La violencia de género es un fenómeno estructural y multifactorial, un mecanismo de control que principalmente se ejerce en contra de las mujeres. Representa un continuo porque a diario se comenten conductas que causan un daño a las mismas (sea físico, emocional, moral, económico, patrimonial o sexual), impacta en el ejercicio de sus derechos humanos y, lamentablemente, muchos de esos actos se justifican socialmente porque se considera que son normales o naturales.
Una de las formas de la violencia de género es la que se comete en contra de las mujeres que deciden participar en el ámbito público y/o político; por ello, existen esfuerzos importantes para que esta modalidad sea reconocida y sancionada en la normativa nacional y locales.
En nuestro país, en 2016, se logró publicar el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, instrumento que surgió de la necesidad de contrarrestar los obstáculos que enfrentan para ejercer sus derechos político-electorales. A nivel nacional, fue hasta el mes de marzo de 2017 que se aprobaron diversas reformas a cinco leyes en materia de violencia política de género contra las mujeres. Un paso importantísimo en México para el reconocimiento de los derechos humanos.
Por su parte, en Zacatecas existen diversas propuestas para reconocer y sancionar la violencia política de género, mismas que han sido acompañadas de una serie de estudios que muestran que “el acceso de las mujeres al ejercicio del poder público se ve limitado o impedido” como causa de diversas agresiones cometidas en su contra. Así lo reveló el diagnóstico “La Violencia Política contra las Mujeres” que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas publicó en 2016.
En nuestro estado recientemente fueron aprobadas algunas reformas a la normativa local para reconocerla, definirla y sancionarla administrativamente. Sin duda, un avance histórico producto de movimientos sociales, de distintos partidos políticos, la sociedad civil organizada y de las académicas, para hacer frente a todo tipo de violencia que impida a las mujeres ejercer, en condiciones de igualdad, sus derechos político-electorales.
Esta violencia comprende “todas aquellas acciones y omisiones -incluida la tolerancia- que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.
Esto significa que cualquier agresión cometida por el estado o sus agentes, superiores jerárquicos, subordinados, colegas de trabajo, partidos políticos, medios de comunicación o sus integrantes, a través de cualquier medio (incluidas las tecnologías de la información, ciberespacio, prensa escrita, radio, televisión) cometida en contra de una mujer que se desempeña en un cargo de elección popular y de toma de decisiones puede ser considerado como violencia política de género.
La violencia política contra las mujeres es diferente a la cometida contra los hombres (que sin duda también son víctimas de distintas agresiones). La primera hace referencia a aquella que se comete por el simple hecho de ser mujer, esto es, está especialmente planificada y orientada por la condición de sexo y por lo que se considera representa socialmente “lo femenino”. Además, sus efectos tienen un impacto diferenciado y afecta desproporcionadamente a las mismas. Estos actos hacen referencia a diversos ataques que, en muchas ocasiones, no tienen nada que ver con el cargo que desempeñan, sino con violencias dirigidas a la persona: criticar la vida íntima, privada o familiar, amenazas a su persona o su familia, intimidación, acoso sexual y, en algunos casos, hasta el asesinato (lo cual ha sucedido en algunos estados de la República).
Esta violencia también implica menos presupuesto o financiamiento para sus campañas electorales o el ejercicio de sus funciones, que las registren a distritos perdedores, uso inadecuado de los presupuestos destinados a la capacitación de las mujeres, ocultamiento de información, represalias por vincularse o defender temas de género y derechos humanos de las mujeres, desestimación y descalificación de las propuestas presentadas por las mismas, acoso, ataques físicos, violencia sexual y, como se dijo, en algunas otras entidades federativas hasta el asesinato.
Las víctimas de la violencia política no sólo son las mujeres, sino también sus familiares, personas a su cargo o cuidado, y aquellas que prestan asistencia a las víctimas, ya sea por impedir o atener la violación de derechos o la comisión de un delito.
Las mujeres tenemos derecho a vivir libres de violencia. En ese sentido, los estados deben tomar las “medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública”. En materia de prevención, se tiene la obligación de realizar acciones encaminadas a promover y difundir los derechos de las mujeres, así como identificar factores de riesgo con el fin de evitar actos de violencia política en contra de las mismas: capacitación, educación cívica, cultura institucional de respeto, comunicación social con perspectiva de género, aprobación de lineamientos y protocolos básicos por medio de los cuales se puedan garantizar los derechos político-electorales, financiamiento y fiscalización de recursos etiquetados, etc. En lo que se refiere a la atención, están obligados a diseñar e implementar estrategias para brindar acceso a la justicia en condiciones de igualdad; así como generar y/o crear los mecanismos que establezcan consecuencias jurídicas para las personas agresoras y se asegure la reparación del daño.
Por ello, es importante destacar el gran avance que se ha logrado en Zacatecas al reconocer y sancionar la violencia política contra las mujeres, la cual es una violación grave a los derechos humanos que produce severas consecuencias individuales y sociales. En ese sentido, está en todos(as) y cada uno(a) de nosotros(as) no reproducirla, fomentarla o justificarla. Así que el llamado es para dar un paso más, hagamos realidad lo establecido en la ley, unámonos para visibilizar y denunciar cualquier tipo y modalidad de violencia cometida en contra de las mujeres que participen en el ámbito político o público. Tejamos redes para construir una sociedad igualitaria y libre de agresiones contra las mujeres que han decidido ejercer sus derechos libremente fuera del espacio privado o doméstico. Es su derecho. ■
