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jueves, 28 marzo, 2024
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Analogías, inquietudes y conocimiento

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Por: ALBERTO VÉLEZ RODRÍGUEZ • ROLANDO ALVARADO •

Las analogías son un medio heurístico para construir hipótesis, ya que nos permiten pasar de lo conocido hacia lo desconocido mediante la identificación de patrones formales. Pero aunque útiles pueden resultar engañosas e incluso falsas. Por eso se deben de utilizar con el cuidado con que se manejan los explosivos. El sábado 15 de abril fue capturado, por la policía guatemalteca, el exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa (cfr. “El Universal” 19/014/17).Según parece Miguel Ángel Yunes Linares, hoy gobernador de Veracruz, presentó dos denuncias (3 de abril y 16 de mayo de 2016) ante la PGR contra él por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, entre otros. Ya antes el mismo Yunes lo había acusado de desvío de recursos (cfr. “El Financiero” 26/10/15) ante la fiscalía de Veracruz. Es de notar que Duarte, en esas fechas, estaba despidiendo a los “aviadores” de la Secretaría de Educación de Veracruz; quizá para demostrar su probidad, como muchos otros hoy día. Se ve que la sospecha de malversación del presupuesto  público ya pesaba sobre él tiempo ha, pero no procedía. La investigación la atrajo la PGR hasta el 19 de septiembre de 2016 (cfr. “Excelsior” 21/09/16) al parecer porque hubo una filtración de información de la investigación que sobre empresas “fantasma” ya llevaba a cabo la fiscalía general de Veracruz (cfr. “El Economista” 21/09/16). Las empresas “fantasma” son el método por el que se transforma dinero público en privado, lo que configura los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito. Tal metodología no es nueva, lo quizá nuevo es que hayan procedido las denuncias contra un servidor público. Una bondad de vivir en un Estado democrático, imaginaran algunos. Cuando pidió permiso para retirarse del cargo de gobernador, Duarte aseguró que todas las acusaciones en su contra son falsas (e. g “El Financiero” 12/10/16). Lo relevante de su captura es que podrá demostrar si en efecto son falsas esas acusaciones. Aunque es claro que si no se cuidan los momentos procesales contra el acusado saldrá libre por tecnicismos así no haya demostrado nada, sino porque la autoridad violó sus garantías individuales. La conclusión del asunto no se atisba en el horizonte porque la corrupción no es un asunto individual, sino colectivo, y las maniobras de un gobernador debieron involucrar a muchos funcionarios federales; de los que nada se ha dicho: y estatales. Por lo pronto se tiene capturada una pieza, pero no se han desmantelado las condiciones institucionales que permiten la corrupción. La analogía que nos interesa trazar es con el caso de Edmundo Guerrero Sifuentes, ex director de la Unidad Académica de Contaduría y Administración de la UAZ y secretario administrativo con licencia de la misma institución. Según ya se ha documentado, se sospecha que mediante la utilización de empresas “fantasma” logró desviar 219 millones de pesos de recursos de los que debió conocer el Consejo Universitario y decidir sobre ellos (Ley Orgánica, artículo 17, fracción XI), es decir, volverlos parte del presupuesto de la universidad, aunque fuera la Unidad Académica la que los ejerciera. Sin embargo los consejeros no sabían de ese dinero porque el Consejo Universitario no funciona, por lo que las decisiones recaen sobre las autoridades unipersonales. El punto por resaltar es que el dinero supuestamente desviado por Guerrero Sifuentes y sus cómplices tenían un fin académico, que redundó en plagios, e intentaba un beneficio social, que no existió. Por supuesto Duarte hurtó más, y los daños sociales fueron superiores, pero aun así, dimensionando los delitos y sus impactos, el supuesto desvío de dineros de la universidad tuvo una impronta equiparable, por lo que el perpetrador y sus cómplices deberían ser denunciados. ¿Por quién?. El primer interesado en aclarar el caso debería haber sido el rector, mostrando tal interés presentando las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes (la PGR), pero no lo hizo y quizá no lo haga, por lo que el caso se difuminará en el olvido. Tal es una forma de proteger la corrupción, si es que acaso existe. Pero no podemos saberlo si no se hacen las averiguaciones pertinentes. Y deberían hacerse porque el dinero público seguirá fluyendo hacia la universidad y su destino podría ser muy diferente al esperado, como ya ha sido el caso con el desvió de las cuotas de seguridad social. Después del rector los más interesados en la solución del asunto de Guerrero Sifuentes deberían ser los universitarios mismos, que más que organizados están desconcertados y no saben qué hacer. La ausencia de líderes es notoria. Pero el problema involucra profundamente a la comunidad de universitarios porque lo que está a debate es una problemática ética. ¿Ante la corrupción es la mejor política esconder la cabeza y hacer como si nada pasara o debe uno exigir las aclaraciones necesarias hasta una completa satisfacción?. Por el reinante silencio y la inacción la comunidad universitaria decide esconder la cabeza. Se dice en los pasillos de la Unidad de Contaduría que Guerrero Sifuentes ya tiene lista su defensa, y que saldrá airoso. No estaría mal que le pasará el borrador a Duarte de Ochoa, a ver si él también puede librarla. ■

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