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viernes, 29 marzo, 2024
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Califican de “terroristas” las acciones que ha realizado minera de Slim

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Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

  • Se ha desalojado a los pobladores de Salaverna y contaminado el ambiente: De la Rosa
  • Denuncian que se han violado sus derechos humanos de múltiples formas
  • Exhortan pobladores a Godezac a aceptar recomendaciones de CDHEZ

Habitantes de Salaverna, Mazapil, calificaron como “terroristas” las acciones que han realizado la minera Frisco-Tayahua, propiedad de Carlos Slim, y el propio Gobierno del Estado para desalojar y desplazar a las familias que radican ahí: “han violado nuestros derechos humanos de todas las formas posibles”.

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Respecto a la negativa de Gobierno del Estado para asumir las observaciones y recomendaciones que emitió la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), manifestaron que se trata de un acto de cinismo.

Roberto de la Rosa, habitante de Salaverna, afirmó que todo lo que ha hecho esa minera es un atentado contra la humanidad, desde hacer detonaciones para provocar riesgo de derrumbe en la comunidad, hasta la contaminación que genera con sus procesos en un territorio de 70 kilómetros a la redonda según los estudios de impacto ambiental.

El 23 de diciembre pasado, recordó, representantes de Salaverna se trasladaron a la capital del estado para reunirse con funcionarios de Gobierno del Estado, y al llegar les notificaron que había comenzado el desalojo, con lujo de violencia, por parte de Protección Civil y la Policía Estatal Preventiva, ello sin ninguna orden judicial.

Según expuso, el desalojo y destrucción de varias viviendas se realizó con el respaldo de más de 100 elementos de la Policía Estatal, además de que bloquearon el acceso a la comunidad para que nadie más pudiera ingresar.

Reconoció el trabajo realizado por la CDHEZ, el cual derivó en diversas observaciones emitidas a Gobierno del Estado, porque “simplemente se trata de respetar el Estado de Derecho, como debe ser”. En ese sentido, solicitó a la Policía Estatal Preventiva y a la Policía Ministerial “que tengan el valor civil de aceptar su culpabilidad”.

“Por ahí leí que quieren seguir con la misma tónica, quieren sacarnos a un lugar seguro, que porque estar ahí es un riesgo, pero es un riesgo que no existiría si la mina no tuviera ese plan terrorista de sacarnos a como dé lugar. Son cosas premeditadas y son tan exactos que pueden saber el daño que van a causar con una detonación como la han hecho en Salaverna. Lo que han hecho son actos de terrorismo”, expuso De la Rosa.

Luego de ofrecer una conferencia de prensa, los habitantes de Salaverna entregaron un documento a legisladores locales, en el que señalan que los argumentos del gobierno encabezado por Alejandro Tello Cristerna, para rechazar las recomendaciones de la CDHEZ, “no son más que una exhibición más de cinismo”.

En el documento, se refieren al artículo 14 de la Constitución que señala: “nadie podrá ser privado de la libertad, o de sus propiedades o de sus derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos”, mientras que el artículo 16 establece que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio o posesiones, sino en virtud del mandamiento escrito de la autoridad competente”.

“Es tan evidente que no tenían ni tienen una orden judicial para realizar el operativo de desalojo forzoso y demolición de las viviendas y de los edificios públicos de la comunidad, que ni siquiera se atreven a afirmarlo en su boletín de prensa”, agrega el documento.

Expone que la minera Frisco-Tayahua y Gobierno del Estado son cómplices del desplazamiento forzado de 70 familias que habitan en el fraccionamiento llamado Nuevo Salaverna, por lo que es falso que estas hayan decidido cambiar de lugar de residencia de manera voluntaria, ya que fueron forzadas a firmar un documento en el que renuncian a sus derechos de posesión sobre sus viviendas y tierras de cultivo.

Respecto al argumento de Gobierno del Estado de que el desalojo se derivó por dos estudios de monitoreo sísmico  y de impacto de uso de explosivos al interior de la mina, los habitantes de Salaverna afirmaron que si en realidad se hicieron esos estudios se demostraría que la empresa ha provocado, de manera intencionada, fracturas y movimientos en el sueño.

“Se trata de un ataque criminal encaminado a sembrar el pánico entre los pobladores para que acepten voluntariamente ser desplazados a otro lugar donde no estorben la explotación de la empresa de Carlos Slim”, exponen.

Exigieron entonces que la minera deje de realizar cualquier trabajo en el subsuelo de Salaverna, ello mientras se llevan a cabo los estudios científicos y técnicos pertinentes para determinar un perímetro de seguridad que deberá ser respetado a fin garantizar el respeto a la integridad física y salud de los habitantes.

Otra de las peticiones es que el Alejandro Tello Cristerna reconsidere su postura respecto a las recomendaciones de la CDHEZ y que sea destituida la secretaria general de Gobierno, Fabiola Gilda Torres Rodríguez, además de otros funcionarios involucrados en el desalojo del 23 de diciembre pasado.

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