Varias son las características de lo que pudiera llamarse una administración gubernamental sana, entre ellas, la gobernabilidad en su territorio, la funcionalidad de sus servicios públicos, y la transparencia y calidad en sus finanzas. En el caso particular de la capacidad financiera de los gobiernos, dos variables pueden dar un diagnóstico rápido sobre su situación: la disponibilidad para la inversión y la deuda pública; sobre esta última, quiero compartirles algunas reflexiones.
De acuerdo al Reporte de los Financiamientos y Obligaciones inscritos en el Registro Público Único, turnado por la Comisión Permanente a las de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y del Senado, la deuda de estados y municipios llegó a 570 mil 299 millones de pesos en el primer trimestre de 2017, lo que representa 0.3 por ciento del PIB y 79.6 por ciento de las participaciones federales. El 81 por ciento de la deuda la han contratado, en promedio, los gobiernos estatales; seguida de los gobiernos municipales, con 10 por ciento; entes públicos estatales, 8 por ciento, y entes públicos municipales, 1 por ciento.
Estas cifras significan un foco amarillo para el sector gubernamental en sus tres niveles, particularmente para los municipios, ya que, comprometer cerca de 80 por ciento de sus recursos presupuestales por motivos de deuda, más los compromisos de nómina, los deja en la total falta de operatividad. En términos absolutos, cinco estados concentran la mitad, es decir, 49.8 por ciento, de la deuda subnacional: la Ciudad de México con 73 mil millones; Nuevo León, 65 mil millones; Chihuahua, 49 mil millones; Veracruz, 48 mil millones, y el Estado de México, 46 mil millones. Zacatecas ocupa el lugar 15 con una deuda cercana a 8 mil millones de pesos, esto es, cerca de 5 mil millones más desde 2010.
El panorama es de focos amarillos y rojos, pero, aclaro, el hecho de contratar deuda pública no es un punto malo en sí, es decir, se convierte en negativo cuando el préstamo que se recibe se destina a gasto operativo y no a inversión, o bien, a impactar en la posibilidad de recibir más recursos públicos. Desgraciadamente mucha de la deuda pública de los estados, y en mayor medida de los municipios, se destina a cubrir salarios o pagos a proveedores heredados de administraciones anteriores o, incluso, a proyectos que terminan convirtiéndose en “elefantes blancos” y que carecen de utilidad real para la población.
Además de las nuevas obligaciones sobre transparencia y límites que se han implementado para la administración en materia de deuda pública, considero necesario poner otras restricciones a la autorización de la contratación de empréstitos. Debe ser un requisito que la primera prioridad del recurso que llegue por esa vía se destine a obras y acciones de infraestructura básica para comunidades más pobres; seguido por la inversión en conectividad carretera y, en tercer lugar, la inversión en infraestructura para el cuidado del medio ambiente y el aprovechamiento de energías alternativas.
Se deben también priorizar aquellas acciones que promuevan el desarrollo económico y, por tanto, tengan un impacto en la generación de impuestos, por ejemplo, los recintos fiscalizadores, los parques industriales, los rastros TIF, los laboratorios certificadores, etc. En todos los casos se debe tener por norma, o al menos como un procedimiento a seguir, que cada peso de inversión que provenga de una deuda pública se coinvierta, de tal forma que se dupliquen o tripliquen con la participación de los otros niveles de gobierno.
Es importante reiterar que la deuda pública no debe causarnos temor; es necesario que cambiemos el modelo ortodoxo que nos domina. Lo peligroso es el uso inadecuado, irresponsable y corrupto que se le da, sin embargo, si se utiliza para promover la inversión y el desarrollo, debe ser bienvenida. En estos momentos, en que surgen en todo el mundo ejemplos sobre la viabilidad de retomar los postulados de Keynes y las ventajas que significa reactivar la inversión pública y el consumo interno, no debemos temer, dentro de los límites correspondientes, hacer ejercicios diferentes de política pública.
Termino esta participación mencionando los importantes resultados de la reciente visita de la secretaria de la Sedatu, la maestra Rosario Robles Berlanga, a Zacatecas, pues además de que se concretaron convenios con la Comisión Nacional de Vivienda para la aplicación de mil subsidios destinados a personas no afiliadas, principalmente migrantes, así como el signado con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable para promover la regularización de miles de predios a bajo costo, también se logró apoyo para la rehabilitación del Parque Arroyo de la Plata, la intervención con pintura en la colonia Lázaro Cárdenas y el apoyo en la rehabilitación de viviendas de adultos mayores en el Centro Histórico. Sin duda la secretaria Robles sigue siendo una gran aliada de Zacatecas. Enhorabuena por el gobernador del estado y los presidentes
municipales.
