El sueldo es una remuneración a cambio de un trabajo, y según se valore el trabajo de ese tamaño es el pago por el mismo. El trabajo es una mercancía más, el cual tiene un precio. En las condiciones de marcado se puede incluso medir la potencia de productividad de un trabajo, el cual puede valorizarse y alcanzar altos salarios. Esto depende del capital humano contenido en el propio trabajo: acumulación de saberes y habilidades que pocos pueden ofrecer. El nivel especializado de capacidades y la baja oferta de los mismos puede provocar igualmente salarios altos. Pero hay un ámbito que se comporta con cierta autonomía del mercado de trabajo: la burocracia. Donde además, quedan diluidas las líneas que separan patrones de trabajadores, porque entre los que reciben los salarios están los que deciden el monto de los mismos. Así, tienen lugar las preguntas en torno a la manera de fijar el valor del trabajo de un funcionario: ¿por qué unos funcionarios de una estado pobre y pequeño ganan más que otro de mayor tamaño?, ¿cómo se define el nivel de ingresos (o tabuladores) de los burócratas? ¿Hay algún criterio objetivo? A las burocracias se les paga con los impuestos captados, y estos últimos dependen de la riqueza producida en el país. Sin embargo, una vez puesto el dinero en las arcas del Estado, los criterios de distribución de los ingresos del Estado para continuar o reproducir la riqueza (de donde vienen los impuestos) no son claros. Es seguro que la inversión en educación se justifica porque es una enorme potencia que reproduce la riqueza nacional, al igual la salud (que es parte del Capital Humano), y así mismo los servicios que son la base misma para la producción de nueva riqueza. Pero, ¿y la actividad de la burocracia? Pues depende de su desempeño.
Pero si el desempeño de las burocracias es mediocre, y sin embargo sus ingresos son muy altos, significa que existe ahí una anomalía. Cuando gana más un funcionario que no da resultados que un ingeniero especializado en un ramo de alto impacto económico, significa que algo está mal. Lo que ocurre es que hay una enorme arbitrariedad en la definición de los ingresos (no sólo salarios) de la burocracia. Cuando definen los tabuladores y montos de compensaciones no exhiben los criterios con los cuales lo hicieron. Y lo peor: se autodefinen sus ingresos. Si los ciudadanos somos sus ‘patrones’, debería haber un mecanismo de control social para fijar los ingresos de los funcionarios y representantes populares; donde igualmente se establecieran los ingresos no-salariales, llamados ‘bonos a la productividad’. ¿La productividad son los resultados? Entonces no pueden darse de oficio esos ingresos, debían depender de la rendición de cuentas. El control social tiene que entrar no sólo al tema de los ingresos de los funcionarios, sino a todo el presupuesto. De ahí lo importante de un presupuesto participativo en el estado y los municipios, lo cual sigue como promesa de campaña incumplida.
