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viernes, 29 marzo, 2024
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Urge nuevo código penal para combatir corrupción: procurador

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Por: RAQUEL OLLAQUINDIA •

■ También serviría para contrarrestar la violencia, asegura el funcionario

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■ El procurador de Justicia, Francisco Murillo Ruiseco, compareció ante los diputados

■ No es con penas más elevadas como se consigue abatir los índices delictivos, señala

■ Son más los retos que los logros que se tienen, y hay múltiples lagunas y trabas, afirma

Con un llamado a los legisladores y a los integrantes el Poder Judicial para que se trabaje en un nuevo Código Penal en la entidad fue como inició su comparecencia el procurador general de Justicia del estado, Francisco Murillo Ruiseco.

Durante su primera intervención ante el pleno de la 62 Legislatura local, el funcionario dividió el trabajo de la dependencia que encabeza en cinco líneas de acción, siendo la primera la creación de la Fiscalía General del Estado.

En este ámbito, hizo referencia a los cambios constitucionales que fueron publicados el 22 de marzo en el Periódico Oficial del Estado y que conforman el Sistema Estatal Anticorrupción por el que se dará el cambio de procuraduría a Fiscalía autónoma y para lo cual, puntualizó, se requerirá un presupuesto de 600 millones de pesos para el próximo año.

En el contexto de estas modificaciones constitucionales, el procurador dijo que es necesario cambiar en su totalidad el Código Penal del estado para poder hacer efectivo el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción, debido a que en la actual normativa no se incluyen todas las conductas delictivas relacionadas con hechos de corrupción.

Por estas deficiencias en el Código Penal vigente, el procurador insistió en que es indispensable la reforma para incluir las nuevas conductas delictivas relacionadas con la corrupción y para que se reacomoden los delitos ya tipificados.

Asimismo mencionó que el actual Código Penal, que data de 1986 y ha sufrido 33 reformas, tampoco tiene armonizado el libro primero con el nuevo sistema de justicia penal.

“Si queremos que el Sistema Estatal Anticorrupción sea efectivo, si queremos perseguir la corrupción realmente hay que modificar e incluir esas conductas en la legislación penal, no sólo en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para que sean administrativas. Necesitamos tipificar las conductas en el Código Penal”, puntualizó.

Pese al cambio completo que consideró que debe haber en el Código Penal del estado, en procurador apuntó que no es con penas más elevadas como se consiguen abatir los índices delictivos.

En este sentido, añadió que “un castigo no provoca que baje el crimen. Elevar las penas para castigar delitos no contribuye a reducir la violencia ni fomenta la cultura de la denuncia”.

 

Lagunas legales dificultan investigaciones de corrupción

También fue abordado el tema de la corrupción, a través de las denuncias de hechos que se derivan de las revisiones de la Auditoría Superior del Estado (ASE) a las cuentas públicas y que involucran a funcionarios o ex servidores públicos de municipios y del Gobierno estatal.

En este sentido, el procurador advirtió que es necesaria la entrada en vigor al 100 por ciento de los sistemas tanto nacional como estatal anticorrupción, a fin de que exista un andamiaje jurídico que permita la persecución eficaz de este tipo de delitos.

Comentó que actualmente hay “una gran cantidad de lagunas y trabas que se nos presentan” en estas investigaciones y que ralentizan o complican sobremanera la conclusión de las indagatorias.

El funcionario expuso, por ejemplo, que muchos de los señalamientos y las denuncias que se presentan desde la ASE tienen que ver con el manejo de recursos. Para investigar estos hechos es necesario solicitar información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), cuyas respuestas suelen demorarse “mucho tiempo” o incluso no avanzan porque son los propios bancos quienes niegan los datos bajo el argumento del secreto.

En cuanto a las denuncias que se han interpuesto en contra del ex gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, indicó que estas se encuentran en la Procuraduría General de la República (PGR) y que desde la dependencia estatal permanecen atentos por si se requiere de su colaboración.

El procurador del Justicia, ante los diputados de la 62 Legislatura

Tres grupos criminales, presentes en Zacatecas

Acerca de los grupos de la delincuencia organizada que operan en la entidad, el procurador señaló que el cártel de los Zetas, anteriormente presente en el estado, ya no existe “como tal”, sino que se ha dividido en varias células.

Expuso que una parte de sus integrantes se fue al llamado Cártel del Noreste, otra se unió al Cártel del Golfo y otro grupo conformó la célula de Los Talibanes.

El funcionario consideró que es importante hacer esta aclaración porque, de lo contrario, “los grupos criminales piensa, sienten, que solamente hacemos acciones en contra de uno solo, y no”.

