El nuevo PRI de Enrique Peña Nieto ha demostrado ser exactamente igual que el de toda la vida, las nuevas caras, las que hace pocos años presumió, son los principales referentes a nivel mundial de la corrupción, impunidad, opacidad, tráfico de influencias, abuso de poder, autoritarismo, violencia e inseguridad que permea en los gobiernos estatales provenientes de ese partido político, ejemplo claro es el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
Los cuadros nuevos del PRI, particularmente los que recientemente gobernaron los estados de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo y Zacatecas, son característicos de las más perversas acciones en favor de beneficios clientelares y personales, fundamentalmente económicos, unos saquearon de forma desmedida las arcas públicas de las entidades que representaron, mientras que otros presuntamente se involucraron y coludieron con células del crimen organizado en México y Estados Unidos.
Tales administraciones se definieron por no aportar a la construcción de ciudadanía, existen indicios que utilizaron recursos públicos para la compra y coacción del voto para procesos electorales, principalmente de 2012 y 2015, lo cual puede ligarse al triunfo del PRI en ambas temporalidades, ello significa que actuaron en favor de que Peña Nieto llegara a la Presidencia de la República, y a que en el Congreso de la Unión sus bancadas se convirtieran en mayoría, acción que desencadenó la aprobación de las mal llamadas reformas estructurales.
El caso Javier Duarte es indudablemente uno de los más significativos para la historia y los precedentes comprobables de la corrupción y opacidad de los funcionarios públicos emanados del PRI en México, durante su periodo como gobernador en Veracruz la deuda pública de esa entidad supera los 45 mil millones de pesos, sin embargo el monto que públicamente reconoció es de 35 mil millones; asimismo, los veracruzanos fueron víctimas de pésimos servicios públicos, particularmente los de salud y educación fueron los peores.
Existen más delitos que se imputan a Javier Duarte, su relación con 34 empresas fantasmas; más de 3 mil millones de pesos en contratos a prestadores de servicios; más de 30 funcionarios y familiares involucrados en sus negocios; sin dejar de lado que huyó cobardemente del país para evadir esos actos ilícitos, mismos que supuestamente enfrentaría, pues aseguró ser inocente, lo declaró en octubre de 2016 en cadena nacional al anunciar que dejaría el gobierno de Veracruz para atender y defenderse de las denuncias en su contra.
En 2016, descaradamente declaró a la Auditoría Superior de la Federación (ASE), con la finalidad de justificar la deuda que: “Todo provenía de una coyuntura política”; misma que relacionó con el proceso electoral que ese año se realizaba y en la que habría de elegirse al nuevo gobernador de Veracruz.
La trayectoria política del exgobernador de Veracruz es una de las claves fundamentales para conocer su formación, con ello corroborar que la corrupción e ilegalidad fueron fundamentales para su desempeño en la función pública. Desde muy joven fue uno de los personajes más cercanos al también exmandatario veracruzano, Fidel Herrera Beltrán, quien igual cuenta con acusaciones en su contra, sobre acciones ilegales en materia de salud, durante su mandato en el estado.
Javier Duarte fue promotor del voto en favor de Herrera durante la campaña electoral en la que buscaba ser diputado federal representando al distrito de Boca del Río; luego fungió como su secretario particular cuando fue senador de la República; después se desempeñó como Secretario de Finanzas del gobernador Fidel Herrera en Veracruz, este último cargo fue el que le permitió ser candidato al gobierno de ese estado por el PRI, elección que ganó y significó la continuidad de la corrupción del sexenio anterior, por lo que ésta se prolongó a 12 años.
Lo anterior es una clara muestra que Javier Durarte llegó a ser gobernador de Veracruz gracias a Fidel Herrera, su padrino político; asimismo a la cercanía que consolidó con la dirigencia nacional del PRI, al igual que con el entonces gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto.
Las acciones que continuaron luego de la fuga de Duarte son de conocimiento público, su captura ha generado una efervescencia y remembranza de todos los delitos que se le acusan. Fuentes de información nos han hecho recordar la relación de amistad y cercanía que tenía con Peña Nieto, lo cual origina una serie de suspicacias e hipótesis sobre su hallazgo en Guatemala, mismas que apuntan posibles negociaciones para su detención, donde posiblemente la finalidad es favorecer al PRI en el proceso electoral del Estado de México, suposiciones que pueden ser acertadas.
Considero necesario hacer un análisis con objetividad para identificar las circunstancias que influyeron para que apenas días atrás se haya dado con el paradero de Javier Duarte, teniendo en cuenta el contexto y entorno político actual, puntualizo que en el proceso electoral de 2016 el PRI resultó derrotado, perdió las gubernaturas de Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo, acción que demostró el hartazgo social y acumulado contra las malversaciones de los priístas.
Existen otros procesos judiciales contra demás exgobernadores del PRI, César Duarte Jáquez de Chihuahua, tiene una orden de aprehensión por peculado, actualmente está prófugo; a Roberto Borge de Quintana Roo, se le acusa de haber rematado terrenos de reserva territorial entre sus amigos y familiares, en 2013 y 2014; Miguel Alonso Reyes de Zacatecas, es acusado por desvío de recursos públicos; mientras que a Rodrigo Medina de la Cruz de Nuevo León, de forma incrédula fue exonerado de los delitos de peculado, ejercicio indebido de funciones y daños patrimoniales.
En Tamaulipas se presentan casos similares pero con diversos exmandatarios, Tomás Yarrington Ruvalcaba es acusado por vínculos con el narcotráfico en México y Estados Unidos, luego de 13 años de estar prófugo de la justicia ha sido capturado recientemente en Italia; Eugenio Hernández Flores tienen orden de arresto en Estados Unidos por lavado de dinero; finalmente, otro caso que llama la atención y debe ser objeto de investigación por las autoridades correspondientes, es el de Egidio Torre Cantú ya que luego de haber terminado su periodo se dio a conocer que es propietario de una mansión con un valor mayor a 340 millones de pesos.
Lo anterior demuestra que el nuevo PRI, ése que presumió Enrique Peña Nieto, y que ahora desconoce, es una generación política igual que todas las de ese partido, corrupta y empobrecedora, en la que prevalece la delincuencia y violaciones a los derechos humanos, sobre todo que sólo buscan beneficios personales mediante su permanencia y control del poder, sin generar bienestar y desarrollo en la población mexicana. ■
*Secretario de Organización del Comité
Ejecutivo Nacional del Partido de
la Revolución Democrática (PRD)
