Un enigma de la corrupción: ¿cómo hacer del empresario un ciudadano?

Un enigma de la corrupción: ¿cómo hacer del empresario un ciudadano?

La corrupción es un sistema, lo cual significa que para que ocurra, se requiere que existan intercambios entre varios actores, además de un código que hace funcionales dichas prácticas y beneficios mutuos de los participantes. Así las cosas, el problema no es únicamente la conducta del gobierno y sus operarios, sino la respuesta de los actores sociales que integran un sistema con ellos. Como el mercado, para que exista demanda debe existir oferta. O el caso de problemas sociales, hay prostitución porque hay prostituyentes. La corrupción es un trato que plantea ventajas mutuas. Es claro que la responsabilidad cae más del lado del agente gubernamental, porque es el guardián del interés público, ya que los empresarios representan su propio interés privado, y por ello se entiende que buscan sólo ganancias particulares.

Con lo anterior, se desprende la pregunta, ¿los empresarios son ciudadanos en toda la extensión de la palabra? Que una persona ‘en-tanto-que-empresario’ se comporte al mismo tiempo ‘como-ciudadano’, no es cosa fácil. Un ciudadano es un particular que asume como propio el interés público. Y un empresario generalmente es un particular que asume como propios sólo sus intereses inmediatos, los cuales están, la mayor parte de las veces, muy lejos de los públicos. Hacer de un empresario un ciudadano pleno, como puede verse, no es una cosa sencilla. Más bien parece que son cosas opuestas. Si a cambio de dinero para un candidato, se le ofrece a un empresario que no pagará impuestos, o que tendrá preferencias de contratación de obras o será proveedor preferencial del gobierno, es muy difícil pensar que no aceptará dichos tratos. La idea de sacar ventajas absolutas de una transacción es fundamental para quien tiene como prioridad la obtención de ganancias. Y ‘ganancias’ es distinto a ‘interés público’. Así las cosas, los empresarios son proclives a la corrupción porque ven como parte de la competencia ganar contratos a como dé lugar. El asunto puede modificarse si los empresarios comienzan a actuar como gremio (cosa rara), porque es claro que, si unos empresarios ganan a la mala, perjudican a otros que están dentro de la competencia. Así las cosas, los empresarios organizados en gremios, como es el caso de las Cámaras, pueden tomar el papel de gestores de políticas contra la corrupción, ya que su ejercicio perjudica directamente a algunos de sus miembros. Si esto es así, una política del Estado debería ser impulsar la organización independiente de cámaras empresariales en sus diferentes sectores: de la construcción, restauranteros o comerciantes.

A fin de cuentas, tomar decisiones responsables para evitar la corrupción es atribución del gobierno estatal, si éste logra que los empresarios se articulen en gremios y su organización sea democrática y transparente (y claro está: sin adscripción partidaria) estará logrando las condiciones para que la misma organización gremial controle las ambiciones de sus miembros. Pero si le gana la ambición y conveniencia política con algunos de ellos, estará en realidad dándose un balazo en el pie. Como puede verse, la cuestión es de arquitectura organizacional en las estrategias de política del gobierno.

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