y estos se prestan para ello
“La estafa maestra” del Gobierno Federal para triangular recursos a empresas fantasma, mediante instituciones de educación superior, “es una dinámica que la Federación ha instituido como una estrategia perversa para contaminar las universidades, pero para eso necesita actores internos que se prestan para eso”, opinó Pedro Martínez Arteaga, secretario general del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz).
Según la información que se ha revelado, comentó que cuando las dependencias del Gobierno Federal ofrecen esos proyectos a funcionarios de las instituciones, a cambio de ciertos dividendos, ellos aceptan participar en la triangulación del recurso.
“Me da la impresión de que avientan el anzuelo a ver quién lo pesca, y cuando hay gente fuera de la universidad que sabe cómo funciona esto, a veces inducen a los universitarios a participar, quienes con malicia y ambición, se prestan para ello”, indicó.
El problema reside en que estos procesos golpean y manchan a las instituciones, porque muchas universidades han participado en esos proyectos, pero en el momento en que acudan a solicitar más subsidio, el Gobierno Federal puede negarlo con el argumento de las prácticas corruptas en que han incurrido con ese mecanismo de desvío de recursos.
Martínez Arteaga consideró que es un sistema diseñado por el Gobierno Federal de manera perversa, una trampa para que las universidades sean acusadas de malversación de fondos y de corrupción, de forma que “detiene por dos vías el recurso para la viabilidad de la educación: uno, restringe subsidios, y dos, señala la corrupción”.
En el caso de la UAZ, donde se evidenció la participación de un grupo de docentes coordinados por el ex director de la Unidad Académica de Contaduría y Administración, Edmundo Guerrero Sifuentes, señaló que de acuerdo al resultado que arroje la investigación y la propia auditoría, se actúe conforme al imperio de la ley.
Asimismo, señaló que el Spauaz no puede emitir un juicio sobre lo ocurrido porque el tema sigue en investigación y deben ser las instancias correspondientes las que determinen las sanciones que sean merecedoras.
No obstante, parece ser que se trata de un esquema en el que “corrompen a los rectores, corrompen a los administrativos, y al final hacen negocios con algunas empresas. Está muy bien pensada esa estrategia para corromper en las universidades y de esa forma gana el gobierno, ganan los actores internos que rayan en la corrupción, pero a la vez es un arma para limitarte el recurso acusando que somos corruptos”, concluyó Martínez Arteaga.
