- “Qué bueno que nos excedimos y que hubo más beneficios para la gente”, afirma
- El Congreso de la Unión otorgó 897.9 mdp, pero gastó mil 802.4 mdp, reveló
La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, estuvo en Zacatecas este jueves y fue cuestionada sobre los señalamientos hechos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tras la revisión a la cuenta pública 2016, los cuales hablan de que la dependencia ejerció más recursos de los autorizados en el presupuesto.
Su reacción fue asegurar, sin que ni siquiera se concluyera la pregunta: “Qué bueno que nos excedimos y que hubo más beneficios para la gente”.
No obstante, contrario a la opinión positiva de Robles Berlanga respecto a esta irregularidad detectada en su dependencia, el organismo fiscalizador señala en el informe publicado que la secretaría “no acreditó que se erogaran para el cumplimiento de los objetivos y metas del programa, ni contó con registros auxiliares que mostraran los avances presupuestarios y contables para realizar el seguimiento y evaluación del ejercicio presupuestal”.
En la auditoría número 385, que se enfocó a hacer una evaluación de la Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, se expone que Sedatu tenía para este objetivo un presupuesto de 897 millones 924 mil 800 pesos, pero ejerció un total de mil 802 millones 458 mil 400 pesos, es decir, 100.7 por ciento más de lo autorizado por el Congreso de la Unión.
Pese a que la secretaria se alegró de este exceso, ya que con ello dijo que se pudo apoyar a un número mayor de beneficiarios, la ASF concluye que esta dependencia “no fue eficiente en la atención de las causas de la inadecuada planeación, coordinación, seguimiento y evaluación de la política”.
En una entrevista breve, de menos de dos minutos, otro de los temas abordados fue el de las denuncias de varios alcaldes de Zacatecas en las que se señalaron actos de corrupción por parte de funcionarios de la Sedatu en la administración de los recursos del Fondo Minero.
Pese a existir estos señalamientos directos hechos por los afectados, la titular de la dependencia rechazó las acusaciones y, al ser cuestionada sobre esto, en un primer momento no respondió, sino que argumentó que ya ha pasado un año desde esos señalamientos por lo que hay que “actualizarse”.
No obstante, debido a que la Secretaría de la Función Pública (SFP) estatal remitió las indagatorias a la dependencia federal para que llevara a cabo su investigación, se le preguntó si esta ya había concluido y apuntó que “no se encontró ninguna responsabilidad”, ya que dijo que los trabajadores y el titular de la delegación no tienen a su cargo el manejo del dinero proveniente del fondo.
