■ Continúan los despidos injustificados; sumaron otros 50 trabajadores recientemente, advierten
■ Pide la renuncia del gobernador; afirma que la entidad está “fuera de control”
Los ciudadanos entendemos que donde exista una contradicción fuerte entre una empresa transnacional y los intereses vitales de los habitantes de la entidad, el Gobierno del Estado debería estar del lado de sus habitantes. Pero parece que no es así. Las empresas de este tipo se hacen inmensamente ricas con los materiales que extraen de nuestro subsuelo, pero también de la sangre y sudor de los trabajadores locales. A cambio de las ventajas absolutas que tienen dichas multinacionales, pensaríamos que deberían al menos dar un trato adecuado a los pobladores y pagar debidamente los impuestos. Sin embargo, tampoco ocurre así. Su poder económico lo usan no para derramar parte de su riqueza en los territorios que expolian o para dejar parte de la riqueza en los gobiernos y, con ello, estos últimos financien parte del desarrollo del estado, como apoyo a la educación o vivienda. Nada. Despojan al territorio de su riqueza natural y atropellan los derechos más elementales de sus pobladores. Y lo peor del caso, el Gobierno del Estado parece su sirviente en voz de su secretaria general de Gobierno.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en un inusual ejercicio de autonomía y autenticidad de su labor, hace las recomendaciones correspondientes por violación clara, a través de una recomendación debidamente documentada de los derechos humanos de los habitantes de Salaverna, y nos topamos con la sorpresa de que la secretaria de gobierno no acepta dicha recomendación. La investigación pormenorizada que hizo la CDHEZ no le es suficiente, sólo replica con meras consignas, sin elemento alguno que tenga algo de peso argumental.
Después de que las mineras litigaron contra el estado de Zacatecas, usando sus influencias políticas en Gobierno Federal para dejar a la entidad sin los recursos que legítimamente le pertenecen por vía del conocido como ‘impuesto minero’; aun así, la Secretaría de Gobierno continúa defendiendo los intereses de la minera de Slim. Incomprensible. ¿Cómo se puede explicar este fenómeno? De inicio surge la hipótesis de los moches, pero no hay tampoco evidencia sobre eso; puede ser también la creencia del personal de gobierno en el sentido de que el PIB que aportan estas empresas al estado los hace merecedores de tolerancia hasta la violación de los derechos humanos, sin embargo, esa riqueza se fuga y no se inyecta en la entidad. La última hipótesis que nos queda es la mera incompetencia de la secretaria de Gobierno actual. Ante lo cual no quedaría más que cambiarla. Esta última, en realidad, sería la hipótesis más ligera. Independientemente de los motivos de la secretaria general para rechazar una recomendación tan importante, sería importante que Godezac rectifique su actuación en este caso, eso hablaría bien del gobierno, que está dispuesto a corregir lo que hace mal. Y eso es oro puro para mantener la esperanza de los zacatecanos en que este gobierno puede hacer algo diferente. De lo contrario, pues lo contrario.
