■ Acusan que personal de la empresa robó los animales que crían para el sustento familiar
■ El conflicto se remonta al 2015, en que la compañía derrumbó sus casas con sus pertenencias dentro, para luego ofrecerles en comodato viviendas
■ Abogado de las familias se comunicó con los subsecretarios Julio César Chávez y Catarino Martínez, para solicitarles presencia policiaca; la respuesta fue negativa
Habitantes de La Colorada denunciaron la violación de las medidas precautorias emitidas por el Tribunal Unitario Agrario el pasado primero de febrero dentro del litigio que los confronta con la minera canadiense Plata Panamericana SA de CV.
Dijeron que este miércoles personal de la empresa al mando de Karla Sosa o Carla Sosa, encargada de Recursos Humanos, robó los animales que crían para el sustento familiar, tales como cerdos, gallinas y cóconos, utilizando para ello a los elementos de seguridad privada contratados por el consorcio extractivo.
El hecho ocurre a escasos días de que la autoridad judicial realice una inspección en el lugar y tiene como objetivo, según señalaron los afectados, exhibirlos como si no fueran posesionarios de las tierras que ocupan desde hace más de 100 años como comunidad rural dedicada a la ganadería y la agricultura, y por tanto, que reclaman en propiedad en el citado juicio.
El pasado primero de febrero la autoridad judicial mandató que las dos partes evitaran agresiones y provocaciones mutuas, entre otras, el desalojo de las casas que Plata Panamericana SA de CV otorgó en comodato a las personas, y que había amenazado con ejecutar.
El abogado de las 47 familias, Lizandro Carrillo Félix, comentó vía telefónica con este medio que las autoridades de la Secretaría General de Gobierno actúan con parcialidad en este asunto, ya que luego del robo de los animales se comunicó con dos de sus subsecretarios, Julio César Chávez y Catarino Martínez Díaz, para solicitarles la presencia de elementos policiacos en el lugar a fin de que garanticen condiciones para que la citada visita judicial se realice, pero obtuvo como respuesta una negativa, alegando que los hechos se realizaron dentro de propiedad privada.
Por la tarde de ayer, desde la sala de juntas de la Legislatura del estado, Ámbar Esther Escalante Hernández, Francisco Tamayo Serrato y Felicitas Guerrero Pasillas, entre otros habitantes de La Colorada, ofrecieron una conferencia de prensa para denunciar públicamente el presunto robo de sus animales y otras agresiones de que han sido objeto de manera posterior a la emisión de la medida precautoria emitida por la autoridad judicial.
Las personas se encontraban en la sede del Poder Legislativo del estado para solicitar de los diputados su atención al conflicto, justo en vísperas de que se celebre la inspección en la comunidad por parte del Tribunal Unitario Agrario el próximo 2 de mayo.
El conflicto entre los habitantes de La Colorada y la empresa extractiva se remonta al 2015, en que la segunda derrumbó sus casas, han dicho, con sus pertenencias dentro, para luego ofrecerles en comodato viviendas.
Detonado el conflicto, las 47 familias que implican unos poco más de 120 habitantes, encargaron sus animales con parientes, relató Escalante Hernández, pero luego de que el Tribunal Unitario Agrario emitiera las medidas precautorias señalando que podían continuar realizando su forma de vida acostumbrada, llevaron algunos de ellos a las casas que actualmente habitan.
“Con la medida precautoria nos sentimos protegidos y empezamos a traer poquitos para ver qué no se nos fuera dañar, porque como sea son nuestros animales y si los dañan, dañan nuestra economía (…) No son animales en gran cantidad, pero de todas formas es una forma de vida que se tiene que respetar porque hay una medida precautoria emitida por una autoridad judicial”.
Dijo que les dieron en comodato un departamento a personas que están dedicadas a la agricultura y ganadería por generaciones y que “está impuesta a vivir libre”.
“Entonces si dicen que de este alambre para acá esta en litigio ese terreno, ¿entonces somos propiedad de ellos? Es que es lo que no nos explicamos porque de tal forma, quieren tenernos bajo sus reglas cuando somos seres humanos” que reclaman que haya respeto a su forma de vida, expuso.
“Hasta que no nos enseñamos a respetar el estilo de vida de los demás no vamos a ser un país libre. Pero las personas que tienen dinero tratan de aplastar al más pequeño”.
Ayer también denunció Felicitas Guerrero Pasillas, que luego de no poder comprar gas para uso doméstico, ya que la empresa no permitió que la gasera que lo surte se lo expendiera, prendió una fogata para cocer sus tortillas, pero un elemento de seguridad privada de Plata Panamericana SA de CV llegó, “me tumba mi lumbre y me tumba mi masa y toda me la pisotea”.
Dijo que no respondió a la provocación ni identificó al sujeto que actuó embozado, “es una impotencia, pero yo pensé, tenemos una medida precautoria, ni yo debo de ofenderlo ni él debe de ofenderme”.
Ayer también reiteraron que el Gobierno del Estado se manifiesta en favor de los intereses de la minera Plata Panamericana SA de CV y en contra de los habitantes de La Colorada en este asunto.
“Sí, mil veces el gobierno todo el tiempo le da más apoyo a las empresa extranjeras que a nosotros como mexicanos. Queremos que se nos respete nuestra forma de vida y nada más”, opinaron.
En un recuento de lo que han sido estos años para ellos, Tamayo Serrato agregó que “ese que una vez que la mina nos destruyó todas las viviendas, que acabó con las calles, con todo, mientras teníamos casas amplias con corrales y todo en nuestra vida, nos dan los jacales de lámina. Lo que quiere la mina es que vaya el visitador y diga: estos no tienen ni un perro, pero tenemos nuestro ganado, vacas, gallinas, cochinos, cóconos. Haga de cuenta que vivimos en el campo y tenemos que vivir del campo”.
