A la Comunidad UniversitariaA la Sociedad Zacatecana
A la opinión pública
Al rector Antonio Guzmán Fernández
El objetivo de este comunicado es divulgar de manera pública la arbitraria rescisión laboral de que hemos sido sujetos docentes y académicos de la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”, a partir de los días 28 y 29 de junio del año en curso. Cabe resaltar que la rescisión no sólo incluye a personal de tiempo determinado —como lo ha expresado el rector Antonio Guzmán Fernández en diferentes medios de comunicación— sino a tiempos completos, entre los cuales se encuentran docentes frente a grupo y de base. En virtud a lo expuesto y dado que se actúa sin apego al Contrato Colectivo de Trabajo UAZ-SPAUAZ (CCT), exigimos la revocación de las recisiones y la inmediata reinstalación en nuestros centros de trabajo con sustento en los siguientes fundamentos:
1. Cumplimos con los requisitos solicitados por la parte patronal y el SPAUAZ para el ingreso a la universidad. No hemos incurrido en ninguna falta administrativa contemplada en la legislación universitaria ni en el CCT. Llevamos a cabo en tiempo, forma y calidad todas las obligaciones contractuales.
2. Los despidos no se sometieron a una elección que considerara el perfil, el curriculum académico o la antigüedad laboral, conforme a lo establecido en la cláusula 6 fracciones XVI y XIX del CCT; es decir, no se realizó un estudio serio sobre la reestructuración del personal de la universidad, y la autoridad misma no ha señalado los motivos reales de tal selección.
3. No se siguió el procedimiento administrativo para dichos despidos según lo establecido en la cláusula 13 del Contrato Sindical. Debido a lo anterior exigimos el cumplimiento de la cláusula 16: “Toda medida tomada por cualquier autoridad que afecte el salario o la relación laboral de un trabajador y no haya sido precedida de los procedimientos señalados en este contrato queda automáticamente sin efecto, bastando para ello la reclamación por escrito del sindicato o del afectado para que proceda el pago inmediato del total del salario retenido, la reinstalación en caso de despido y la restitución de los derechos afectados”.
4. En caso de no haber materia laboral porque los centros o programas “no se justifican”, la obligación del patrón es reacomodar al personal, tal y como se indica en la cláusula 41 fracción VI del CCT; dicho reacomodo debe corresponder con las necesidades de los programas y los perfiles de los docentes.
5. Se ha expresado que las rescisiones responden a un carácter financiero, pero como lo sustentó el representante sindical, Pedro Martínez Arteaga, en la rueda de prensa del 29 de junio y la reunión sindical del 30 de junio, los afectados, al ser la mayoría de tiempo determinado, representan un gasto menor en comparación a los funcionarios o aquellos docentes con cargas mayores a las permitidas.
6. Al contravenir los procedimientos que marca nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, se desprende de manera pública y notoria que el conflicto corresponde a otro carácter e interés, ya que los afectados no pertenecemos o somos ajenos a las corrientes políticas que en este momento ostentan el poder y dirigen nuestra universidad. Ello manifiesta un evidente revanchismo que constantemente viola nuestros más elementales derechos humanos.
7. Es necesario enfatizar que algunos de nosotros hemos sido afectados en nuestros derechos laborales con anterioridad, y derivado de ello, al exigir el respeto de los mismos, la autoridad universitaria firmó acuerdos que ahora sin ningún escrúpulo violenta.
8. No es un secreto que en nuestra universidad existen docentes que en realidad no trabajan y cobran, que no cumplen horarios, que duplican funciones, que exceden la carga laboral, que están adscritos a diversas dependencias, que postergan su jubilación de modo arbitrario, pero que al ser encubiertos por la administración central jamás serán rescindidos por el incumplimiento de alguna cláusula.
9. Pretender coartar la crítica de los universitarios sólo porque no es favorecedora de la administración, es coartar cualquier tipo de desarrollo o fundamento de sabiduría y aún más, va en contra de la naturaleza de la universidad, por lo que no permitiremos que repriman nuestro derecho constitucional de pensamiento y de expresión.
Exigencias:
a) Reinstalación inmediata de los afectados, con el objeto de preservar su carga de trabajo, antigüedad, adscripción y cuotas al ISSSTE actualizadas.
b) Una reunión colectiva y abierta con el rector Antonio Guzmán Fernández para discutir el caso.
c) La reestructuración de la Universidad Autónoma de Zacatecas «Francisco García Salinas» debe responder a un modelo de universidad donde predomine la eficiencia administrativa y financiera, así como la transparencia. Nuestros casos deben ser sometidos al análisis y evaluación según los perfiles académicos acordados por el Consejo Universitario y el Sindicato de Trabajadores de la UAZ (SPAUAZ).
El rector, Antonio Guzmán Fernández, mencionó en un comunicado en redes sociales “que está a favor del interés general y no de los intereses particulares”, por lo que lo instamos a que la normatividad no se aplique de manera discrecional. Insistimos que el despido de 18 docentes de tiempo determinado y uno de base no salvará la crisis económica de nuestra institución mientras se sigan pagando las exorbitantes cantidades a los funcionarios en turno, exrectores, duplicadores, aviadores y demás sablistas.
Todos los compañeros afectados, apoyados por el SPAUAZ, exhortamos a la rectoría de la universidad a generar canales de diálogo con condiciones equitativas, a fin de revocar la injusta rescisión laboral. Instamos también a toda la comunidad universitaria y a la sociedad zacatecana a apoyarnos en la defensa de nuestros derechos y colaborar en las movilizaciones en caso de ser vulnerados.
Zacatecas, Zacatecas, 3 de julio de 2017
Atentamente
Universitarios rescindidos injustificadamente