Apuntó que ha habido detenidos de los tres grupos referidos e inclusive de otros que no tiene presencia permanente o importante en el territorio zacatecano pero que realizan incursiones en la entidad como es el caso del Cártel de Sinaloa.

“Lo digo con responsabilidad porque a final de cuentas es una lucha encarnizada entre esos grupos delictivos y las detenciones que hemos hecho dan cuenta de que se está haciendo un trabajo muy importante para desarticular a estos grupos criminales de la delincuencia organizada”, sostuvo.

 

Percepción de inseguridad, un tema subjetivo

El procurador hizo referencia también, tras los cuestionamientos de los diputados, al tema de la percepción de inseguridad ente la ciudadanía.

En este sentido, se recordaron los datos publicados recientemente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en la Encuesta Nacional de Seguridad Publica Urbana que ubican a Fresnillo en quinto lugar y a Zacatecas en onceava posición entre las ciudades donde sus habitantes se sienten más inseguros.

Al respecto, Murillo Ruiseco apuntó que en este tipo de mediciones “puede ser que alguna persona no haya sufrido en su persona la comisión de un hecho delictivo y se siente insegura porque así permea el ambiente de inseguridad”.

Esta es una situación que ahora se ha advertido tras el enfrentamiento en Nochistlán, expuso el funcionario, pero precisó que la propia ciudadanía “entendía que no era un asunto en contra de su persona, que había sido un hecho que se sucedió en las calles pero que no eran ellos directamente los involucrados en el tema”.

Consideró que la percepción de seguridad seguirá siendo la misma en el estado si no se cambian una serie de políticas públicas desde el Gobierno del Estado y, en conjunto, desde las instituciones del Estado.

 

Jóvenes, en la mira de la delincuencia

El funcionario destacó que la mejor política criminal es la política social. Tras hacer esta declaración, el procurador refirió que son los jóvenes los que están sufriendo el embate de la delincuencia y las tentaciones”, pues sostuvo que la mayoría de las personas detenidas tienen entre 15 y 25 años de edad.

En ese tenor, enfatizó que “tenemos que promover los programas sociales, los programas educativas, para evitar que nuestros jóvenes sean cooptados por la delincuencia; mientras no entendamos esa problemática, va a ser verdaderamente complicado que los índices del delito bajen”.

 

Detenido en Guadalupe, ex integrante de fuerzas armadas

Al ser cuestionado sobre el caso de las tres mujeres, integrantes de una misma familia, asesinadas que fueron asesinadas este año en la capital del estado, el procurador recordó que ya hay una persona aprehendida, quien además era miembro de la Marina Armada de México.

Además, relacionado con este detenido, mencionó el enfrentamiento que en días pasados hubo entre Policías Ministeriales y sujetos armados y que tuvo como resultado dos personas fallecidas y una más aprehendida. Esta última, dijo, es hermano del detenido por el homicidio de las tres mujeres y también había sido integrante de las fuerzas armadas; ahora, precisó, se le vincula al Cártel del Noreste.

 

Los retos, mayores que los logros

En cuestión de cifras, el procurador señaló que hasta el 21 de abril se habían registrado en el estado 207 homicidios dolosos, de los cuales en 175, es decir, el 84.54 por ciento, la víctima tenía vínculos con la delincuencia organizada. Recordó que en 2016 hubo 562 asesinatos y en 2015 fueron 289 homicidios dolosos.

En cuanto a feminicidios, informó que en lo que va de 2017 se han abierto 5 carpetas de investigación, en 2016 fueron 18, en 2015 se investigaron 3 casos y en 2014 otros 3, mientras que en 2013 fueron 4 carpetas las que se iniciaron.

En total, refirió, hay 33 carpetas de investigaciones de las cuales 16 ya están judicializadas con 4 personas sentenciadas, otras 6 están en trámite y en una más el Ministerio Público determinó la abstención de la investigación. Agregó que hay por lo menos otros 8 casos que comenzaron a investigarse como homicidio, pero que “posiblemente sean clasificados como feminicidio”.

El Centro de Justicia para Mujeres, precisó, ha atendido de septiembre del año pasado a la fecha 607 denuncias, 341 de ellas están en trámite y 42 han sido judicializadas, además de que se han dictado 333 medidas de protección.

En lo que va de 2017, el procurador señaló también que ha habido 18 secuestros, en 2016 fueron 47 y en 2015 hubo 27 casos.

El procurador concluyó una de sus intervenciones asegurando que “sin duda los retos son mayores que los logros, pero nunca más grandes que la voluntad de servir a la sociedad. Quizá enfrentemos críticas, pero hay que hacerlo con profesionalismo y salir avante como instituciones y como Estado”.

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