(Ccp a Juan Gómez)
Es de todos conocido el insistente empeño de la minera Tayahua, propiedad de Carlos Slim, de desplazar a los habitantes de la comunidad de Salaverna, Mazapil, para hacer uso de esos terrenos en la explotación de sus minas. Una parte de los habitantes se ha resistido a abandonar su lugar de origen; y por lo mismo, se han visto hostigados y agredidos por múltiples vías para obligarlos a desplazarse a otra comunidad llamada ‘Nuevo Salaverna’. La resistencia ha sido mucha, dado que lo hacen frente a una compañía que pertenece a un hombre muy rico e influyente. Pues bien, como parte de la hostilidad de que son objeto, el pasado 23 de diciembre (2016), justo en esa fecha tan conveniente, la Secretaría General de Gobierno de Zacatecas coordinó unas acciones donde, al mismo tiempo que mandaron llamar a los líderes de la comunidad a la capital del estado a fin de que no estuvieran presentes ese día en la localidad, revistieron un operativo con el personal de protección civil para derrumbar viviendas, y hacer otro intento para desplazarlos. La comunicación de los moradores de Salaverna con sus líderes fue inmediata, y con eso se hizo posible detonar redes de solidaridad con la comunidad y, del mismo modo, se desplazaron periodistas al lugar de los hechos a constatar y reportar lo que ahí ocurría.
Básicamente, lo que reportaron los periodistas es lo que terminó por confirmar la investigación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ): hubo un claro abuso en el uso del poder, y “se acreditaron violaciones de derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, porque no existió orden judicial para la demolición de inmuebles, desalojo de muebles y pertenencias, y bloquear el acceso a la comunidad por parte de policías” (Doc. CDHEZ). Por lo cual se emitió la recomendación 03/2007 a la Secretaria de Gobierno, a través Juan Antonio Caldera de Protección Civil y de Raquel Sifuentes, Coordinadora de Asesores de la misma Secretaría. Además, a la Secretaria de Seguridad Pública por la intervención irregular de la policía. La indagatoria de la Comisión de Derechos Humanos fue contundente: el uso indebido del poder y la consecuente violación de los derechos humanos de los habitantes de Salaverna debe ser remediado, al grado de recomendar que “se inscriba a los agraviados en el Registro Estatal de Víctimas” a fin de que puedan ser compensados debidamente. Y no solamente: también se recomendó la elaboración de los estudios de impacto del uso de explosivos de la minera Tayahua sobre la comunidad. Pero como todos sabemos, la Secretaria de Gobierno no aceptó dicha recomendación.
Pues bien, no sólo es preocupante que ocurran las violaciones a los derechos humanos aquí descritas, sino la reacción de las autoridades y personas afines a la Secretaría de Gobierno (SG): el ataque a la titular de la CDHEZ. El argumento difundido en redes fue que la recomendación a la SG era por causa de las ambiciones políticas de la titular. Y periodistas como Juan Gómez se hizo eco de esta estrategia de ataque a la Comisión de Derechos Humanos; en su columna del 9 de julio afirmaba que la recomendación tenía “un débil soporte jurídico”. Ofrece como fundamento una versión de cómo la titular llegó a la CDHEZ y sus compromisos políticos. Aparte que la columna es lógicamente débil, olvida a las personas en cuestión: ¿qué ocurre con la agresión a las viviendas y personas el 23 de diciembre? Por atacar a la titular de la comisión se les olvidan las personas agraviadas. Ofrecen el detalle de unas firmas para desacreditar la recomendación y no mencionan las acciones del gobierno contra las personas de la comunidad de Salaverna. Lo que me preocupa es que pongan por encima detalles pequeños o las especulaciones políticas que rayan en el absurdo, y entierren el interés principal de las personas concretas que fueron agredidas por el uso indebido del poder. Cabe mencionar que la Procuraduría de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública SI aceptaron la recomendación.
Venimos de una historia donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones estatales han mostrado una gigantesca omisión ante las constantes violaciones de los derechos humanos en el país. Por ello mismo ha brillado la acción de los Centros de derechos humanos, como es el caso del Agustín Pro o el Francisco de Vitoria y otros más, que han acompañado a las víctimas y encabezado su defensa. Y la omisión es por falta de autonomía respecto a los polos públicos de poder. Ahora, tenemos un caso donde la Comisión en Zacatecas actuó con autonomía y se atrevió a integrar la recomendación a la que hacemos mención; pero la reacción de la Secretaria de Gobierno, algunos alfiles y periodistas, atacan ese acto de autonomía. Lo cual equivale a respaldar los actos negros de la autoridad. Con argumentaciones llenas de falacias elementales, equivalentes a la extraña derivación: “como Luz Domínguez tiene ambiciones políticas, luego entonces no se violaron los derechos humanos”. Muy bien la maestra Domínguez puede tener dichas ambiciones que afirman, pero eso no invalida el hecho inconcuso de que la autoridad abusó de sus poderes contra los habitantes de Salaverna. Y esto último es lo único importante, si la titular sueña con el senado o con el Rey Midas, es irrelevante para el tema. n
