El Sistema Estatal Anticorrupción y la gobernanza: aspiraciones y realidades

El Sistema Estatal Anticorrupción y la gobernanza: aspiraciones y realidades

El proceso de planeación estratégica que culminaría en la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, permitió una conclusión de consenso en torno a que el fenómeno pernicioso que se buscaba combatir gozaba de dos características inherentes: la coparticipación, en ambos lados de la esfera pública y privada, para su configuración y su carácter sistémico, más allá de casos específicos, lo que vulneraba todo el cuerpo institucional del Estado mexicano (u otros).

Los mexicanos hemos mostrado cada vez más interés por el combate a la corrupción, parece que hemos logrado entender que no es un “impuesto (ilegal)” más que debemos aceptar y pagar, sino un mal que si bien puede agilizar algún trámite, también puede convertirse en el origen de muchas complicaciones en nuestra vida cotidiana. Ello junto al constante atropello que se sufren los más débiles por parte de un porcentaje apenas imaginable de funcionarios y autoridades, por lo que, es uno de los puntos en los que todos coincidimos, debe haber colaboración y corresponsabilidad.

Por ello mismo, los modelos implementados de Sistemas Anticorrupción, son idóneos, en la lógica institucional y de gobierno abierto o gobernanza. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en su reciente Estudio sobre Integridad en México, destaca que: “En caso de tener éxito, los nuevos Sistemas Anticorrupción en México, nacionales y locales, pueden contribuir a resolver gran parte de los principales retos sociales y económicos que México enfrenta hoy en día. En primer lugar, al combatir más eficazmente la corrupción, las reformas pueden restablecer la confianza en las instituciones públicas y coadyuvar a una gobernanza más eficaz (…) pueden (las reformas anticorrupción) contribuir a atender los altos niveles de desigualdad. En efecto, la corrupción agrava las disparidades sociales y económicas, al permitir la influencia indebida de intereses especiales capture el ciclo de las políticas públicas y reduzca la capacidad de respuesta y la eficacia de dichas políticas, especialmente en detrimento de grupos marginados.”

Todo ello, sin duda, debe contar con dos actitudes y conductas insustituibles para que  la gobernanza se configure exitosamente: la corresponsabilidad y la cooperación. Sin embargo, es también cierto que las condiciones sociales y económicas imperantes en Zacatecas, chocan con el entusiasmo, retornándonos a la realidad: una evidente falta de formación de ciudadanía y de activismo cívico-social en éste y otros temas.

Por ello mismo, al momento de diseñar las leyes secundarias del Sistema Estatal Anticorrupción debe imperar la conciencia de tales circunstancias e impulsarse una visión, a mediano y largo plazo, de incentivos para la participación ciudadana, por ejemplo, abriendo un capítulo que permita, motive y colabore, con la formación de asociaciones civiles, a través de la asignación de recursos públicos para talleres de empoderamiento ciudadano y capacitación en materia de transparencia, contraloría ciudadana y rendición de cuentas, desde el ámbito civil, dándole especial atención a la iniciativa privada, que pudiera ser sujeta a diversas medidas de apoyo fiscal, siempre que se demuestre y mantenga un impulso a este tipo de acciones.

Uno de los elementos que más destaca la OCDE en su estudio, es justamente el de la cultura, con un claro enfoque en la sociedad; además de los otros dos que son Sistema –estrategias, reglas, etc.- y responsabilidad –control, sanción, supervisión, etc.-

En este aspecto, el cultural, el Estado debe entender la necesidad de desprenderse de su carácter formativo y pasar la batuta al ámbito civil, con su entera disposición, apertura y colaboración para motivar a que la ciudadanía se organice y articule, para ayudarlo a sanar el cáncer que lo ha enfermado de corrupción e impunidad.

Una alta porción de ingrediente cívico en la fórmula de combate a la corrupción evitará por todos lados su vaciamiento e inutilización potencial: de los que en un ánimo mesiánico suponen que no son las instituciones, sino los nombres la solución; y de los que, confiados en que las instituciones sigan fallando hacen de su cínica conducta, permanencia maldita para nuestro país. A ambos la sociedad, harta de las dos caras del fracaso de la democracia, podrá situarlos justo en su lugar y a la larga, desecharlos de nuestro sistema político. ■

 

@CarlosETorres_

www.deliberemos.blogspot.mx

 

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